A diez años de la muerte de Nisman: “Sabían que para silenciarlo tenían que matarlo”

Desde el día que Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento ubicado en la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, denunció que el fiscal había sido asesinado. Una década después del magnicidio, la magistrada tildó de cobardes a los responsables y lamentó que ninguno de ellos “tuvo la valentía de pedirle perdón a mis hijas”.

Luego de que la causa diera un giro a principios de este año, a raíz de que el fiscal Eduardo Taiano dictaminara que el ex titular de la Fiscalía AMIA había sido asesinado por investigar el encubrimiento del gobierno kirchnerista respecto al atentado ocurrido en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, Arroyo Salgado destacó: “La verdad ya se sabe. Alberto Nisman fue víctima de un homicidio”.

A diez años de que el caso fuera arrojado al escrutinio público y abriera un debate sobre si habría sido un crimen o un supuesto suicidio, la jueza federal denunció que hubo una campaña para desprestigiar la imagen pública del padre de sus hijas, Iara y Kala, que tenían 15 y 8 años al momento de los hechos. “Lo trataron de atacar, con una falta de valentía, porque él no podía defenderse”, subrayó.

“A mí me dolió, muchos mensajes y campañas de desprestigio que hubo, porque lo que trataron de hacer con Alberto Nisman no fue más que silenciarlo y sabían que para silenciarlo tenían que matarlo“, apuntó Arroyo Salgado durante una entrevista para La Nación +. Incluso, remarcó que el trabajo que había realizado el fiscal dejó un gran legado en la historia argentina, después de haber explorado el entramado detrás del Memorándum de entendimiento con Irán que había impulsado la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

“Gracias al trabajo de Alberto Nisman, nuestro país no terminó alineado con quienes defienden el terrorismo. Su gran legado es ese", resaltó la magistrada, para luego recordar que el fiscal estaba citado al día siguiente de su muerte en el Congreso de la Nación para ratificar una denuncia contra la entonces jefa de Estado. Asimismo, recriminó que la política impartida por parte de la administración en turno apuntaban a “transformarse en gobiernos absolutistas, ensilenciar al que piensa distinto, y ensilenciar el disenso”.