La guerra comercial contra las gigantes del e-commerce, Shein y Temu, se traslada al mercado local con una estrategia de alto impacto: descuentos de hasta el 70% y financiación en 6 cuotas sin interés. Firmas argentinas como Macowens, Equus y Zara salieron al ruedo con promociones agresivas, buscando reconquistar al consumidor que migra cada vez más hacia las plataformas internacionales.La movida responde tanto a la necesidad de renovar stock por el cambio de temporada como a la urgencia de frenar la penetración de la ropa importada vía online.En el caso de Macowens, su tienda digital ofrece chalecos, sweaters y camisas de viyela desde $29.900, camperas a $45.900 y remeras por $19.900. Por su parte, Equus superó las rebajas anunciadas días atrás y ahora liquida camperas Lyon Marino a $106.244 y modelos inflados Siena a $77.241.Zara, en tanto, en el marco de su 50° aniversario, apostó por una campaña de alto perfil con 50 modelos internacionales y rebajas significativas: camisetas a $15.999, sudaderas a $29.999 y su línea Bright Ros a $49.999.El segmento más competitivo continúa siendo el de prendas básicas como jeans, remeras y vestidos casuales, elegidos por su funcionalidad y permanencia en el guardarropas argentino.<h3 style="margin-left:0px;">Shein, temu y las marcas de diseño nacional</h3>Según la Fundación ProTejer, las importaciones de ropa y textiles del hogar marcaron cifras récord durante el primer trimestre del año, con aumentos interanuales del 86% y 109% en volumen respectivamente, lo que explica parte de esta reacción local.En este contexto, también se revalorizan las marcas de diseño nacional, como Kostüme, Pólvora y Adrián Brown, y propuestas inclusivas como Noctámbula o Limay Denim, mientras algunas históricas como Vitamina y Uma han cerrado tiendas físicas, y otras extranjeras —como Louis Vuitton, Ralph Lauren o Calvin Klein— redujeron o cesaron operaciones en el país.Además, marcas de ropa deportiva y urbana como Billabong o Quiksilver, cesaron debido a problemas financieros de la empresa matriz.

Guerra comercial: ante el “boom” de Shein y Temu, las marchas argentinas de ropa aplican promos

Carlos Alonso, jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, expresó su preocupación por el veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.790, que declaraba la emergencia en la ciudad tras las graves inundaciones del 7 de marzo.Alonso, dirigente fundador del espacio en su distrito, calificó la medida como “inconsulta” y sostuvo que fue tomada sin información completa sobre el estado de situación de Bahía Blanca.“La decisión se tomó desde Buenos Aires sin haber venido a ver lo que realmente está pasando”, afirmó en una entrevista radial. Y agregó: “Ni siquiera nos consultaron a nosotros, que somos representantes del propio espacio”.Alonso remarcó que la destrucción del canal Maldonado -clave para el drenaje del 70% del agua en la ciudad- genera riesgo habitacional: “Si llueve fuerte de nuevo, hay casas que podrían colapsar”.Aunque subrayó que apoya casi todas las políticas del gobierno nacional, diferenció este caso como un llamado de atención humanitario. “Soy liberal desde la primera hora. Pero esto no es una crítica a la gestión, es una advertencia necesaria sobre una emergencia real”, sostuvo.Alonso también denunció que recibió amenazas y presiones para renunciar por haber manifestado su desacuerdo con el veto: “Me han pedido que me vaya del espacio, simplemente por pedir ayuda para mi ciudad. Esto contradice el espíritu de libertad que promovemos”.Finalmente, reafirmó su compromiso como concejal: “Tengo un deber con los ciudadanos, no voy a actuar con obsecuencia. Espero que el presidente recapacite cuando conozca verdaderamente la situación de Bahía Blanca. No pedimos limosna, pedimos que se devuelva parte de lo que la ciudad aporta con sus impuestos”.

Un concejal libertario de Bahía Blanca rechazó el veto de Milei a la emergencia y luego fue amenazado

El cuerpo de una mujer de 50 años fue encontrado durante la madrugada de este viernes debajo de una montaña de basura de casi tres metros, en el Ecopunto Municipal de la Ruta 6 de la localidad bonaerense de Cañuelas. El caso generó conmoción en la comunidad ya que en el lugar se montó un operativo de búsqueda que duró unas siete horas.La víctima, Patricia Florencia González, trabajaba como recicladora y, según pudo reconstruirse, habría sufrido un accidente de laboral antes de terminar su turno del jueves. En tanto, un hombre quedó imputado.Patricia había sido vista por última vez cerca de las 15 del jueves, cuando recogía plásticos y otros materiales cerca de una pala mecánica que apilaba la basura que iba llegando al lugar en camiones. En un primer momento sus compañeros habían pensado que se había retirado o que había ido al baño, pero al perder contacto con ella, se preocuparon y comenzó la búsqueda. Luego de siete horas, personal de Defensa Civil y bomberos de las dotaciones de Cañuelas, Marcos Paz, Pilar y Hurlingham equipados con perros rastreadores, encontraron su cuerpo.En tanto, el operador de la pala mecánica que trabajaba cerca del lugar cuando la víctima realizaba sus tareas quedó imputado por homicidio culposo. Las primeras investigaciones sugieren que se trató de un accidente provocado por negligencia y la falta de normas de seguridad en el predio.Según informó el portal <a href="https://canuelasaldia.com.ar/nota/12952/muerte-en-el-ecopunto-comunicado-municipal/">Cañuelas al Día,</a> el Municipio emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Patricia González. “Ofrecemos a su familia y amigos nuestras condolencias en este doloroso momento. En el día de la fecha la intendenta Marisa Fassi decretó un Duelo Comunitario. Nos encontramos a disposición de la familia, y a la espera de los resultados de la investigación realizada por la Justicia a los fines de esclarecer lo ocurrido. Únicamente consideramos oportuno dejar aclarado que al momento del hecho se realizaban en el predio tareas habituales de transferencia de residuos a cargo de ACUMAR por medio de una empresa tercerizada”, indicó el texto.El caso es investigado por la fiscal Norma Pippo, de la UFI Nº. 2 de Cañuelas.

Cañuelas: una recicladora fue encontrada muerta debajo de una montaña de basura

Los partidos que componen lo que aún se llama Unión por la Patria se reunieron hoy convocados por el PJ y conversaron en un marco de “buen clima” de convivencia, una señal de acercamiento en el marco de la tensión entre el cristinismo y el kicillofismo por la confección de las listas para esta elección.“Llegamos a un entendimiento en que Cristina es inocente y debe estar libre”, dijo a DIB uno de los cristinistas que participó del encuentro, que fue convocado por Máximo Kirchner y tuvo la presencia de un solo kicillofista, pero de “paladar negro”: el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Reunión del PJ: Señales de distención de cara a la unidad, pero sin resultados concretos

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, expresó su rechazo al veto presidencial de la Ley 27.790, que establece un programa de asistencia integral para la ciudad de Bahía Blanca y su región, tras el trágico temporal de diciembre pasado.“El veto a la ley 27.790 es un error en términos jurídicos y políticos. Pero principalmente es un paso en falso frente a una sociedad que exige respuestas eficientes y soluciones de fondo”, señaló Abad, al intervenir durante la sesión informativa del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.La ley vetada había sido aprobada por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en Diputados, y planteaba una respuesta estructural a las consecuencias del temporal. “La ley tiene un alcance más amplio que el decreto 238 del Ejecutivo. No se limita a las urgencias, sino que aborda cuestiones estructurales. Busca recuperar la infraestructura dañada, apoyar a las pymes y emprendedores, y reactivar el circuito productivo local”, remarcó el legislador.Abad recordó la magnitud del desastre climático y la necesidad de dar respuestas concretas: “Estamos hablando de una situación catastrófica, que provocó muertes y daños materiales enormes. La ciudad debe encarar una etapa de reconstrucción y readaptación que la prepare mejor frente a futuros temporales”.Además, subrayó que, si bien es clave reparar las viviendas afectadas, la respuesta debe ser más amplia y con una visión de largo plazo: “La reparación de las viviendas particulares es imprescindible, pero no alcanza. La ley que aprobamos institucionaliza la ayuda, les da esperanza a los vecinos y un horizonte a quienes producen, invierten y generan empleo en Bahía Blanca y las zonas cercanas”.En su intervención, Abad también interpeló al Poder Ejecutivo por su responsabilidad institucional: “Ministro, la responsabilidad que tienen frente a los argentinos no se agota en el plano fiscal. Deben hacerse cargo de la responsabilidad constitucional de respetar la división de poderes y de promover un federalismo cooperativo entre la Nación, las provincias y los municipios, especialmente cuando se trata de responder a situaciones de emergencia”.Finalmente, reafirmó su compromiso con Bahía Blanca y con la institucionalidad democrática: “Estoy convencido de que este Congreso sostendrá la ley 27.790 para ayudar a que Bahía Blanca se ponga de pie y salga adelante. Pondré todo de mí para lograrlo. Mi compromiso es doble: con la Provincia de Buenos Aires que represento y con la institucionalidad democrática, que considero esencial para vivir en paz y desarrollarnos”.Abad también interpeló al Jefe de Gabinete sobre la ejecución del fondo especial de $200.000 millones creado para asistir a damnificados por las inundaciones: “Usted informó que se utilizaron $65.239 millones para 32.076 beneficios, y que hay 3.962 solicitudes más en trámite. Si se aprobaran todas, quedarían sin ejecutar $126.702 millones, el 63% del fondo”.Y cerró con tres preguntas directas al Ejecutivo: “¿Qué destino le dará el Gobierno Nacional a ese dinero no ejecutado? ¿No considera que sería importante concretar las obras hídricas necesarias para que la ciudad pueda resistir inundaciones? ¿No cree que habría que entregar subsidios directos a los sectores productivos más perjudicados?”.

Abad cuestionó el veto a la ley de ayuda integral para Bahía Blanca

El Gobierno nacional considera que el déficit de cuenta corriente superior a los US$ 5.000 millones que se produjo en el primer trimestre no es un problema en un contexto de crecimiento económico, al tiempo que descarta la posibilidad de avanzar con una devaluación.Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dijo que la administración libertaria “sigue atentamente” el déficit de dólares que hay en las cuentas externas, aunque al mismo tiempo descartó que se vaya a aplicar una devaluación.“Lo seguimos atentamente, pero lo vemos como el resultado de un cambio importante en la política. Primero, hay libertad de cambio y dentro de las bandas el dólar se mueve libremente”, analizó Francos en diálogo con Radio Mitre.“También es cierto que la Argentina estaba descapitalizada y una gran parte de esos dólares que salieron son para importar bienes de capital. Si tenemos una economía en crecimiento en orden de 6% comparativamente con el año anterior, claramente ese crecimiento demanda inversiones y las inversiones en bienes de capital son parte de esos dólares que han salido del país”, agregó.La explicación más técnica la había dado anteriormente el viceministro de Economía, José Luis Daza en un seminario ante banqueros y financistas, cuando indicó que no le “preocupa el déficit de cuenta corriente” porque es un fenómeno “absolutamente esperable y razonable” en el contexto de crecimiento del país.Según Daza, un déficit de “2% 1 y medio 2% en un contexto de un país que crece al 6% es algo absolutamente esperable es algo absolutamente razonable”.En ese sentido dijo que contrasta con otros países de la región que, “creciendo al 2% tienen déficits del 2% y medio 3%”, mientras que Argentina, “creciendo al 6%, un déficit de cuenta corriente del 2% es absolutamente esperable”.Sobre la posibilidad de una devaluación, Francos enfatizó que “hay varios sectores de la economía que esperarían una acción del Gobierno para devaluar el peso, pero eso no va a pasar”.Y agregó: “Como explicó el ministro de Economía, el libre cambio rige dentro de las bandas y se ha dicho cuándo el Gobierno va a intervenir: en el piso o en el techo. Por más de que haya sectores interesados, si existiera una devaluación volveríamos a la historia de siempre: se emitirían pesos y se terminaría otra vez en la cadena inflacionaria. El Gobierno no va a proceder de esa manera”.

El Gobierno rechaza devaluar y dice que no es un problema el déficit de cuenta corriente

Luego de que se confirmara que la inflación en mayo registró un alza de 1,5%, el Gobierno nacional oficializó el aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, cuyas cifras se encuentran atadas a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el IndecLa medida fue formalizada por la Resolución 251/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicada en el Boletín Oficial, e incluye una suba del 1,5% de acuerdo con el esquema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/2024, que vincula la evolución de las prestaciones con la variación del IPC. Además se confirmó que el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000, se mantendrá vigente durante todo el mes.Los nuevos topes fijados por Anses alcanzan tanto a las jubilaciones como a las pensiones contributivas, la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La resolución también actualiza las bases imponibles mínima y máxima utilizadas para calcular los aportes y contribuciones del sistema, en línea con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 24.241 y sus modificatorias.En el caso de las jubilaciones y pensiones, las autoridades establecieron que el mínimo a percibir pasará de $304.723,73 a $309.298,16. Asimismo, fijaron el máximo en $2.081.261,17. Ambas cifras cuentan con los ajustes mensuales que se registraron desde abril, cuando comenzó a regir la nueva fórmula de movilidad.La PBU ascenderá a $141.488,25 y la PUAM quedará en $247.435,83. En cuanto a las bases imponibles, se estableció una mínima de $104.170,43 y una máxima de $3.385.490,05, aplicables al período devengado julio de 2025.Desde julio de 2024, los haberes del sistema se actualizan mensualmente según la inflación, luego de que el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 modificara el artículo 32 de la Ley 24.241. Ese cambio reemplazó el esquema anterior de actualización trimestral por uno mensual automático.Además de definir los nuevos montos, la resolución establece criterios de actualización para quienes se incorporen al sistema. En el caso de quienes se jubilen o inicien el cobro de una prestación a partir del 1° de julio -ya sea porque cesan en la actividad luego del 30 de junio o porque solicitan el beneficio a partir de ese mes-, las remuneraciones previas utilizadas para calcular el haber inicial se actualizarán según los coeficientes vigentes establecidos en la normativa previsional.Cuánto cobra un jubilado en julio con el bonoJubilación mínima: $309.294,80 + bono de $70.000= $379.294,80 Jubilación máxima: $2.081.261,16 Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $247.435,84 +bono de $70.000= $317.435,84 Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $216.506,35 + bono de $70.000= $286.506,35

Anses oficializó la suba de jubilaciones, pensiones y asignaciones para julio

Pese a la presión del campo, el Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la continuidad de las retenciones reducidas para la cebada y el trigo. Y, por ahora, regresan a su nivel anterior las alícuotas para soja, maíz, girasol y sorgo.Fue a través del decreto 439/2025 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.Según la normativa, se postergaron hasta el 31 de marzo de 2026 las alícuotas del 9,5% que tienen el trigo y la cebada, decisión que ya había adelantado Caputo hace más de un mes.“Deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de hasta treinta días hábiles de efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE)”, ya sea por cobros de exportaciones, anticipos de liquidación y/o supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación externa”, aclara el decreto.“Vencido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, o de no cumplimentarse lo allí previsto, deberá tributarse la alícuota del derecho de exportación que corresponda a la posición arancelaria de que se trate, vigente el día anterior al de la entrada en vigor del Decreto N° 38/25”, agregó.Sin embargo, el decreto no aclara lo que puede pasar con el resto de los cultivos, por lo que si no sale un nuevo decreto este lunes, la alícuota de la soja subirá del 26 al 33%, la del maíz y el sorgo, del 9,5 al 12%. Mientras que la del girasol volverá al 7% tras tener una alícuota del 5,5%.“Como resultado del desempeño de las medidas adoptadas, es necesario prorrogar el mencionado plazo únicamente para los productos listados en el Anexo a la presente medida, con el objetivo de seguir garantizando la eficacia en su exportación”, explicó el Gobierno en la normativa.En los últimos días se aceleraron las anotaciones de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por parte de los exportadores ante la inminente suba de las retenciones.Desde que se implementó la rebaja temporal de las retenciones, el 27 de enero, se anotaron en total 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja; 17,9 millones de toneladas de maíz; 6,5 millones de toneladas de poroto de soja y 3,8 millones de toneladas de aceite de soja. Así, en los últimos 15 días ingresaron unos US$ 5.000 millones aproximadamente.Cabe recordar que por el regreso de las alícuotas previas, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA) -a través del Distrito 4- y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), entre otras entidades, manifestaron su rechazo y alertaron sobre las consecuencias económicas que puede tener la restitución del esquema anterior.

El Gobierno sube las retenciones a la soja y el maíz

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo un accidentado paso por el Senado, donde concurrió a dar su segundo informe de gestión: luego de defender el veto a la ley de emergencia que disponía ayudas para los inundados de Bahía Blanca se retiró intempestivamente del recinto, ofuscado porque una legisladora kirchnerista de Santa Cruz lo llamó, en reiteradas ocasiones, “mentiroso”.Francos realizó una encendida defensa de la perfomance de la economía argentina bajo la gestión de Javier Milei, al tiempo que advirtió a los senadores que vetará cualquier intento de aumentar por ley los haberes de los jubilados porque entiende que, justamente, esa medida, cuyo costo estimó en 0,8% del PBI, pondría en riesgo el plan que lleva adelante Luis Caputo, el ministro de Economía.Pero enseguida surgieron los temas ríspidos: uno de ellos, el veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca, que Milei ejerció esta semana y generó polémica. Francos volvió a defenderlo, al señalar que la asistencia ya dispuso fondos (otros 200.000 millones, aunque en la ciudad hay quejas porque no habría llegado) y que no le corresponde ocuparse de la asistencia y la reconstrucción, por las que apuntó al municipio y la provincia.“La Nación está en tercer plano, no es una responsabilidad directa de la Nación. Por supuesto que estamos dispuestos a colaborar, pero no con la asignación de un fondo que no podemos financiar”, dijo Francos, que en este punto volvió a ratificar la prioridad fiscal del gobierno.“Es un error en términos políticos y jurídicos. Es un paso en falso. Esa ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y por una mayoría abrumadora en Diputados y tiene un alcance mucho más amplio que el decreto presidencial 238 (que destina un fondo de $200.000 millones a Bahía Blanca) porque no se limita a la urgencia, sino a cuestiones estructurales, como reparar la infraestructura dañada, ayudar a las PyME y reanimar el circuito económico de la ciudad”, cuestionó el senador Maximiliano Abad, de la UCR.El jefe de Gabinete enfrentó además cuestionamientos por el estado de las rutas nacionales, cuyo presupuesto está subejecutado por decisión del gobierno nacional para preservar el equilibrio fiscal. En su exposición inicial, Francos señaló que hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas por el Gobierno, por las cuales ya se lleva devengados más de $100 mil millones. Si bien admitió que las obras de infraestructura están “en muy mal estado”, señaló que “va a llevar tiempo” solucionar el problema.El jefe de Gabinete también se refirió al conflicto salarial que llevan adelante los residentes del hospital Garrahan, que hoy realizan un paro de actividades. Al respecto dijo que la protesta “tiene dos caras” al deslizar que estaría motorizado por los gremios del sector, perjudicados por el control de la asistencia del personal al hospital y por haber sido desplazados de dos licitaciones claves.El pico de tensión de la jornada se produjo cuando el jefe de Gabinete ya llevaba cuatro horas de exposición a raíz de que la diputada fueguina Cristina López lo llamó “mentiroso” en reiteradas ocasiones. &nbsp;“La verdad que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei Tierra del Fuego es sólo un punto en mapa para negociar con potencias extranjeras“, le dijo López.El funcionario le pidió a Bartolomé Esteban Abdala, presidente provisorio del Cuerpo, que la senadora de Unidad Ciudadana retractara sus dichos. La misma no lo hizo, reiteró en que el Poder Ejecutivo falta a la verdad. Es en ese momento que Francos no lo dudó: tomó sus cosas y se retiró del recinto sin decir nada, mientras la legisladora subía el tono.José Mayans, presidente del bloque Frente Nacional y Popular, volteó para ver a su par y le pidió todos los colegas que frenaran sus acusaciones. “Aflojen un poco, si quieren hablar todos”, fueron las palabras del legislador, mientras otros presentes le pedían a López que dejara de hablar.Bartolomé Esteban Abdala, presidente provisorio del Cuerpo, se dirigió a la senadora en cuestión y le dijo que le había faltado el respeto al jefe de Gabinete. Por lo tanto, que se iría a un cuarto intermedio. “¡Ay, pobrecito!”, exclamó ella con un tono irónico.Del entorno del funcionario aseguraron que Francos es “un hombre muy correcto, que jamás insultó a nadie ni lo llamó mentiroso“, por lo que no le gustan estas formas de trabajo. Lo escoltaron hacia su vehículo, y salió del Palacio Legislativo por la calle Combate de Los Pozos.Posterior a ello, el Cuerpo votó para que se finalice la sesión informativa el próximo miércoles 2 de julio a las 11 y resta notificar al jefe de Gabinete. Lo que se busca es terminar de responder a las dudas de los senadores, pero no existe una obligación para que regrese debido a que el informe de gestión ya lo presentó. “Lo correcto sería que la senadora presente sus disculpas“, manifestaron.

Francos defendió el veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca

El tribunal oral que ejecuta la condena contra Cristina Kirchner afirmó que es “impertinente” el escrito de los senadores y diputados de Unión por la Patria en el que le informan a la Justicia que irán a visitar a la expresidenta a su departamento sin autorización judicial.Señaló que los legisladores -que ayer le enviaron una nota al tribunal advirtiéndole que iban a acudir a San José 1111 sin aviso y sin permiso- deben tramitar la autorización a través de los abogados defensores de la expresidenta Alberto Beraldi y Ary Llernovoy.El tribunal recordó en su resolución que ya había establecido reglas de conducta y advirtió que las personas que no están incluidas en la lista de visitantes autorizados deben pedir permiso en cada caso. Además, tienen que justificar el motivo de la reunión con Cristina Kirchner.Así, los jueces respondieron al desafío que lanzaron ayer legisladores de Unión por la Patria cuando dijeron que sus fueros y su representación popular les dan atributos especiales para visitar a la expresidenta sin permiso.El abogado Beraldi le planteó al tribunal que le explique cuál es el “criterio normativo” para autorizar o no la visita de los legisladores en caso de que las realicen. Y señaló que como “gozan de fueros e inmunidades parlamentarias”, los legisladores “no pueden ser limitados o restringidos por resoluciones judiciales”.La defensa preguntó si debían hacer pedidos individuales por cada una de las visitas que se soliciten y planteó que se habilite un canal de asuntos de urgente tratamiento que no requieran demoras.Los jueces dijeron que el pedido de Beraldi, más allá de como lo llame, es una “aclaratoria” y, por lo tanto, es “improcedente” pues están vencidos los plazos para presentarla.“Se advierte que los solicitantes pretenden que se establezca y adelante un criterio judicial sobre circunstancias futuras, extremo que resulta manifiestamente impertinente al exigir, en alguna medida, que el tribunal se expida en abstracto sobre cuestiones cuyos pormenores de momento desconoce”, señalaron los magistrados.No sin cierta ironía, dijeron: “Por más repetitivo que parezca, ya en la resolución del 17 de junio pasado se estableció como pauta de conducta que la parte debía informar una nómina de personas que podrían acceder al domicilio donde Fernández de Kirchner donde cumple su pena de prisión”.Estas personas no requieren permiso pero debe “requerirse y motivarse” el acceso de cualquier otra persona que no esté en esa lista.“A la luz de esa disposición, de hacerse lugar a esta última petición de la parte, se acabaría neutralizando la esencia de la regla impuesta que, precisamente, prevé el estudio de cada caso en particular que se encuentre por fuera del listado de personas autorizadas sin restricción alguna (según criterio de la interesada)“, señalaron.Indicaron además que cuando los abogados presenten una solicitud de permiso “en la forma de estilo y habitual, serán atendidas con la diligencia que cada caso amerite”.Por eso, los escritos de los diputados y senadores de Unión por la Patria se los mandaron a Beraldi y a Llernovoy, para que en todo caso, ellos hagan la solicitud de visita de cada legislador.Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fijó una audiencia para el 7 de julio próximo para definir si mantiene el actual régimen de visitas o si lo amplía, como solicitó la expresidenta.Los únicos habilitados a ingresar sin permiso son hoy los integrantes de la familia de la expresidenta, sus abogados y los médicos.

Rechazaron el escrito de los legisladores K que plantea visitar a Cristina sin permiso

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves que se realice un juicio en ausencia en la causa por el atentado a la AMIA contra los diez acusados, ex funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah, quienes permanecen prófugos desde hace décadas.El magistrado aceptó el pedido del titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, para que a los acusados -iraníes y libaneses que están prófugos de la Justicia argentina desde 2006-, se les aplique el juicio en ausencia, que fue aprobado este año por el Congreso de la Nación.El fallo establece que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años, están plenamente informados de su situación procesal y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición. De hecho, tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero nunca fueron detenidos.Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Estas personas son los presuntos responsables del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del Gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.El proceso que se llevará adelante será un juicio oral y público normal, pero sin imputados y sin declaración indagatoria. Sí tendrá testigos, planteos de defensores, alegatos finales y veredicto.Según la investigación, el atentado habría sido organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en Argentina y en la Triple Frontera.El fallo de Rafecas rechazó todas objeciones de la defensa oficial de los acusados, que ahora podrá apelar lo resuelto ante la Cámara Federal porteña.En su fallo, de 148 páginas, Rafecas consideró que “el juicio en ausencia, por más limitado que sea, aun así, sigue siendo una herramienta que permite, al menos intentar conocer la verdad, reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, darles a quienes representan a las víctimas, un lugar para expresarse públicamente en ese proceso”.El juez afirmó: “Un juicio no garantiza certezas, pero sí abre una posibilidad. La posibilidad de que el fiscal intente probar lo que sostiene. La posibilidad de que se escuchen todas las voces. La posibilidad de que los hechos, por fin, salgan a la luz. Y a veces, eso solo ya vale la pena.”Según Rafecas, no se trata “de cerrar heridas por decreto, ni de forzar una reparación simbólica”, sino de “intentar mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar”. Además, es clave para Rafecas que todo esto se haga “públicamente”.

Rafecas ordenó hacer un juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA

Con el objetivo reducir costos operativos, simplificar trámites y mejorar el control de legalidad y trazabilidad en el proceso de desarme de vehículos, el Gobierno nacional modificó la ley 25.761 que regula el desarmado de automotores y la comercialización de autopartes usadas.A través de la publicación del decreto 428/2025, publicado en el Boletín Oficial, se introdujeron cambios clave en esa normativa, simplificando y digitalizando los trámites que se deben realizar para registrar un vehículo a desarmar.La medida, que lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispone la digitalización de los trámites para la baja y desarme de vehículos y simplifica los requisitos de registro para los desarmaderos.El decreto establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá implementar una plataforma digital para la gestión de los legajos de baja y desarme de vehículos. Hasta que la plataforma esté operativa, se mantendrá el trámite presencial en formato físico.Asimismo, redujo los requisitos a cumplimentar a la hora de documentar el ingreso y egreso de vehículos y de partes, fijando que “por cada automotor ingresado para su desarme deberán registrar: marca, modelo, número de pieza y certificado de baja y desarme”. Además, se determinó que “las piezas no aptas para su reciclaje deberán ser destruidas”.Hasta la introducción de la presente modificación, junto con los requerimientos que se mantienen, se exigían el tipo de combustible utilizado, fecha, país y establecimiento de fabricación, y destino de las autopartes extraídas con sus correspondientes números de identificación.El texto oficial señala que la exigencia de presentar documentación en papel y registrar múltiples datos para cada vehículo “han devenido obsoletas a la luz de los avances tecnológicos disponibles” y que la acumulación de requisitos “entorpece la operatoria regular de quienes integran el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas”.El Gobierno argumenta que la digitalización permitirá “un sistema de registro caracterizado por capacidades de inmediatez y mayor eficacia, centrado en los datos clave que permitan garantizar la legalidad del desarme y la identificación de las autopartes reutilizables”.El decreto sustituye el artículo 4° de la Ley 25.761. A partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, los interesados en solicitar la baja y desarme de un vehículo deberán cargar la documentación necesaria y fotografías en color del automotor en la plataforma digital que implementará la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.Al respecto, estipuló que en la misma “los interesados en solicitar dicha baja y desarme de un vehículo deberán cargar la documentación que resulte necesaria para identificar y acreditar el registro del vehículo y las fotografías en color de este que exhiban su estado al momento de su entrega”. Actualmente, el trámite se realiza de manera presencial con la obligación de entregar documentación en formato papel y una fotografía color impresa. Este formato físico seguirá vigente hasta que se implemente la plataforma digital.El decreto también modifica el artículo 10 de la ley, simplificando la información que los desarmaderos deben registrar. Ahora, por cada automotor ingresado para su desarme, solo será obligatorio consignar la marca, modelo, número de pieza y certificado de baja y desarme. Además, se establece que “las piezas no aptas para su reciclaje deberán ser destruidas”.

Cambian la Ley de Desarmaderos

La detención de una mujer por el ataque al diputado libertario José Luis Espert días atrás en su casa tuvo lugar este miércoles. Se trata de una empleada del ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires.Así lo confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en sus redes sociales.“A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes”, afirmó la funcionaria.“La militante kirchnerista Alesia Abaigar quedó detenida. Vamos por el segundo”, sentenció Bullrich.El hecho ocurrió la semana pasada, cuando 5 encapuchados en una camioneta colocaron un pasacalles en su casa con la leyenda “acá está la mier...de Espert” y le arrojaron estiércol en la puerta.“Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años”, expresó Espert en sus redes sociales. Y advirtió:“No nos van a detener con nada”.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que detuvieron a una militante kirchnerista por el ataque a José Luis Espert.El propio presidente Javier Milei se refirió a lo ocurrido.“No nos van a intimidar, el rumbo no se negocia”, remarcó.Espert suena como candidato en las elecciones de octubre, postulado por el jefe de Estado.El diputado de La Libertad Avanza quedó envuelto en una polémica semanas atrás cuando insultó a Florencia Kirchner mientras daba una charla en una universidad.El legislador llamó “hija de una gran p...” a la hija de la expresidenta y generó la inmediata reacción de los presentes.Muchos repudiaron sus dichos, lo abuchearon y lo insultaron, incluso debió retirarse escoltado del lugar. Solo unos pocos celebraron su ocurrencia.El discurso se dio en la Cumbre “Congreso BA” de Comunicación Política de la UCA. Durante su exposición, el diputado libertario recordó la vez en la que le dijo a Florencia Kirchner “Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran p...”.Ante el rechazo del público, Espert no se amedrentó. Fiel a su estilo, redobló la apuesta y calificó a la expresidenta de “chorra”.Y remató: “No sabía que estaba lleno de kukas”. (Fuente: TN).

Detuvieron a una funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense por el ataque a José Luis Espert

El Gobierno dio a conocer los resultados de la&nbsp;Evaluación General de Conocimientos y Competencias&nbsp;aplicada a empleados de la Administración Pública Nacional. Según datos oficiales, ya se tomaron 45.889 evaluaciones, de las cuales&nbsp;solo&nbsp;el 6% resultaron desaprobadas.La prueba estuvo impulsada por el&nbsp;Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que comanda Federico Sturzenegger. La medida establece que,&nbsp;para avanzar con la formalización de los vínculos laborales, los trabajadores deben aprobar este examen, que busca medir su idoneidad para el cargo.De acuerdo con la información oficial,&nbsp;43.047 evaluaciones fueron aprobadas, mientras que&nbsp;2842 no alcanzaron el puntaje mínimo requerido.Cabe destacar que cada agente tiene&nbsp;hasta tres oportunidades para rendir, por lo que las cifras se refieren a la&nbsp;cantidad total de evaluaciones&nbsp;realizadas y no a personas evaluadas.Un mapa del Estado bajo examenLos datos brindados desagregan los resultados por ministerio y organismo. En total, participaron&nbsp;más de 100 dependencias estatales&nbsp;entre ministerios, entes descentralizados, institutos nacionales, empresas públicas y organismos autónomos.Las áreas que más evaluaciones concentraron fueron:<ul><li>Ministerio de Salud: con&nbsp;12.357 evaluaciones, fue la jurisdicción con mayor volumen, y mostró un&nbsp;93,5% de aprobaciones.</li><li>Ministerio de Economía: registró&nbsp;10.504 exámenes, con una&nbsp;tasa de aprobación del 95,3%.</li><li>Ministerio de Capital Humano: con&nbsp;6094 pruebas rendidas, tuvo un&nbsp;93% de aprobados.</li><li>Jefatura de Gabinete de Ministros: sumó&nbsp;6607 evaluaciones, con&nbsp;un 94% de aprobaciones.</li><li>Ministerio de Defensa: acumuló&nbsp;2209 evaluaciones, con&nbsp;una de las tasas más bajas de aprobación (89%).</li></ul>En el otro extremo, se destacaron algunas dependencias con resultados perfectos. La&nbsp;Secretaría de Cultura&nbsp;aprobó a todos sus evaluados (22 en total), al igual que organismos como la&nbsp;Agencia de Seguridad Nuclear, el&nbsp;Banco Nacional de Datos Genéticos, y varios institutos de baja dotación.<figure class="image"><img src="https://px.cdn.lanueva.com/062025/1750872354170/sturzenegger%20234.jpg?cw=807"></figure>Entre las áreas con porcentajes más altos de desaprobación aparecen:<ol><li>Hospital Nacional ‘Profesor Alejandro Posadas’: con&nbsp;324 desaprobados sobre 3900 exámenes.</li><li>Ministerio de Defensa: 246 exámenes no aprobados.</li><li>Ministerio de Salud: 805 desaprobados en total.</li><li>Profesionalizar la función pública</li></ol>Desde el Ministerio de Desregulación señalaron que el objetivo de estas pruebas no es “recortar por recortar”, sino&nbsp;jerarquizar la función pública&nbsp;y&nbsp;reducir la discrecionalidad&nbsp;en las designaciones. “Buscamos asegurar que quienes ocupan cargos lo hagan&nbsp;por mérito y capacidad, no por vínculos políticos ni acomodos heredados”, explicaron fuentes oficiales.El examen evalúa conocimientos técnicos y competencias generales relacionadas con la gestión pública, como redacción administrativa, comprensión de textos normativos, capacidad de resolución de problemas y orientación al ciudadano.&nbsp;Si bien los contenidos se adaptan según el perfil del puesto, el enfoque es transversal.A partir de estos resultados, el Gobierno podrá avanzar con la&nbsp;formalización de contrataciones en curso&nbsp;bajo criterios objetivos. En paralelo, también se evalúan otras medidas como auditorías internas, rediseño de estructuras, y redimensionamiento de personal en función de las necesidades. (TN)

Sturzenegger ya tomó más de 45 mil exámenes de idoneidad a empleados públicos: cuántos desaprobaron

A una semana de que Cristina Fernández de Kirchner comience el cumplimiento de su prisión domiciliaria por la condena en el caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) recibió 702 correos electrónicos en la casilla institucional, enviados por diferentes personas, que solicitan visitar a la expresidenta en el departamento porteño de San José 1111 donde cumple su arresto domiciliario. Esto sucedió a partir de que el abogado Gregorio Dalbón publicó la casilla oficial de email del Tribunal que condenó a Cristina para que todo el que quiera visitar a la exmandataria envíe su pedido allí.La exmandataria fue hallada culpable en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de cárcel. Por el momento, los cumplirá en su propiedad del barrio de Monserrat.Mientras tanto, durante estos días la discusión se concentra en las reglas de comportamiento impuestas por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en la detención de CFK bajo la modalidad de un arresto domiciliario. Una de esas condiciones, que ella cumplió el lunes, era la de entregar un listado de visitantes sólo correspondientes a la familia, médicos, custodios y abogados: para ellos no habrá límite de horarios ni restricción de días para visitar a la expresidenta.Sin embargo, el abogado Carlos Beraldi reclamó que la morigeración de la pena sea sin ningún límite. Sucede que toda persona que no encuadre en las categorías determinadas por el TOF 2 deberá requerir “sin excepción” la autorización del juez Jorge Gorini, que es el responsable de ejecutar la pena.En medio de ese debate, el Tribunal le recordó a la exmandataria que tal solicitud “exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta” que se establecieron el 16 de junio.En ese sentido, se señaló que los argumentos esgrimidos no “logran conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados” por el TOF 2. Con el posterior reclamo a la instancia superior, será la Cámara Federal de Casación Pena la que tendrá la palabra final.<h3 style="margin-left:0px;">Público</h3>Mientras tanto, el abogado Gregorio Dalbón -que representa a la expresidenta en otros expedientes- en la red social X publicó la casilla oficial del Tribunal que condenó a Cristina y que administra la ejecución de la pena, para que todo el que quiera visitar a la ex mandataria, envíe su pedido allí.Así, al TOF 2 ingresaron 702 correos electrónicos de diferentes personas físicas. Todos requieren expresa autorización para concurrir e ingresar a la vivienda donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.Los magistrados no tardaron en responder y recordaron a la defensa de Cristina cuál es el habitual procedimiento para solicitar que alguien por fuera de las categorías detalladas, puedan visitarla. Según el punto Ill.C de las reglamentaciones vigentes, los pedidos de autorización deben ser exclusivamente gestionados por la parte demandante. De modo que los jueces derivaron a los doctores Beraldi y Llernovoy los correos electrónicos recibidos en Secretaría, “para que le otorguen el tratamiento que estimen pertinente”.Hasta que Casación Federal no se pronuncie sobre si pueden o no tener restricciones las visitas durante el arresto domiciliario, la ex jefa de Estado deberá recibir solo a las personas incluidas en el listado que ingresó este lunes al Tribunal. (DIB)

El tribunal del caso Vialidad recibió más de 700 pedidos por email para visitar a CFK

El Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que se celebra cada 27 de junio en todo el país. De esta manera las dependencias de la administración pública nacional no estarán cerradas, aunque sí las oficinas del estado provincial, ya que por el momento la gestión de Axel Kicillof no tomó una medida similar a la Rosada.La medida confirmada este miércoles por el vocero Manuel Adorni apunta, explicó, a equiparar las condiciones laborales entre el sector público y el privado, eliminando lo que considera un privilegio que no está disponible para la mayoría de los trabajadores del ámbito privado.“El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, señalo Adorni en su habitual conferencia de prensa. Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar la idea de eficiencia y responsabilidad dentro de la administración pública, alineándola con los estándares de productividad del resto del mercado laboral.Adorni también dijo&nbsp;“que ese día libre se financia con el aporte de cada contribuyente del país”. Y agregó: “Trabajar en el Estado implica brindar un servicio esencial que requiere esfuerzo diario y que, de forma directa o indirecta, impacta en el presente y el futuro de la Argentina”.En ese sentido, el electo legislador porteño remarcó que “la Argentina que ponía al Estado por encima del sector privado es parte del pasado” y confirmó que la medida será oficializada en las próximas horas por un decreto que se publicará en el Boletín Oficial.Más allá del anuncio, lo cierto es que el decreto que firmará el Gobierno enfrentará seguramente un disputa legal, ya que esta jornada está vinculada a la sanción de la ley 26.876, que se definió para&nbsp;conmemorar a los trabajadores estatales, que se desempeñan en los diferentes organismos que dependen de la jurisdicción nacional. Si bien&nbsp;no cuenta como un feriado oficial, en la práctica, y para cada uno de los&nbsp;empleados estatales, sí se aplica como un&nbsp;día de asueto.El&nbsp;Día del Trabajador del Estado&nbsp;fue oficializado por el&nbsp;Congreso de la Nación&nbsp;el 3 de julio de 2013. Pero más allá del carácter nacional, hay un impacto en la provincia de Buenos Aires, que adhirió a la norma a través de la Ley Nº14.600.&nbsp;Y no solo el distrito bonaerense es el que adhirió a esta normativa, sino el resto de las provincias también lo hicieron.

El Gobierno nacional eliminó el asueto por el Día del Empleado Público

El presidente Javier Milei buscará este jueves darle impulso a la campaña en la provincia de Buenos Aires, cuando cierre en La Plata un acto en el que reunirá a militantes de La Libertad Avanza (LLA) y a ministros de su Gabinete, de cara a las elecciones legislativas de este año y mientras avanza, lento, un acuerdo con el PRO.El Congreso de la Libertad Bonaerense tendrá lugar en el Salón Vonharv ubicado en Gonnet y contará con más de 1000 asistentes, entre los que destacan funcionarios, legisladores y referentes del partido. Aunque las miradas estarán puestas en el cierre, cuando hable Milei, quien al parecer repetirá la estrategia de las elecciones porteñas: mantener el protagonismo pese a que no será candidato.Además de Milei y el armador provincial, Sebastián Pareja, durante el transcurso del encuentro, que durará casi todo el día, se espera la palabra del diputado José Luis Espert; los ministros de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Economía, Luis Caputo; y el titular del Consejo Nuclear Argentino, Demian Reidel.Organizado por Pareja, presidente de LLA bonaerense, el evento, a menos de un mes del cierre de listas, buscará consolidar el armado territorial sin confirmar aún candidaturas. “Este congreso no es un acto tradicional, es un espacio de trabajo técnico, profesional y territorial”, señaló el hombre de confianza de Karina Milei. &nbsp;El objetivo será transformar los reclamos sociales en ejes de gestión, en base a los datos surgidos de una encuesta realizada a más de 20.000 bonaerenses.El evento se da en medio de las negociaciones que el oficialismo nacional está llevando adelante con el PRO para formar una alianza en este territorio y también en un contexto de crisis para el peronismo, tras la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que iba a ser la principal candidata del PJ.De hecho, el martes Pareja se reunió con los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli y con el intendente de ese mismo espacio Guillermo Montenegro, para seguir discutiendo los detalles de una alianza. Si bien no hubo grandes avances sobre el armado de listas ni porcentajes con los que se quedará el macrismo, sí la promesa de no interferir en las boletas donde los jefes comunales amarillos tienen su territorialidad. &nbsp;Sin embargo, hay un sector de dirigentes del PRO, entre ellos varios intendentes, que rechazan el acuerdo con LLA y sueñan con la opción de reeditar Juntos por el Cambio.

Milei se mete en la campaña y llega a La Plata

En el marco de una jornada legislativa marcada por tensiones políticas y negociaciones prolongadas, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este martes el nombramiento de 92 jueces, fiscales y defensores oficiales, en distintas jurisdicciones del territorio bonaerense. Entre los designados, dos ocuparán cargos en el Departamento Judicial de Necochea, lo que representa un avance significativo para el fortalecimiento de la justicia local.<h3>Los dos nombramientos en Necochea son:</h3>Dr. Daniel Oscar Surgen, designado como juez de la Cámara de Apelación en lo Penal, un rol clave para la revisión de sentencias y resoluciones de los tribunales penales de primera instancia.Dra. Andrea Marcela Valle, nombrada asesora de Incapaces, una función esencial para la representación legal de personas menores de edad o con capacidad restringida en procesos judiciales civiles y de familia.Ambos pliegos formaron parte de un paquete mayor de 202 postulaciones enviadas por el gobernador Axel Kicillof durante 2023, que comenzaron a tratarse en mayo pasado y que avanzan en tandas a medida que se alcanzan consensos legislativos.Estas designaciones buscan cubrir vacantes históricas y garantizar una mayor celeridad en la administración de justicia, en un contexto donde diversas jurisdicciones del interior de la provincia presentan demoras por falta de personal judicial.El tratamiento y la aprobación de los pliegos contaron con una amplia mayoría, reflejo de un acuerdo transversal entre distintas fuerzas políticas, y marcan un paso importante en la reestructuración del sistema judicial provincial, muchas veces cuestionado por su lentitud y su falta de recursos humanos.Además de Necochea, hubo nombramientos en departamentos judiciales clave como La Plata, Morón, Lomas de Zamora, Azul, Mercedes, Pergamino, San Nicolás y Zárate-Campana, entre otros.Desde distintos sectores del Poder Judicial se destacó que estas incorporaciones refuerzan el servicio de justicia en un contexto de alta demanda social, especialmente en fueros sensibles como familia, penal juvenil y laboral. En Necochea, los nuevos cargos llegan tras años de solicitudes formales para cubrir vacantes críticas.La sesión del Senado bonaerense también incluyó otros debates políticos de alto voltaje, pero el avance en estas designaciones fue celebrado incluso por sectores opositores como un gesto institucional necesario para normalizar el funcionamiento judicial en la Provincia.

Nacionales

Guerra comercial: ante el “boom” de Shein y Temu, las marchas argentinas de ropa aplican promos

Un concejal libertario de Bahía Blanca rechazó el veto de Milei a la emergencia y luego fue amenazado

Cañuelas: una recicladora fue encontrada muerta debajo de una montaña de basura

Reunión del PJ: Señales de distención de cara a la unidad, pero sin resultados concretos

Abad cuestionó el veto a la ley de ayuda integral para Bahía Blanca

El Gobierno rechaza devaluar y dice que no es un problema el déficit de cuenta corriente

Anses oficializó la suba de jubilaciones, pensiones y asignaciones para julio

El Gobierno sube las retenciones a la soja y el maíz

Francos defendió el veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca

Rechazaron el escrito de los legisladores K que plantea visitar a Cristina sin permiso

Rafecas ordenó hacer un juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA

Cambian la Ley de Desarmaderos

Detuvieron a una funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense por el ataque a José Luis Espert

Sturzenegger ya tomó más de 45 mil exámenes de idoneidad a empleados públicos: cuántos desaprobaron

El tribunal del caso Vialidad recibió más de 700 pedidos por email para visitar a CFK

El Gobierno nacional eliminó el asueto por el Día del Empleado Público

Milei se mete en la campaña y llega a La Plata

Nombraron 92 nuevos cargos judiciales en la Provincia: dos de ellos en Necochea

Más Leídas de Nacionales

Cañuelas: una recicladora fue encontrada muerta debajo de una montaña de basura

Anses oficializó la suba de jubilaciones, pensiones y asignaciones para julio

El Gobierno sube las retenciones a la soja y el maíz

Un concejal libertario de Bahía Blanca rechazó el veto de Milei a la emergencia y luego fue amenazado

Reunión del PJ: Señales de distención de cara a la unidad, pero sin resultados concretos

El Gobierno rechaza devaluar y dice que no es un problema el déficit de cuenta corriente