Prisión preventiva y embargo por $ 4.000.000.000 a CFK
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El juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió la prisión preventiva de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner, al considerarla como «jefa de una asociación ilícita» que manejaba una «banda paraestatal» organizada para cobrar coimas.
La resolución del magistrado, que incluye a otras 41 personas entre funcionarios y empresarios, acusa a CFK de 22 hechos de recepción de dádivas y otros cinco de «cohecho pasivo». Además, Bonadío trabó un embargo por $ 4.000 millones.
Ahora, el juez esperará que el procesamiento se homologue en la cámara federal de apelaciones para iniciar el pedido de desafuero en el Senado de la Nación, trámite que, según la doctrina que sostiene desde hace años la cámara alta, difícilmente prospere.
En la resolución, el magistrado también procesó a exfuncionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta (ambos como organizadores de la asociación ilícita), José López, y al chofer Oscar Centeno, el dueño de los cuadernos en donde se daba detalles sobre el proceso de recaudación ilegal.
También fueron procesados los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain; el exjuez juez federal Norberto Oyarbie y al integrante de la Auditoría General de la Nación Javier Fernández.
Para Bonadio la investigación probó la existencia de «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales» y «comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional» y «del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios» actuó entre los años 2003 y 2015, comandada por Néstor Kirchner primero, y por su esposa a partir de su fallecimiento en 2010.
El juez consideró que estos funcionarios montaron «una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente».
Además, apuntó contra los funcionarios, de quienes dijo que «por avaricia y codicia, este selecto grupo también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo».
