Con el pago de $12.500 de multa, cerró el juicio por las inundaciones en La Plata
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El juicio por las inundaciones en La Plata que dejó un saldo de 89 muertos y consecuencias millonarias se cerró en medio de un escándalo: el único acusado, Sergio Ariel Lezana, funcionario de Defensa Civil de esa ciudad, aceptó su culpabilidad y pagará una multa de $12.500.
«Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil», aseguró Lezana ante la jueza Claudia Grecco, y pidió que se le aplique el máximo de la condena por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». De esta forma se estableció la pena que consiste en el pago de $12.500 y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En la primera audiencia del juicio oral se cerró el debate, ya que la jueza, tal como lo indica en marco legal vigente, homologó y fundó el acuerdo al que arribaron el fiscal Jorge Paolini y el abogado defensor Juan Di Nardo. En tanto, los abogados Marcelo Peña y Horacio González Amaya recusaron al fiscal, pero la jueza no hizo lugar al planteo por entender que fue hecho fuera de término legal.
La resolución golpeó a los familiares de las víctimas de la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013, que oficiaron como particulares damnificados en el expediente. En este contexto, asambleístas de la inundación de distintos barrios de la capital provincial se manifestaron en la puerta de los tribunales de 8 entre 56 y 57 en reclamo de Justicia y por la imputación de dirigentes locales y provinciales.
Lezana reconoció que al momento de la tragedia, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata (entonces al mando de Pablo Bruera) no existía un plan de atención en la emergencia para una catástrofe de tal magnitud, como tampoco había un sistema de alerta temprana no tampoco un registro de voluntarios organizados para colaborar con Defensa Civil, área a su cargo.
La pena es irrisoria si se compara con la cantidad de muertos o con que el 80% de los platenses fueron afectados por el diluvio: 165.037 «impactados directos» y 357.500 «afectados indirectamente», con daños de $4.000 millones.
Cabe recordar que existe una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata, donde se investiga la trama política de la tragedia.
