Al borde de la cornisa
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Necochea supera en un 90 por ciento el cupo permitido de internos en las comisarías y la superpoblación de presos genera una marcada preocupación. Podríamos decir que se está, peligrosamente, al borde de la cornisa.
La realidad indica que el alojamiento de detenidos en dependencias policiales, está muy lejos de contribuir al mejoramiento de ese problema, y distrae muchos recursos humanos.
Esto convierte a los oficiales de carrera y funcionarios policiales en carceleros, en vez de estar cumpliendo con sus funciones específicas en materia de prevención del delito y en la atención de las víctimas, al momento de poder esclarecer los episodios delictivos que a diario se producen.
Las dependencias policiales son centros de atención primaria de la seguridad vecinal, pero con el real hacinamiento por la presencia de individuos con diversos procesos judiciales, se desnaturaliza la función policial.
Esencialmente, en lo vinculado a prevenir y neutralizar la violencia y el delito en la sociedad, como lo vemos a menudo con casos de robos con armas, arrebatos, ilícitos en viviendas particulares y comercios, sustracción de vehículos, entre otros.
La excesiva cantidad de detenidos por causas iniciadas en la Justicia, convierte a las comisarías en pequeñas penitenciarias barriales, en medio de centros urbanos con considerada población, como los casos de Necochea y Quequén.
La carencia de un lugar de alojamiento de presos es una deuda pendiente del gobierno provincial con esta ciudad. Hoy, hasta parece una burla a los ciudadanos lo que en algún momento expresó públicamente un ex ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal.
“Tengo una astilla clavada en mis pies, que me molesta por no cumplir todavía con la construcción de la Alcaidía”, reconoció el ex funcionario de Daniel Scioli allá por el año 2008, durante un acto oficial.
Claro, pasaron casi 12 años de esa declaración y el compromiso continúa vigente. Inclusive, hasta la maqueta que prometió el propio Casal sobre lo que sería el edificio correccional, la que sería exhibida en instalaciones del Colegio de Abogados local.
Eso nunca ocurrió tampoco.
Números que alarman
En la actualidad, entre las comisarías Primera y Segunda, se albergan a 38 presos cuando la capacidad operativa es de 18 lugares destinados a individuos que tienen problemas con la ley.
En la Comisaría Primera, la superpoblación es alarmante. Hay 22 individuos alojados y las celdas están previstas para 10, pero el problema viene desde hace tiempo, y el número se incrementa los fines de semana, cuando hay aprehendidos de manera preventiva por diferentes delitos cometidos.
Algo similar ocurre en la Comisaría Segunda de Quequén, con una capacidad para 8 reclusos y, en estos momentos, la cantidad de detenidos oscila entre 12 y 14, según consultas realizadas.
La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) cuenta con excelentes calabozos para 4 detenidos, teniendo en cuenta también la estructura más actual del edificio emplazado en calle 63, casi Diagonal San Martín.
Esos lugares de encierro están completos, con individuos con procesos judiciales en marcha y a la espera de ser llevados a juicio oral y conocer una sentencia o, de lo contrario, un fallo absolutorio.
Por su parte, hay dos celdas en la Comisaría Tercera, de la Villa Díaz Vélez, que son utilizados por aquellos condenados por la Justicia que consiguieron el beneficio de salidas transitorias o laborales.
Esas personas, luego de cumplir con sus respectivas actividades, deben regresar a la dependencia policial para pernoctar hasta el día siguiente, de acuerdo con lo dispuesto por el juez interviniente en cada caso.
Se supo que hay alrededor de 40 personas que están con ese régimen de detención tras recibir condenas de la Justicia, algunas de ellas, con arresto domiciliario y el control de la pulsera electrónica del Servicio Penitenciario bonaerense.
Mal uso y falta de recursos
A la falta de recursos y la mala utilización de la estructura judicial y policial en ciertos casos, se añade el exceso de presos en las comisarías locales y otras dependencias descentralizadas
Por ejemplo, hay un calabozo en Seccional Tercera (antes destinado a mujeres) que está en desuso y es depósito de diversos elementos, lo que marca además el desaprovechamiento que existe de los escasos recursos policiales y judiciales.
Algo similar ocurre con la Subcomisaría de Juan N. Fernández, donde no se utiliza un calabozo que un detenido de otra jurisdicción (no del Departamento Judicial de Necochea), intencionalmente, prendió fuego hace unos meses.
Esto provocó que la celda quede clausurada y las autoridades municipales tampoco han intervenido para colaborar con la Policía y la Justicia en una posible reparación edilicia.
“Días atrás, hubo una mujer aprehendida por un hecho acontecido en Quequén. Antes se trasladaba a las femeninas a Juan N. Fernández preventivamente, esta vez, la tuvimos que llevar a una cárcel del Servicio Penitenciario, a varios kilómetros de Necochea, con los gastos del personal policial y móvil que eso genera”, narró por lo bajo un funcionario de la fuerza de seguridad.
En la Estación Comunal de Lobería, hace un par de años, también se dejaron de lado los calabozos porque no se encontraban en condiciones de alojar a los privados de la libertad, según lo dispuso en su momento un juez del Tribunal Criminal.
Frente a esta coyuntura, la construcción de una alcaidía sería fundamental para descomprimir los actuales lugares de detención. Por otro lado, se debería contar con agentes penitenciarios capacitados como corresponde para el cuidado de esos reclusos.
Un dato a tener en cuenta en medio de esta realidad, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, las dependencias policiales, no alojan ni a detenidos ni tampoco a aprehendidos.
Una vez que los individuos son arrestados por casos delictivos, son trasladados de manera directa a la Alcaidía Nº 44, de Batán, hasta que se resuelva el proceso judicial.
Panorama preocupante
Las comisarías de la provincia de Buenos Aires están sobrepobladas en un 280 por ciento respecto de su capacidad real de recibir detenidos. Hay unas 130 comisarías habilitadas con 1.003 plazas, que en realidad alojan más de 4.000 presos.
Es decir: 2.700 personas más de las que regularmente podrían estar albergadas en esos calabozos, según se informó de manera extraoficial.
El propio Ministerio de Seguridad reconoció en su momento la superpoblación de presos luego de una serie de clausuras de calabozos en comisarías “por hacinamiento de detenidos y las pésimas condiciones”, en que se encontraban sus estructuras edilicias.
Necochea no escapa a esa situación y no es un dato menor, al contrario, es para ponerle atención a un panorama de honda preocupación. ////
