Condenado por tenencia ilegal de arma de fuego en un procedimiento rural
En un juicio abreviado, el tribunal impuso una pena seis meses de prisión en ejecución condicional y el pago de una multa económica
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2025/08/la_jueza_luciana_irigoyen_testa_quien_aplico_la_condena.jpeg)
La Justicia correccional de Necochea dictó sentencia en una causa que tuvo como imputado a J. M. M., un vecino de Claraz, quien fue hallado responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. El caso se originó tras un allanamiento realizado en agosto de 2023 en el marco de una investigación por abigeato.
La resolución, firmada el 7 de agosto de 2025 por la jueza Luciana Irigoyen Testa, titular del Juzgado en lo Correccional N° 1, impuso al acusado una pena de seis meses de prisión en ejecución condicional, el pago de una multa de $1.000 y las costas del proceso.
El hecho
Según se desprende del expediente N° 15886, el 29 de agosto de 2023 personal del Comando de Prevención Rural de Necochea, en el marco de un procedimiento por abigeato (UFI N° 1, fiscal José Cipolletti), allanó una vivienda en Claraz. Allí se constató que el imputado poseía una escopeta calibre 16, marca Saurio, con numeración visible, además de municiones de distintos calibres, cargadores tipo magazine, montajes de mira y una cartuchera de cuero.
El informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) acreditó que M. no era legítimo usuario ni contaba con autorización legal para portar armas. A su vez, una pericia balística determinó que la escopeta era apta para efectuar disparos, quedando encuadrada como arma de fuego de uso civil bajo la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429.
El proceso y el fallo
El caso llegó a juicio abreviado, con acuerdo de partes y control judicial. Tras analizar la prueba -acta de allanamiento, informes oficiales y pericia- la magistrada concluyó que los hechos se encontraban acreditados y que el imputado era autor penalmente responsable.
En la sentencia, la jueza Irigoyen Testa dispuso: Seis meses de prisión de ejecución condicional, al considerar inconveniente aplicar una condena efectiva de corta duración a un imputado primario.
Multa de $1.000 a depositarse en cuenta del Banco Provincia.
Decomiso del arma secuestrada, quedando bajo custodia judicial.
Condiciones por dos años: mantener domicilio fijado y someterse a control mensual del Patronato de Liberados en Necochea. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena.
El pronunciamiento pone en relieve la política judicial frente a la tenencia irregular de armas de fuego, un problema que afecta tanto a la seguridad rural como a la urbana. La magistrada enfatizó en su resolución la necesidad de aplicar sanciones proporcionales, que no resulten meramente simbólicas, pero que tampoco agraven la situación de un acusado sin antecedentes, evitando así la estigmatización de penas breves de cumplimiento efectivo.
El caso de Claraz, surgido de una investigación por abigeato, terminó exponiendo un hecho distinto, pero no menos relevante: la circulación de armamento fuera del control legal.
La sentencia de ejecución condicional, sumada a las obligaciones impuestas, constituye un llamado de atención sobre la responsabilidad individual y colectiva en el manejo de armas, y marca un precedente en la jurisdicción respecto de cómo se abordarán estos casos en el futuro
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión