Avanzan las indagatorias por la muerte del obispo Ponce de León durante la dictadura
Tras años de dilaciones, la Justicia Federal tomará declaración a los imputados por el fallecimiento del prelado, investigado ahora como un homicidio premeditado.
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En el marco de la causa que investiga la muerte por causa dudosa de quien fuera obispo de San Nicolás de los Arroyos, Carlos Horacio Ponce de León, se realizarán las declaraciones indagatorias de Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al prelado, y de Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Las audiencias, postergadas anteriormente por una licencia del juez Carlos Alberto Vera Barros, se llevan a cabo tras el reclamo de celeridad de organizaciones de Derechos Humanos.
Ambos imputados tienen más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar. Según el diario El Norte de San Nicolás, la Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un posible asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos en Argentina.
La sentencia que cerró el caso el 19 de julio de 1978 fue declarada cosa juzgada írrita tras una reconstrucción digital que simuló la mecánica del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la Ruta 9. Además, los análisis forenses determinaron que las heridas del obispo no coincidían con las declaradas originalmente.
El presidente de la Confederación Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se refirió recientemente a la importancia del proceso mediante una carta:
Ruego a Dios para que la Justicia realice su tarea con honestidad y veracidad y que en atención al tiempo que ha transcurrido y a la urgencia de alcanzar la verdad en el pleno cumplimiento de la ley, no se produzcan dilaciones que alejen el pleno esclarecimiento de lo acontecido.
La investigación, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostiene que el obispo fue blanco de seguimientos y amenazas por parte de autoridades militares del Área Militar 132. Un peritaje del ingeniero Jorge Geretto concluyó que la camioneta Ford F-100 estaba detenida y sin ocupantes al momento del impacto, desestimando la versión del accidente vial presentada durante la dictadura.
