Baja de imputabilidad: “El discurso de endurecer las penas es para dejar tranquila a la gente”
La jueza Aída Lhez se mostró en contra del proyecto de bajar la edad a los 14 años y argumentó: “No podemos pretender que un joven sea adulto para ir preso por un delito y no sea adulto para ir a comprar un auto”. Sus argumentos y el rol del Estado
Julieta Moreno
Redacción
“Esta idea de bajar la imputabilidad a los 14 años existe desde que yo tengo uso de razón, por lo menos, en los 36 años que llevo dentro del Poder Judicial, y estoy absolutamente en contra”, afirmó la jueza de Garantías, Aída Lhez, al referirse al proyecto de ley que el gobierno nacional dijo que pretende enviar al Congreso de la Nación.
“En general, el discurso de endurecer las penas es para dejar tranquila a gente, pero no hace que disminuya el delito”, aseguró. Para ella, a lo mejor quien está en esa situación ni se entera del endurecimiento de las penas, pero incluso si se enterara de un cambio, “tristemente no va a ser algo que vaya a frenar a la persona que comete el delito porque, en general, no pueden, no pueden los adultos muchos menos los niños”.
Para la titular del Juzgado de Garantías Nº 2 y también subrogante del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, se requiere un sistema jurídico que sea coherente y tenga cierta lógica y, en este sentido, advirtió que hay contradicciones y que bajando la edad de imputabilidad simplemente se profundizarían.
Mayoría de edad e imputabilidad
Actualmente la mayoría de edad desde el aspecto civil está fijada a los 18 años, tras la modificación que se hizo en 2009, cuando pasó de 21 a 18. Para la jueza, ya esto fue una contradicción en su momento.
“Es una contradicción porque en lo cotidiano los padres están acompañando a sus hijos por lo menos hasta los 25 años en un determinado sector social”, expresó, remarcando que “en una sociedad en la que cada vez más cuidamos a nuestros hijos hasta más grandes, el legislador baja la edad a los 18 años civilmente”.
Mientras que, en el aspecto civil, la persona alcanza la mayoría de edad a los 18 años, en el aspecto penal debe responder dos años antes, es decir, a los 16. En caso de que bajaran la imputabilidad de los menores, debería responder cuatro años antes.
De acuerdo a la legislación, Lhez opinó que “uno no puede ser responsable para un montón de actos de la vida civil, casarse, comprar una casa, etc., pero sí se pretende que se responda para cuando se comete un delito. Esto debería llamarnos la atención”.
En este sentido, agregó, dando cuenta de su opinión con respecto a la bajar la edad de imputabilidad: “Lo que creo es que tenemos que ser más coherentes y no podemos pretender que un joven sea adulto para ir preso por un delito y no sea adulto para ir a comprar un auto”.
Para ella, “es cierto que los chicos de muy corta edad saben lo que está bien y lo que está mal, pero el problema es que cuando uno es chico no se tiene desarrollado el cerebro de manera tal de poder controlar esos impulsos, midiendo las consecuencias” y destacó: “Es ilógico que se fije una edad para un montón de actos y otra edad para cosas tan graves como para ir preso”.
Centros de contención como cárceles
Actualmente, la ley 22.278, que es del año 1980, establece que son punibles los menores que hayan cumplido 16 años respecto de delitos que tengan una pena mayor a dos años. También prevé un régimen especial, donde la aplicación de la pena está supeditada a la respuesta que el joven dé a un tratamiento, con el fin de lograr su resocialización y que supere la problemática que lo llevó a estar en conflicto con la ley.
“La ley indica que la pena se va a aplicar después de someterlos a un año de tratamiento tutelar”, explicó la jueza, y detalló que cuando existía el Tribunal de Menores los jóvenes que cometían delitos iban a instituciones de menores sólo si era necesario o ante hechos graves.
Sin embargo, dijo que actualmente, contrariamente a lo que se preveía después de la reforma con el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, “hay jóvenes detenidos y hay muy pocas instituciones como había antes y, si bien ahora le llaman centros de contención para menores, abiertos o cerrados, la realidad es que los cerrados son como cárceles”.
Muchos de los jóvenes que comenten delitos, de entre 16 y 18 años, terminan en los denominados centros de contención de menores. En el caso de Necochea, generalmente los envían a Batan.
Para Lhez, estos centros de contención para una supuesta resocialización “no son sanos” y dijo que tanto las habitaciones como las salas de computación no son más que celdas como las de las cárceles de adultos.
Entre los hechos que pueden llevar a un menor a estar preso actualmente, se explicó que “un robo calificado con armas sería la calificación a partir de la cual podrían estar detenidos”.
No obstante, advirtió que en realidad los casos tienen que ver más con “vulneración de derechos” y explicó que “son jóvenes que terminan detenidos por estas cuestiones y no tanto por el delito que comenten”, dando cuenta de las situaciones familiares conflictivas que generalmente atraviesan sus vidas.
En el caso del abordaje que se hace de los menores detenidos, reconoció que en Necochea no hay ningún lugar para alojarlos y el único espacio es el centro de contención de Batán, con todo lo que implica el traslado, la separación de su familia y los trámites administrativos que deben hacerse durante el proceso. Además, dijo que en la Provincia son muy pocos los espacios y los que hay son muy precarios, si se quiere apuntar a la resocialización. También –agregó- que es importante trabajar en el acompañamiento de la externación, cuando salen de estos centros.
“El Estado tiene que ocuparse de nuestros niños”
Para la jueza de Garantías, Aída Lhez, quien además se desempeñó durante 22 años en el ex Tribunal de Menores, lo que se puede hacer desde el Estado “es ocuparse de nuestros niños” y no bajar la edad de imputabilidad.
“Hoy hay chicos que las familias no los pueden cuidar y no hay ninguna herramienta del Estado para salvaguardarlos. Los menores no se pueden valer por sí mismos y los que no tienen una familia que los oriente y que los contenga, están expuesto a cualquier situación y eso los coloca en conflicto con la ley penal”.
Lhez explicó que hay chicos que no tienen una familia que les dé asistencia principalmente por la pérdida de la actividad laboral que se viene dando desde hace muchos años.
“La gente no tiene trabajo estable como antes y esto desorganiza la familia en forma absoluta”, indicó. Además, agregó el consumismo creciente que hace que los chicos quieran poseer cosas en una sociedad donde muchas veces sus padres no tienen trabajo. A estas situaciones, sumó el consumo de drogas, las adicciones y la violencia que atraviesa a muchas familias.
“Hay chicos de sectores vulnerables que están expuestos a una violencia que uno no se la puede imaginar entonces es casi como un milagro que puedan ser personas de bien”.
Por un Estado ausente
Mientras tanto, para Lhez, el Estado pide leyes más duras para esos chicos que son consecuencia de un Estado ausente. “Le cargamos el incumplimiento del Estado a estos chicos”, expresó la jueza.
Insistió en que bajar la edad de imputabilidad, “es una respuesta facilista que no va a cambiar nada. Los chicos que delinquen no se van a enterar que son punibles a los 14 años, ni tampoco lo van a dimensionar, porque son chicos a los que no les importa ni su propia vida porque a nadie les importó su vida”.
Consideró que si queremos mejorar como país lo primero que tiene que hacer el Estado es invertir seriamente en educación y en recursos para las infancias y para sus familias. “No estoy pensando en asistencialismo, sino que hay que pensar en políticas serias donde la familia pueda volverse a estructurar con una fuente de trabajo estable. Suena una utopía, pero es indispensable”.
Para terminar, lamentó la mirada de la sociedad. “Nos tenemos que dar cuenta que no todos tenemos las mismas posibilidades, pero por supuesto esto no justifica que uno deje a un menor que comete un hecho grave en libertad; todo en su justa medida”, pero a su entender hay que trabajar para fortalecer las infancias y adolescencias y, a su vez, mejorar el abordaje de aquellos chicos que tienen conflicto con la ley penal.///
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