Confirman el procesamiento por lavado de dinero de la ex mujer de Pérez Corradi
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2017/07/Sin-t%C3%ADtulo-1-14.jpg)
La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento por lavado de dinero de Liliana Raquel Aurehhuliu, la ex mujer del narcotraficante Esteban Ibar Pérez Corradi, por entender que ella conocía el origen de los fondos millonarios que manejaba su marido, preso por la causa de la mafia de medicamentos y sospechado en el Triple Crimen de General Rodríguez.
«Hay indicios para sostener la concurrencia del aspecto subjetivo de la figura que se le reprocha a la encartada. En este sentido, el contexto en que actuó impide sostener que desconocía las actividades de Pérez Corradi, máxime cuando le fue confiado por el nombrado un poder general amplio de administración y disposición» para hacer operaciones comerciales «con fecha posterior a la sentencia de divorcio», dijo el fallo.
Pérez Corradi fue atrapado hace un año en Paraguay después de convertirse en uno de los prófugos más buscados del país.
Lo acusaban en Estados Unidos por trafico de drogas, irá a juicio por lavado de dinero en la «mafia de los medicamentos» y lo siguen investigando como sospechoso del triple crimen de General Rodríguez, donde asesinaron a los jóvenes Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón cuando querían hacer un negocio con efedrina.
Aurehhuliu, la ex mujer de Pérez Corradi que aseguró que no sabía donde estuvo su pareja desde que desapareció, está acusada de haber blanqueado por lo menos un millón de dólares que su ex marido habría obtenido ilícitamente.
Puntualmente se la acusa de «haber adquirido con fondos de origen ilícito el día 31 de agosto de 2009, el inmueble de la calle L. M. 1., localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, por el valor de un millón de dólares ( U$S 1.000.000) llevada a cabo en tres pagos», según el fallo al que accedió DyN.
Según la investigación, «esa erogación no tenía correspondencia con el perfil de sus ingresos y ganancias declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)» y «a la par, la nombrada presentó con fecha 19/06/09 el formulario para acogerse al plan de blanqueo de capitales implementado por la ley 26.476, solicitud a la postre rechazada».
En 2011, la mujer vendió la propiedad en cuestión a la firma «Compañía Centro Occidental de Inversiones SA» por el valor de un millón ciento cuarenta y cinco mil dólares (U$S 1.145.000), y «con el producido de esa venta adquirió la vivienda de la calle B. 22., de esa misma localidad, por el valor de novecientos mil dólares (U$S 900.000)».
Cuando le tocó prestar indagatoria, la mujer aseguró que «el dinero abonado por la compra del primer inmueble» eran fruto de «los ingresos recibidos como consecuencia de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y el producido de su actividad laboral y comercial».
Pero en un fallo al que accedió DyN, la Sala II de la Cámara Federal subrayó que «los elementos reseñados dan la pauta sobre un nivel de acceso a los fondos millonarios que manejaba Pérez Corradi -presuntamente obtenidos por medio de delitos» y por ello se dio por acreditado «la intervención de la nombrada en el hecho que se le imputa».
El fallo resaltó que «se tuvo por acreditado que Pérez Corradi por intermedio de ‘Masterfarm SA’ adquirió entre marzo y julio de 2008 un total de 1.300 kilogramos de clorhidrato de efedrina para su desvío ilegal».
Según se señaló, «la operatoria se materializó en cuatro compras realizadas en su totalidad durante el año 2008, más precisamente: el 31 de marzo 250 kgs., el 16 de mayo 400 kgs., el 10 de julio 550 kgs. y el 15 de julio 100 kgs.; habiendo manifestado que obtenía un promedio de 500 dólares de ganancia por kilo de efedrina lo que llevó a realizar un cálculo básico de lo obtenido por esa cantidad en un total de 97.500.000 pesos».
Además «se le atribuyó haber participado en la introducción al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, en el caso concreto efedrina, las que posteriormente se alteraría ilegítimamente su destino de uso, realizadas entre los años 2004 a 2008» por varias firmas farmacéuticas.