A 22 años de otro juicio por una muerte en una comisaría
En octubre de 2001 comenzaron a ser juzgados seis policías y un médico por el deceso del ajedrecista Saúl Canessa en extrañas circunstancias
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Paradojas de la Justicia: el lunes comenzó el juicio por la misteriosa muerte de Michel “Noa” Suárez en la Comisaría de Quequén. Un día antes se habían cumplido 22 años del inicio de otro juicio por un caso de similares características: el trágico deceso de Saúl Andrés Canessa.
Como en el caso de “Noa”, por la muerte de Canessa hubo policías imputados. El juicio comenzó el 22 de octubre de 2001 y, al igual que en la causa de Suárez, el debate se hizo nueve años después del incidente.
El joven Canessa, amante del ajedrez y campeón argentino de esa disciplina en 1989, murió, al igual que Suárez, tras un confuso episodio en una comisaría local.
Ocurrió en 1992, y aún hoy la familia y los amigos tienen interrogantes sobre su muerte.
Saúl, de 23 años, manejaba su moto el 20 de junio de 1992 cuando tuvo un accidente. En ese momento, lo detuvieron al encontrarlo en la calle mientras caminaba tambaleándose, de acuerdo a la Policía. Los uniformados consideraron que estaba ebrio y el calabozo fue su destino inmediato.
Varias horas después, y debido a las quejas de dolor del ajedrecista, recibió atención médica, y fue trasladado primero al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”, pero luego, por la complejidad de su cuadro, fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde murió el día 23.
Cuando ingresó al nosocomio, sin historia clínica, sin ropa y sin ningún familiar que lo acompañara, su estado era gravísimo ya que presentaba fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica.
Alarmantes similitudes
Desde un principio, Mónica Comaschi, madre del joven, sospechó que algo raro había en torno a la muerte.
Su teoría: su hijo había sido salvajemente golpeado por efectivos antes de ingresar a la comisaría. ¿Cuál fue una de las primeras luces que encendieron la alarma? Que policías le sacaron las huellas digitales al cadáver de su hijo en pleno velorio, algo que debería haberse realizado en el momento de su detención.
Comaschi, quien impulsó durante años la investigación inclusive buscando pruebas, recorrió radios y canales de TV para dar a conocer una versión diferente a la que planteaba la fuerza y que sostenía la Justicia.
De acuerdo a su relato, al joven lo detuvieron en plena calle y lo llevaron a la zona de la playa, donde fue torturado y golpeado hasta provocarle una fractura de cráneo. Fue allí cuando llegó esposado a la comisaría.
De hecho, la segunda autopsia que se realizó en 1997 detectó una lesión hemorrágica en el muslo derecho, en la rodilla izquierda y una fractura en la fosa media cerebral.
Tras la muerte del joven se hizo cargo de la causa la jueza Marta Raggio, pero la madre de Saúl nunca confió en su desempeño.
“La verdad es que la Policía mató a mi hijo”, repetía cada vez que se le acercaba un micrófono, hipótesis lejana a la que se planteaba en la causa. ¿En qué se basaba la mujer? En que el cuerpo fue inhumado sin su autorización o en testimonios de testigos que reconocieron que a su hijo le pegaron.
Recién en julio de 1996, un comisario, un subcomisario y otros oficiales de la Bonaerense junto a dos médicos fueron detenidos por su vinculación con la muerte de Canessa, imputados del delito de privación ilegal de la libertad y abandono de persona seguida de muerte.
Fue el comisario inspector Carlos López de la Delegación Judiciales de Quilmes quien a cargo de la investigación advirtió numerosas irregularidades en la instrucción y comprobó que la primera enfermera que atendió a Canessa, por ejemplo, no había sido citada a declarar.
Sin embargo, el paso del tiempo y las pruebas perdidas hicieron que los policías no fueran condenados.
En un juicio en octubre de 2001, donde seis efectivos y el médico de la Policía fueron al banquillo de los acusados, solo el profesional de la salud fue condenado a cumplir cuatro años en prisión por el abandono de persona seguida de muerte, cinco años de inhabilitación profesional y ocho años para ejercer cargos públicos. La familia, frente a esto, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.///
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