Claves de la próxima gran pelea política en la Provincia
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Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB
La gobernadora María Eugenia Vidal puso proa a la que tal vez sea la negociación más dura y decisiva de la política bonaerense en lo que resta del año, el tratamiento parlamentario del presupuesto 2019, que girará en torno de dos tópicos incómodos: el aumento del endeudamiento y el recorte de las partidas para obras públicas. El ajuste que ya impacta en los municipios, para colmo, complegizan el inicio de las conversaciones con la contraparte necesaria, el peronismo no kirchnerista.
Aunque pasó inadvertido, un movimiento en el gabinete marcó el inicio de los aprontes por el presupuesto. Se trata del desembarco de Marcelo Blanco, un hombre del presidente del Banco Central, Luis Caputo, en el gabinete del ministro de Economía de Vidal, Hernán Lacunza. Blanco llegó con chapa de experto en una materia que se está volviendo clave: el manejo de la deuda provincial, cuyos vencimientos serán a partir del año próximo una carga relativamente mayor que la actual para el Tesoro.
El Ejecutivo planea enviar el presupuesto a la Legislatura recién a fines de septiembre, cuando ya estén definidos los parámetros nacionales que le sirven de base. Sin embargo, en el equipo que lidera Lacunza estiman que la porción del ajuste nacional que indefectiblemente recaerá en la provincia presionará sobre el déficit y los obligará a pedir un endeudamiento que extraoficialmente se estima en $ 100 mil millones o a reducir un 14% la inversión prevista en obra pública para financiarlo.
Si se excluye la eventualidad de prorrogar el presupuesto vigente una hipótesis que se analizó pero que por ahora quedó relegada a «Plan B»- las dos vías que se proponen para cerrar los números de la provincia desemboca igualmente en una negociación dura con las bancadas del massismo y el peronismo «dialoguista» ligado a los intendentes del Conurbano. El desafío para el gobierno es encontrar la oferta que convenza a esos opositores de la conveniencia de votar un ajuste.
Cerca de Vidal escuchan rumores sobre un gesto del presidente Mauricio Macri a los gobernadores peronistas, que podría acercar posiciones y derramar sus efectos en la provincia. Eso estaría en línea con cierta idea de la gobernadora y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- acerca de cómo llevar la relación con ese sector. Sin embargo, precavidos o desconfiados, los operadores de Vidal no le atribuyen mayor entidad a esas especies.
Es que la realidad marca que cada anuncio económico parece diseñado para complicar las conversaciones. El recorte del llamado Fondo Sojero es un ejemplo: le quita a las comunas bonaerenses $3.200 millones y al mismo tiempo empuja a los intendentes opositores (los oficialistas también lo sufrirán, aunque se presume que en silencio) a acercarse a los gobernadores, porque a ellos también les retacean fondos. Son alicientes para cierta unidad, al menos de acción, de sectores diversos del PJ.
Por lo pronto, Vidal comenzó a desovillar el hilo por la punta que mejor conoce: retomó hace unos días los diálogos directos con Sergio Massa. En su entorno dicen que la relación pasa por uno de sus habituales- buenos momentos y cifran ahí cierta esperanza. Descartado un entendimiento con el kirchnerismo puro, las miradas conducen de inmediato al peronismo que responde a los intendentes, aunque ese sector esté alineado por ahora con Cristina Kirchner por motivos electorales.
La explicación es sencilla: como por sí solo ninguno de esos dos sectores tiene el número suficiente para que el oficialismo llegue a los dos tercios requeridos para aprobar el endeudamiento, los negociadores de Vidal tenderán a involucrarlos a ambos. El Frente Renovador insiste con la ley para separar ?de modo optativo- los comicios municipales del resto. Unidad y Renovación advierte que con el reparto de cargos en organismo de la Constitución, como el Tribunal de Cuentas, no alcanza.
Así, una revisión del reparto de fondos a la oposición en el año electoral parece inevitable, si es que Vidal quiere hacer avanzar la cuestión. Por ahora, se mueve con dureza: mandó a decir a los alcaldes que no hará nada para compensar, vía coparticipación municipal o una reedición del eliminado Fondo de Infraestructura Municipal, lo que pierdan por los cambios en el Fondo Sojero. Es decir, los expuso a la posibilidad de depender más de ella misma ?y de la presidencia- para hacer obras.
El desenlace es, por ahora, difícil de prever, sobre todo porque la dinámica del juego político aparece más alterada que nunca por las novedades que llegan de tribunales. En ese plano, Elisa Carrió, que sigue de cerca las causas que lleva el fiscal Álvaro Garganta contra el exgobernador Daniel Scioli y miembros de su gobierno por lavado de activos, deslizó internamente que podría haber novedades, pronto. En esa trama actúa una jueza que es mencionada como posible nueva integrante de la Corte.
En el ejecutivo miran con atención las actuaciones que inicio Garganta a raíz de una declaración de Leonardo Fariña de 2016 sobre cartelización de la obra pública en la provincia, que adquirió otro espesor tras el «arrepentimiento» de Carlos Wagner. De modo parecido, varios alcaldes del Conurbano miran con preocupación las palabras del bolsero José López ante el fiscal Carlos Stornelli. Sus diustritos no solo se vieron favorecidos con la obra que hizo Wagner; varios de ellos tuvieron profuso contacto con López.
