Blanqueo: ¿Una épica ley contra la evasión o humo?
El proyecto del oficialismo reconoce la impericia de la AFIP y la UIF e incluye herramientas ingenuas o de dudosa constitucionalidad
La propuesta que presentó el bloque de senadores del Frente de Todos, para financiar un fondo especial de pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) con un aporte de quienes tengan bienes en el exterior no declarados a la AFIP, preocupó a más de un evasor.
Ni hablar cuando vieron que, lejos de tratarse de una idea marginal de cierto kirchnerismo extremo, es un plan para el que su promotora, la vicepresidenta Cristina Kirchner, se agenció una reunión tête-à-tête con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, a quien le pidió expresa colaboración. Hay que ver si el hombre sabía que, mientras se sentaba con la expresidenta a compartir su pasión por los chocolates patagónicos, el oficialismo relataba un trascendente reclamo de cooperación internacional.
Pero, ¿de qué se trata? ¿Es un impuesto o un blanqueo? ¿Hay algo nuevo o es más de lo mismo? ¿Es practicable? ¿Es necesario o ya hay herramientas para perseguir bienes no declarados en el extranjero?
La premisa moral: está muy bien que el Estado intente localizar activos en el extranjero que, debiendo tributar en la Argentina, no son declarados. Es más, poco importa si salieron del sistema local en el marco de la fuga del préstamo que tomó Cambiemos. Si se sacaron antes o después también deberían tributar y, si no lo hacen, hay que ir a buscarlos. Genial. Pero…
¿Impuesto o blanqueo?
No es un impuesto, sino un programa de cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias. ¿En castellano? Un blanqueo. Está bastante encubierto por la retórica bélica de “vamos por los grandes evasores”, pero es eso.
¿Cuáles son los beneficios? Los de siempre: la tasa, la eximición del pago de impuestos y la liberación de acciones judiciales.
Esto no quiere decir que sea atractivo. Además de que la tasa es más alta que la habitual, hay otras consideraciones por las que muchos contribuyentes ricos, con blanqueo y todos los chiches, siguen prefiriendo la clandestinidad (o directamente cambian su residencia fiscal). La más importante es que no hay ninguna muestra real de que el sistema de cumplimiento y castigo funcione. Nadie tiene miedo de ir preso por evasión en la Argentina. Por eso el proyecto es ridículo. ¿Por qué perdonar a esos evasores feos y malos si tenemos herramientas para perseguirlos?
Colaborador y otras yerbas
Si bien propone un típico blanqueo, el proyecto incluye herramientas nuevas. La más conocida es el colaborador. La idea es premiar con una parte de la torta (hasta el 30%) a las personas (pensemos en familiares o intermediarios) y las empresas (bancos, por ejemplo), sea que residan acá o en el extranjero, que den información que permita recuperar un mínimo de $15 millones de pesos.
Esto está bien. Junto con la delación premiada o colaboración eficaz (nuestro “arrepentido”), es una figura común en la lucha contra la criminalidad compleja. De hecho, muchos dirigentes de la oposición presentaron proyectos de ley regulando recompensas o premios para el recupero de activos de la corrupción. Pero otras de las innovaciones que trae el proyecto oficialista son ingenuas o de dudosa constitucionalidad:
– El aporte debe hacerse en dólares estadounidenses a una cuenta especial de la AFIP. ¿Quién tenga euros, yenes, acciones bursátiles o inmuebles deberá comprar dólares? ¿Adónde? ¿A qué tipo de cambio? ¿Los va a autorizar la propia AFIP?
– Pretende que los bancos, las sociedades de bolsa y otras entidades extranjeras actúen como agentes de retención y los transfieran a una cuenta de la AFIP. Deben pensar que el embajador Stanley, entre chocolate y chocolate, se dedica a convencer a los bancos gringos de que manden para acá los dólares de las cuentas de sus clientes argentinos.
– Le ordena al Ministerio de Economía que le pida colaboración al FMI para, entre otras cosas, “involucrarse en la detección de operaciones ilegales”. Okey, ahí viene el Fondo a perseguir evasores.
– Deja sin efecto en forma retroactiva cualquier acuerdo de confidencialidad que pudiere tener el colaborador (pensemos en un banco) con el contribuyente. Esto es de dudosa constitucionalidad.
– Va a acompañado de un segundo proyecto de ley que permite levantar el secreto bancario y bursátil a los fiscales (muy discutible, en especial en el marco del proceso penal acusatorio), al jefe de gabinete (una locura incomprensible), a la Comisión Bicameral del Congreso que controla el pago de la deuda externa (otra locura incomprensible), a los entes reguladores de la energía y del gas y a cualquier organismo oficial que tenga injerencia en la autorización y determinación de precios regulados (imagínense al otrora poderoso Guillermo Moreno mirando las cuentas bancarias de la ciudadanía). A los fiscales y el jefe de gabinete también los autoriza a levantar el secreto fiscal.
Humo
Aunque la premisa moral (hay que perseguir a los evasores) es correcta, ¡el problema es que esto es lo que se suponía que estaban haciendo! Quienes residen en este país y ya por respirar pagan impuestos imaginan, ilusos, que el Estado usa todas las herramientas que tiene a su disposición para perseguir a los colados que se suben al colectivo sin pagar.
Fantasean, estos ciudadanos y ciudadanas, con que la Unidad de Información Financiera (UIF) ya está cooperando con sus pares del extranjero a través del Grupo Egmont (la red que nuclea a las agencias antilavado). Piensan, los cumplidores, que la AFIP ejecuta los mecanismos de intercambio de información establecidos en convenios para rastrear evasores y posibles lavadores.
Y ahora confirman que no. De hecho, lo reconoce el propio proyecto en los artículos 20 y 21, cuando manda a la UIF y a la AFIP a hacer su trabajo (“con el mayor grado de celeridad”, le dice a la agencia recaudadora). Así que el mismo Estado que, por impericia o complicidad no hace los deberes para perseguir la evasión, se va a dar el lujo de rifar un nuevo blanqueo al que, además, quiere vender como una épica batalla contra los beneficiarios del injusto sistema financiero internacional.
Por Natalia Volosin- Doctora en Derecho por la Universidad de Yale
