Colegios privados piden autonomía ante la nueva ley que restringe el uso de celulares en las aulas
La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina reclama respaldo legal y procedimientos claros frente a la normativa que prohíbe los teléfonos en las escuelas secundarias bonaerenses.
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El Senado bonaerense avanzó en la sanción de una ley que prohíbe a nivel provincial el uso de celulares en las aulas de instituciones de educación secundaria, tanto públicas como privadas. Ante este escenario, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa) reclamó que se establezcan mecanismos para permitir que cada establecimiento conserve la autonomía necesaria para decidir si prohíbe su utilización o establece condiciones para incorporarlos al proyecto pedagógico.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, sostuvo que el aspecto central radica en que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Al respecto, señaló:
El aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional.
La preocupación del sector también se vincula con el crecimiento de las apuestas deportivas en menores de edad y el uso de inteligencia artificial para crear imágenes alteradas. Desde Aiepa, que agrupa a más de 5000 institutos de todo el país, advirtieron sobre los posibles conflictos con las familias ante la aplicación de la norma.
Medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias. Por eso, cualquier regulación debe contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos.
La restricción establece que el teléfono debe guardarse durante la jornada escolar, permitiendo su uso únicamente bajo excepciones pedagógicas solicitadas por el docente. Se espera que la ley comience a regir el año que viene, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial y se defina la autoridad de aplicación que elaborará los protocolos correspondientes.
