El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jorge Alvaro, se reunió ayer con referentes de empresas y operadoras en la estación marítima para dialogar sobre el conflicto gremial planteado en las últimas semanas.

La convocatoria de Álvaro estuvo dirigida especialmente a tratar dos temas: la designación del nuevo directorio del Consorcio y también la prórroga de la concesión a la empresa Terminal Quequén para la explotación de los elevadores de la ex Junta Nacional de Granos. 

Ambos temas fueron motivaron de las medidas de fuerza de los empleados de Terminal Quequén que afectaron a toda la operatoria portuaria.

En la reunión con miembros de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios y de la Cámara de Actividades Portuarias, entre ellos algunos miembros del nuevo directorio, Alvaro dio su “punto de vista” sobre lo ocurrido en las últimas semanas.

“Hay cosas que es mejor hablar personalmente y no mediante notas”, dijo Alvaro y señaló que la reunión tenía como objetivo escuchar las opiniones de los operadores.

También explicó por qué se mantuvo en silencio durante la mayor parte del conflicto entre los gremios y la empresa Terminal Quequén, que tuvo un importante impacto en la operatoria del puerto.

Señaló que se trata de un conflicto interno y que “no ameritaba la situación que se presentó para que yo me subiera a un ring. Prefiero callarme antes que salir a dar espectáculos”.

“Mordiéndose la lengua”

“Me he estado mordiendo la lengua en los últimos 15 días para no salir a decir todo lo que yo pensaba”, opinó el funcionario.

Y remarcó que “el Ministerio de Trabajo dio a conocer una disposición donde dice que no hay conflicto”. 

Consideró que no era razonable “invocar angustia, ansiedad, cuestiones que son completamente subjetivas, frente algo que está documentado, como es el acta que el directorio ratificó y se firmó”. 

“No hay razonabilidad ninguna para poner en tela de juicio el acta que en su momento firmó el Consorcio mediante la cual no sólo se le garantiza al sindicato el puesto de trabajo a sus afiliados en la eventualidad de un cambio de concesionario del elevador, sino que le reconocemos toda la antigüedad”, dijo Alvaro.

Afirmó que ese acta “tiene una fuerza legal incontrastable” y por ello entiende que en la actitud de los gremios que llevaron adelante la medida de fuerza hay “una provocación lisa y llana”.

“Esto es pura política portuaria, carece de sustento legal, por lo tanto, las herramientas para condicionar a los actores están sobre la mesa”, opinó Alvaro.

“La primera reacción cuando hay un conflicto es cortar la entrada al Puerto, lo hace un sindicato de 15 afiliados o uno de 200”, afirmó.

El nuevo directorio

Respecto a los cuestionamientos sobre la designación del nuevo directorio, indicó que la integración se dio dentro de la normativa y que cualquier objeción puede ser impugnada ante la justicia común.

Durante la charla, los referentes de las empresas destacaron que se llegara a una conciliación obligatoria porque “estos 15 días nos van a dar aire para bajarle la temperatura al conflicto”, indicó Daniel Arce, representante de Terminal Quequén y miembro del directorio.

No obstante, señalaron que la conciliación obligatoria fue únicamente por el conflicto planteado por la empresa y que no se descarta alguna alguna otra reacción por la designación del nuevo directorio.///