“Apología del delito”: la Comisión por la Memoria pide que se investigue a Montenegro
Instó al Concejo Deliberante que investigue las acciones llevadas adelante por el Intendente contra “trapitos” y personas que duermen en la calle.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó al Concejo Deliberante que investigue las acciones tomadas por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, contra los “cuidacoches” y las personas en situación de calle y que, de corresponder, lo sancione.
En una nota enviada al Concejo tras ampliar una denuncia penal, el organismo expresó su “honda preocupación” por las medidas que Montenegro “está implementando con relación a las personas que viven en situación de calle, a quienes trabajan en la venta ambulante y a aquellos que se dedican a cuidar vehículos o limpiar vidrios en la vía pública”, cita el diario La Capital.
Firmada por sus integrantes, entre ellos los presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, la Comisión indicó que vio en los medios y redes sociales del intendente imágenes “que ponen en evidencia la violencia física y psíquica, las amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad ejercidas por agentes de la Patrulla Municipal contra personas vulnerables”.
Se señala, “estas acciones constituyen delitos penados por nuestro Código Penal y a esto debe agregarse que el Intendente no solo ha incumplido con su obligación de denunciar estas conductas ilícitas de sus funcionarios públicos, sino que además las ha festejado y reivindicado en mensajes y publicaciones que sin duda constituyen apología del delito y violan las prescripciones de la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios en nuestro país”.
La CPM sostiene que “esto se agrava más, ya que la Patrulla Municipal, además de los delitos mencionados, ha violado la normativa vigente llevando a cabo acciones que son propias y exclusivas del Estado provincial y sus fuerzas de seguridad, como detener personas y utilizar armamento para el que no está habilitada”.
De acuerdo con La Capital, el organismo también hace hincapié en un video que muestra a un “cuidacoches” durmiendo en la calle, aprehendido luego de intentar golpear a uno de los agentes y recibir un golpe de puño cuando ya estaba reducido. “A ello debemos sumarle otros hechos de gravedad”, destaca.
Según la CPM, “además de los hechos ilícitos cometidos por los funcionarios municipales, deben ser investigados, por un lado, la utilización de armas menos letales (denominadas comúnmente ‘no letales’) y la aprehensión de personas por parte de la Patrulla Municipal sin las debidas facultades ni respaldo normativo para tales acciones, y por el otro, la repercusión por las expresiones del intendente Guillermo Montenegro en función de la apología del delito”.
El organismo agrega que “la actuación del personal municipal perteneciente a la Patrulla Municipal, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad, es contraria a la competencia exclusiva asignada por la ley provincial 12.154 de Seguridad Pública de la Provincia de Buenos Aires, por lo que constituye un grave y preocupante avasallamiento de las competencias legales”.
La Comisión por la Memoria explica que según lo dispuesto en el decreto de creación, la Patrulla Municipal “no contiene ni en sus misiones ni en sus funciones facultades tales como las vinculadas a aprehensiones y/o detenciones, ni para el uso de armamento de ningún tipo”.
“En virtud de lo expuesto, podríamos afirmar que la actuación del personal municipal bajo la órbita de la Patrulla Municipal perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Partido de General Pueyrredon se encuentra en colisión con la normativa vigente, al arrogarse ilegítimamente facultades de jurisdicción provincial. Más aún, su actuación ha desnaturalizado e infringido la misión y funciones establecidas por la norma local”, añadió.
Para la CPM, “pareciera que el mensaje que el propio Poder Ejecutivo municipal quiere darle a la sociedad es que esa es la suerte que correrán las personas en situación de calle, no la implementación de medidas de gobierno que promuevan la generación de empleo, las experiencias asociativas, el acceso a la vivienda, al desarrollo y a un nivel de vida adecuado”.
“Esto afecta gravemente la dignidad humana de personas muy vulnerables que requieren, más que otras, una acción positiva por parte del Estado”, y agrega: “Algo similar ocurre con las personas que viven de la venta ambulante o con aquellos que trabajan cuidando vehículos en la vía pública; todas actividades lícitas que tienen como única finalidad ejercer un trabajo para procurarse un sustento propio y/o para sus familias. Se les impide trabajar, pero, además, se los estigmatiza, se los discrimina y se los persigue”.
Finalmente, se solicita la intervención del Concejo “para que, conforme sus atribuciones, realice todas las acciones tendientes a revertir la situación (…) e investigue y de corresponder sancione al intendente Guillermo Montenegro” conforme las previsiones de la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades. (DIB) GML
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