Al borde de la inmoralidad
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Si hay una desigualdad marcada en estos poco más de 14 meses de cuarentena, fundamentalmente por las decisiones que tomó el Gobierno nacional, es lo ocurrido entre quienes se desempeñan en la órbita del Estado y los que lo hacen en el ámbito privado.
Mientras que funcionarios, legisladores, integrantes de la Justicia, docentes y miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros, no han tenido inconvenientes para paliar la pandemia y quedarse en casa con la tranquilidad de tener sus sueldos depositados a fin de mes; cientos de empresarios, comerciantes y sus empleados, así como también cuentapropistas, se las han visto en figurillas para subsistir; y muchos han quedado en el camino.
La inequidad salta aún más a la vista en este difícil escenario de pandemia, pero no es más que la exposición brutal de un Estado gigantesco, que se viene inflando desde hace años y que ahoga el desarrollo de la Argentina, al volver cada vez más alto el gasto público. Un sistema al que debe solventar en su mayor parte ese castigado sector privado.
En la elefantiásica estructura estatal sin dudas lo que más irrita es el de los funcionarios, que junto a su creciente ejército de asesores y beneficiados se favorecen con sueldos suculentos en comparación con los ingresos de la llamada “clase trabajadora”. Un sector al que lejos de favorecer, miembros del primer grupo usan políticamente.
Dentro de este esquema que por cierto tiene un costado perverso, en los últimos días se supo de la vergonzosa decisión de Cristina Fernández y Sergio Massa, de otorgar un 40% de aumento al personal del Congreso.
Si se considera a los empleados de categorías menores es probable que el incremento salarial sea justificable, pero la inmoralidad es que quienes se precian de estar del lado de los trabajadores y los que “más sufren”, también serán favorecidos junto al resto de los senadores y diputados con esta suba en sus ya enormes sueldos. No hay que olvidar que sus dietas se regulan con cada aumento de salarios del personal legislativo.
La decisión del dúo Cristina-Massa es una verdadera cachetada al grueso de la sociedad argentina, inmersa y sufriente de uno de los momentos más críticos que le haya tocado vivir. Con miles de comerciantes fundidos y desempleados en todos los rubros de la economía.
A su vez es una palmaria muestra de lo poco que les interesa la gente. Cuando deberían tener un gesto de empatía y grandeza reduciendo los sueldos políticos, contrariamente se los aumentan. Una obscenidad, que no es de extrañar que se replique en las provincias y municipios.
En las antípodas de esta lamentable decisión el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, dispuso, previo a lo ordenado por la Vicepresidenta de la Nación, que tanto él como sus secretarios y presidentes de entes municipales no cobren sus aguinaldos.
“No se le podría pedir un nuevo esfuerzo solamente a los sectores productivos sin que el mismo no estuviera acompañado por acciones del Poder Ejecutivo municipal”, señaló el respectivo decreto firmado por Montenegro, que ya en diciembre de 2019, apenas asumió esta gestión donó el 20% del sueldo y toda la planta política municipal hizo lo propio con el 15% de su salario, situación que fue renovada en el año 2021 con la prórroga de dicho decreto.
El gesto tomado en una comuna cercana a la nuestra tiene su valía, aún más si se lo compara con lo ocurrido en el Congreso. Y bueno sería que tuviera su correlato en el municipio de Necochea.
Está claro que lo ocurrido en la vecina ciudad no resulta la salvación, y seguramente algunos intentarán tildarlo de medida populista. Sin embargo es una expresión simbólica que nos indica que no todos los funcionarios son lo mismo.
