Cambia el sistema de indemnizaciones: el Gobierno reglamentó el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

El Gobierno nacional reglamentó durante la madrugada de este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales incluidas en la reforma laboral aprobada a comienzos de este año. La medida introduce cambios en la forma en que las empresas del sector privado deberán afrontar las indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de una relación laboral.

La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial, establece el funcionamiento, administración y financiamiento del nuevo sistema, que busca garantizar la disponibilidad de recursos para cubrir eventuales desvinculaciones de trabajadores registrados.

Según la norma, el FAL alcanzará a los empleadores del sector privado, con excepción de aquellas relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y de todo el sector público. Para operar dentro del esquema, cada empresa deberá abrir una cuenta individual en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Uno de los puntos más relevantes es que la cobertura solo alcanzará a trabajadores que hayan estado correctamente registrados durante al menos doce meses antes de la extinción del vínculo laboral.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El procedimiento establece que cada empleador deberá elegir una entidad habilitada por la CNV y obtener un identificador único denominado "ID FAL". A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los aportes mensuales serán derivados automáticamente a la cuenta correspondiente junto con las declaraciones habituales de la seguridad social.

En caso de que una empresa no informe su ID FAL dentro del plazo de un mes, la CNV podrá asignar de oficio un fondo o fideicomiso para garantizar la continuidad del sistema.

Además, las contribuciones realizadas serán deducibles del Impuesto a las Ganancias y permitirán una reducción equivalente de las contribuciones patronales a la seguridad social, salvo en situaciones expresamente exceptuadas.

Pago de indemnizaciones en cinco días

Cuando se produzca una desvinculación laboral alcanzada por el régimen, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica. Luego, la entidad administradora verificará la información del trabajador y transferirá directamente el monto indemnizatorio a su cuenta bancaria en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La reglamentación aclara que la responsabilidad por el cálculo correcto de la indemnización continuará siendo exclusivamente del empleador.

Fondos protegidos y control estatal

El decreto también fija límites a las inversiones que podrán realizar los administradores de estos recursos, restringiéndolas a instrumentos financieros y valores negociados en la Argentina. Asimismo, la comisión de administración no podrá superar el 1% anual de los activos administrados.

Para evitar riesgos de insolvencia, la cobertura mínima exigida deberá responder a criterios de suficiencia, liquidez y diversificación, parámetros que serán revisados periódicamente según la evolución de la economía y del mercado laboral.

La normativa incorpora además mecanismos de portabilidad para trasladar fondos entre distintas entidades habilitadas y reglas específicas para casos de fusiones empresariales, transferencias de establecimientos o reorganizaciones societarias.

Multas para quienes incumplan

El nuevo régimen prevé sanciones para los empleadores que no realicen las contribuciones obligatorias. En esos casos, ARCA podrá aplicar multas e iniciar procesos de ejecución fiscal para recuperar los montos adeudados.

Los recursos obtenidos por sanciones serán destinados a los subsistemas de la seguridad social.

Finalmente, el decreto establece la exención del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las cuentas vinculadas al FAL y garantiza la confidencialidad de los datos intercambiados entre los organismos involucrados.

Con esta reglamentación, el Gobierno pone en marcha uno de los cambios más significativos de la reforma laboral, modificando el mecanismo mediante el cual las empresas deberán prever y financiar futuras indemnizaciones laborales.