Abad impulsa un proyecto en defensa de la soberanía argentina ante el fallo por YPF
El senador presentó un proyecto de declaración para que el Senado ratifique el artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF y rechace el fallo de la jueza de Nueva York. Acompaña la iniciativa el senador Pablo Blanco
El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de declaración en la Cámara Alta con el objetivo de fortalecer la defensa jurídica de Argentina en la causa que enfrenta en los tribunales de Estados Unidos por la expropiación de YPF.
En concreto, la iniciativa solicita que el Senado ratifique el artículo 10 de la Ley 26.741, que reguló la expropiación de la petrolera en 2012, con el fin de remarcar su carácter soberano y no exigible internacionalmente.
La propuesta surge como respuesta al fallo de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que condena al Estado argentino a transferir el 51% de sus acciones en YPF como forma de pago parcial de una sentencia por US$ 16.100 millones. El argumento de la magistrada se basa en la supuesta omisión del Estado argentino de cumplir con el procedimiento de oferta pública de adquisición (OPA), previsto en el estatuto de la empresa.
Abad fue categórico: “Ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes”. En ese sentido, sostuvo que la transferencia de las acciones de YPF solo puede realizarse con la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, como lo establece la normativa vigente.
El proyecto afirma que el cumplimiento del fallo constituiría un “grave avasallamiento a la soberanía nacional” y una violación de los principios internacionales de inmunidad soberana y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. A su vez, señala que la ley 26.741 tiene un carácter declarativo y programático, por lo que no genera obligaciones exigibles ni derechos adquiridos a terceros.
“El interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado”, argumentó Abad al presentar la iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco.
En su fundamentación, el proyecto solicita también que el Poder Ejecutivo Nacional tenga en cuenta esta interpretación normativa al momento de apelar la sentencia ante las autoridades judiciales estadounidenses. La intención es que esta posición sea utilizada como herramienta jurídica para mitigar o revertir los efectos del fallo de Preska.
Además del aspecto jurídico, el senador radical advierte sobre las consecuencias económicas e institucionales que traería aparejado el cumplimiento de la sentencia. Entre los riesgos enumera la afectación a las reservas del Banco Central, el debilitamiento del mercado financiero local, la pérdida de confianza por parte de los inversores y un aumento de las tensiones internas en el plano político.
“La causa YPF no es solo un litigio judicial: es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos”, expresó Abad. “El fallo busca condicionar esa potestad, beneficiando a intereses especulativos”.
Desde la publicación del fallo, las acciones de YPF registraron una caída de entre el 4% y el 8% tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Wall Street, lo que agrega un factor de incertidumbre a un contexto económico que busca estabilizarse mediante la baja de la inflación y el ingreso de inversiones extranjeras.
El texto remarca que el principio de inmunidad soberana -reconocido desde 1976 por la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) en Estados Unidos- impide que un Estado sea juzgado por otro sin su consentimiento. Además, recuerda que la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2625 de la ONU de 1970 también prohíben la injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
“El fallo de Preska demuestra que su interpretación y aplicación de estos principios resulta selectiva y está sujeta a los intereses de su política exterior”, advierte el proyecto.
En definitiva, Abad busca que el Congreso se pronuncie de manera clara para reafirmar su rol como único órgano con potestad sobre los bienes del Estado, y al mismo tiempo, brindar sustento legal y político a la posición argentina en los foros judiciales internacionales.
“La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro de nuestros recursos estratégicos”, concluyó el legislador.
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