Cristina rompió el silencio: «Nadie me pagó nada por firmar ningún decreto»
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La expresidenta sostuvo que estaba «obligada» a firmar el decreto por el que el empresario Gabriel Romero dijo haber pagado 600.000 dólares
La senadora nacional Cristina Kirchner rompió el silencio en torno a la investigación de los «cuadernos de la corrupción», al calificar de «escandalosa» la causa judicial y vincular sus problemas judiciales al hecho de «haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos».
En una extensa carta publicada en su web y replicada a través de sus redes sociales, la expresidenta se pronunció por primera vez sobre la causa judicial iniciada tras la aparición de ocho cuadernos escritos por el exchofer de Salvador Baratta (mano derecha de Julio De Vido), en los que se mencionan millonarios pagos de coima de empresarios hacia funcionarios de su gobierno.
Lo hizo para responder a la denuncia del empresario arrepentido Gabriel Romero (de Emepa), quien ayer aseguró que le pagó a la expresidenta 600 mil dólares por la declaración de un decreto. «A mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos», señaló.
CFK calificó de «extorsivo» el manejo de la causa por parte del juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, y tildó de «escandaloso» el manejo de la figura del arrepentido. En esa línea, aseguró que «esto cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social».
«Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación», aseguró la senadora nacional, quien es considerada por la Justicia como la jefa de una asociación que durante su gobierno cobró millones de pesos en coimas para direccionar la licitación de grandes obras públicas.
Si bien CFK dijo que el motivo de su carta era referirse a las acusaciones de Romero, realizó una fuerte autodefensa política frente a la investigación judicial. En tono irónico, la expresidenta indicó que «he decidido no hacer comentarios sobre remiseros ‘arrepentidos’ que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también arrepentidos, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio».
Sobre la denuncia de Romero, realizada ayer en el marco de su testimonio en calidad de «imputado colaborador», la expresidenta dijo que recibió la declaración con «sorpresa», y aseguró que su accionar en el mencionado decreto «se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado» por el Congreso de la Nación y los organismos que debían intervenir en el asunto.
En una extensa explicación, CFK recordó que el decreto se gestionó ante la renegociación del contrato de la empresa Hidrovía S.A. en 2007. «El principal problema que tenía dicha renegociación era que la aplicación de las normas en materia de liquidación del IVA convertía a la empresa en gran deudora de la AFIP».
Frente a esto, la empresa pidió –según el relato de la expresidenta- una condonación de la deuda, trámite para el cual debía intervenir el Congreso.
Continuando con su relato, CFK sostuvo que «dicho problema fue abordado por una ley del Congreso que interpretó específicamente una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de obras de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables».
Tras ello, se sometió a un proceso de audiencia pública que avaló la decisión, la que a su vez fue ratificada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, señaló que tras el proceso «correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113».
«En un verdadero menú de «arrepentidos» a la carta, Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar», concluyó la expresidenta, al tiempo que señaló que «sería muy interesante que indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos».
