A 19 años de Cromañón: qué pasó con el boliche donde murieron 194 personas
El objetivo de sobrevivientes y familiares de víctimas es crear en el lugar una muestra permanente que dé cuenta de todo lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004
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Tras la Tragedia de Cromañón, el boliche ubicado en el barrio porteño de Once no volvió a abrir sus puertas. Hace un año se aprobó una ley que expropia el local y que busca convertirlo en un espacio para la memoria. Alberto Fernández impulsó su reglamentación durante sus últimos días como Presidente de la Nación.
De esta forma, quedó definido el destino del local, donde el 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas y más de 1500 sufrieron heridas luego de que se produjera un incendio durante un recital del grupo de rock nacional Callejeros. El fuego, originado por una bengala que incendió parte del techo, dio comienzo a la mayor tragedia no natural de la historia argentina.
Pero el fuego no fue el único culpable: en el local había 3500 personas, muy por encima del máximo de 1031 habilitado por el Gobierno porteño, que había concedido la licencia en base a planos que no coincidían con la arquitectura del lugar. El croquis marcaba una puerta donde había una pared, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios y tampoco había plano de evacuación.
Por eso, el juicio posterior determinó responsabilidades en varios ámbitos: el dueño de Cromañón, Omar Chabán, fue condenado a diez años y nueve meses; también recibieron penas los miembros de Callejeros: siete años para el cantante Patricio Santos Fontanet, seis para el baterista Eduardo Arturo Vázquez, y cinco años para los restantes músicos de la banda. El escenógrafo del grupo, Horacio Cardell fue sentenciado a seis años de prisión, mientras que el colaborador de Chabán -Raúl Villarreal- recibió una pena de seis años, todos ellos por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.
Las condenas también alcanzaron a funcionarios policiales y políticos del gobierno porteño: el subcomisario Carlos Díaz recibió ocho años de prisión e inhabilitación especial por los delitos de incendio culposo, seguido de muerte y cohecho. La exsubsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y el exdirector general de Fiscalización y Control Gustavo Torres recibieron cuatro años. Por último, la exdirectora general adjunta de la misma dirección, Ana María Fernández, recibió tres años y seis meses de prisión por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte.
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