Cómo calcular la indemnización por despido tras la Ley 27.802
La entrada en vigencia de la Ley 27.802 introdujo cambios sustanciales en el régimen de despidos en Argentina, modificando el cálculo de las indemnizaciones a partir de 2026.
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2026/11/despido_laboral.webp)
La entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral N.° 27.802 introdujo cambios sustanciales en el régimen de despidos en Argentina. Aunque el principio general de la Ley de Contrato de Trabajo mantiene la indemnización de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, la forma de determinar la base de cálculo fue modificada de manera directa.
Los cambios quedaron formalizados con la publicación en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Esta reforma modificó el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, profundizando la transformación iniciada dos años antes con la Ley Bases N.° 27.742, la cual ya había flexibilizado el período de prueba y habilitado los fondos de cese laboral.
Cambios en la base de cálculo
La norma mantiene el criterio de tomar la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de trabajo. Sin embargo, la reforma incorporó precisiones legales sobre los topes. El artículo 245 establece que la base salarial no puede superar tres veces el importe mensual del salario promedio previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.
La Ley 27.802 incorporó una regla de protección que antes solo aplicaba la jurisprudencia: la aplicación del tope nunca podrá reducir la base de cálculo por debajo del 67% del sueldo real del trabajador. Esto significa que el recorte por tope tiene un límite máximo del 33% sobre la remuneración mensual habitual.
Limitaciones a futuros reclamos
Una de las modificaciones jurídicas más relevantes es que la indemnización del artículo 245 pasa a ser la única reparación procedente frente al despido sin causa. Al percibir este monto, se extingue la posibilidad de iniciar reclamos judiciales o extrajudiciales adicionales de carácter civil o extracontractual, como demandas por daño moral o psicológico. La única excepción que permite acciones judiciales por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo son los hechos que constituyan ilícitos penales.
Dado que la nueva normativa requiere ponderar promedios de los últimos 6 o 12 meses, aplicar los topes del convenio colectivo y verificar el piso del 67%, la determinación de la base salarial continúa siendo un punto central de debate en los tribunales laborales hasta que exista jurisprudencia uniforme.
