Acusado de obligar a una joven a prostituirse afrontará un juicio
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El imputado es Jonathan Posse, mientras que Patricia Astesano, quien fue detenida en su momento por este mismo caso, acordó con la Fiscalía un “juicio abreviado” y eludió el debate oral
A mediados de diciembre de 2015, una joven “fue rescatada” por personal policial de un inmueble de Quequén. Familiares de la chica denunciaron en ese momento que una pareja de individuos la obligaba a prostituirse y la mantenía encerrada en la parte alta de la edificación.
Por este episodio, resultaron detenidos Patricia Astesano y Jonathan Posse, a quienes la Justicia les imputó el delito de “facilitación o promoción a la prostitución, agravada por coacción, amenazas y violencia”.
Posse estará sentado en el banquillo de los acusados a partir del próximo martes en el recinto del Tribunal Criminal Nº 1 y afrontará el juicio que tendrá como principal testimonio, lo que exprese ante los jueces y las partes intervinientes la víctima de los hechos.
Por su parte, la defensa de Astesano acordó con la Fiscalía un trámite de juicio abreviado por una pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento, aunque este convenio debe homologarlo el Juzgado Correccional de nuestra ciudad.
Podría ir presa
De dar el visto bueno el juez, Patricia Astesano que actualmente se encuentra con una medida de arresto domiciliario, se le revocaría ese beneficio y debería ser trasladada a la cárcel de Batán, en el pabellón destinado a las mujeres.
Cabe indicar que tanto Posse como Astesano son asistidos por representantes de la Defensoría Oficial, a cargo de Daniel Surgen y Marcelo Ruiz, respectivamente.
La acusación fiscal en el debate que comenzará el próximo martes a las 10, estará a cargo de Horacio Sirimarco, quien recibió el expediente judicial luego de pasar por manos de otros tres fiscales.
Durante el debate oral al que será sometido Jonathan Posse, el principal testimonio a escucharse será el de joven que habría sido obligada a prostituirse, mientras se encontraba privada de su libertad, según se informó en su momento desde la Fiscalía.
Los hechos se conocieron a mediados de diciembre de 2015 y el primer fiscal en participar en la causa fue Eduardo Núñez, quien está a cargo de la Fiscalía especializada sobre la temática de delitos contra la integridad sexual de las personas y casos conexos a la trata.
Denuncia de un familiar
Tras la denuncia radicada por un familiar de la víctima en la sede de la Seccional Segunda, de Quequén, la investigación fue impulsada por el subcomisario Martín Urrestarazu, quien en esa época cumplía funciones en la DDI local.
La policía llevó adelante un allanamiento en el domicilio de calle 521 entre 572 y 574, donde se procedió “al rescate” de una joven que, según se informó en ese momento, se hallaba privada de su libertad.
La supuesta víctima de los hechos, quedó en diciembre de 2015 bajo la responsabilidad de profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima de la Fiscalía General, quienes realizaron con ella una labor de contención.
Posteriormente, la joven continuó su vida dentro del núcleo de familiares directos, indicaron fuentes de la Justicia en aquel momento.
Esta persona fue encontrada en la parte alta de la edificación de calle 521, donde personal policial efectuó la liberación después de la denuncia presentada por un allegado de la presunta víctima.
Pruebas en la causa se ventilarán durante el debate
Del operativo en la jornada del 16 de diciembre de 2015 participaron también efectivos del Grupo de Apoyo Departamental y se prolongó por espacio de varias horas en el inmueble de dos plantas de calle 521 entre 572 y 574, de Quequén.
Además de las detenciones de Posse y Astesano, los investigadores policiales y judiciales secuestraron estupefacientes y otros objetos de interés para la causa que avanzó en su etapa de instrucción hasta llegar al debate oral que comenzará el martes venidero.
De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, los imputados del delito antes mencionado, podrían recibir un castigo de hasta 10 años de prisión y horas después de ser detenidos se negaron a declarar.
Pena en juicio abreviado
En relación al castigo para quienes hayan cometido este delito, cabe recordar que la defensa de Patricia Astesano acordó con la Fiscalía una pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento, pero ese convenio debe refrendarlo el Juzgado Correccional de nuestra ciudad.
Vale indicar que de no convalidarse el trámite de juicio abreviado, la mujer podría ser también llevada a juicio oral.
Fuentes judiciales consultadas no pudieron confirmar cómo será la composición del Tribunal Criminal Oral Nº 1, pero el triunvirato podría estar integrado por Luciana Irigoyen Testa, Mario Juliano y Mariana Giménez.
La audiencia prevista para el martes próximo tendrá la participación de varios testigos, convocados por la Fiscalía, a cargo de Horacio Sirimarco, y la Defensoría Oficial, representada por Daniel Surgen. ///
