Causa alimentos: Pettovello denunció a De la Torre por presuntas irregularidades en contrataciones
El Ministerio de Capital Humano acusa al exsecretario por presuntos contratos falsos para "hacer caja". La investigación quedó en manos del juez Lijo, candidato de Milei a la Corte.
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El escándalo por los alimentos retenidos en galpones del gobierno nacional sigue generando coletazos. En este caso, el propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de una de las funcionarias más cercana a Javier Milei, Sandra Pettovello, denunció a su exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre.
De la Torre fue expulsado del gobierno tras conocerse la existencia de varias toneladas de alimentos a punto de vencer en los depósitos de Villa Martelli y Tafí del Valle. Ahora se agrega una acusación por presunta corrupción.
La cartera de Pettovello denunció la aparición de contrataciones de personal supuestamente irregulares, que luego derivaban en un retorno en dólares para los funcionarios implicados y para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), organismo mediante el cual se tercerizaban los convenios.
La denuncia fue presentada por Leila Gianni, subsecretaria Legal de Capital Humano, y el abogado Ariel Romano Ángel.
Todo surgió, indica la denuncia, a partir de un comentario de Federico Fernández, director general de administración de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.
El planteo judicial señala que Fernández formó parte el día 24 de enero de una reunión con el ex secretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, la jefa de Gabinete de la Secretaría de Niñez, Lucía Raskowsky, y el ex subsecretario de de administración de la Secretaría de Niñez, Agustín Sánchez Sorondo,
“Se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal. En dicha reunión el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de 50 funcionarios que ya estaban trabajando allí. Fernández tenía entendido que dicho nombramiento contaba con el aval de Raskowsky. Con motivo de ello se desvincularon a personas que eran directores de la gestión anterior para ´liberar cargos´”, asegura la denuncia.
De todos modos, se habría conversado que por razones burocráticas no se podía ejecutar la decisión de los nombramientos, por lo tanto Sánchez Sorondo habría sugerido realizar las contrataciones a través de la OEI con un tope de 2.500.000 pesos de salario mensual. Los contratos, se explicó, comenzaron a regir en febrero y en marzo se cobraron los primeros sueldos.
“(Fernández) señala que el dinero que cobraron alguno de los consultores era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros funcionarios de hecho con bajas retribuciones”, afirma el texto llevado a la Justicia.
Agrega: “Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre para saldar lo del personal que nunca fue nombrado. Asimismo, el declarante quiso dejar constancia que la ministra Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular”.
La Justicia Federal debe investigar ahora si efectivamente existía un entramado de corrupción con fondos públicos.
Por si fuera poco, la causa tiene un ingrediente más. Por sorteo, quedó radicada en el juzgado federal 4 de Comodoro Py, a cargo de Ariel Lijo, el magistrado propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La candidatura de Lijo a la Corte es una de las propuestas de Milei con mayor resistencia por parte de diferentes sectores debido a las denuncias de presuntas inconductas del juez y de su hermano, Alfredo Lijo, sospechados de mover o cajonear causas para favorecer intereses empresarios o políticos. (Con información de Infobae)
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