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    Confirman procesamiento de Julio De Vido por administración fraudulenta

    28 de diciembre de 2017 | 11:05
    Confirman procesamiento de Julio De Vido por administración fraudulenta
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    Es en la causa por malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un desvío de 265 millones de pesos

     

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    La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó con el voto de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, el procesamiento de Julio De Vido por administración fraudulenta en la causa donde se acusó al ex ministro de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un desvío de 265 millones de pesos. El embargo trabado fue de 250 millones de pesos. Asimismo, con el desempate del juez Leopoldo Bruglia, se confirmó la prisión preventiva del ex ministro de Cristina Kirchner.

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    Julio De Vido se encuentra detenido desde el 25 de octubre, por orden del juez Claudio Bonadio que lo procesó por administración fraudulenta en la compra de buques de Gas Natural Licuado (GNL). Posteriormente, el juez Luis Rodríguez lo procesó con prisión preventiva, por administración fraudulenta en el expediente que confirmó la Sala II de la Cámara Porteña.

    El juez Rodríguez encontró al ex ministro de Planificación responsable de maniobras fraudulentas vinculadas a la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz). Todas las decisiones respecto al destino de los fondos «partió del Ministerio de Planificación que dependía de De Vido», señaló.

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    Los camaristas encontraron responsable a De Vido de las maniobras defraudatorias que incluyeron un desvío de fondos por 265 millones de pesos.

    Se planteó que la maniobra investigada se organizó a través de la utilización de convenios de cooperación entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la UTN, la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y la Fundación. Todo era financiado por el extinto ministerio. «Se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos», sostiene el texto del procesamiento.

    La causa se inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán que puso bajo sospecha el manejo de $ 26.000 millones que representa el presupuesto que el extinto ministerio de Planificación Federal destinó a YCRT desde 2005 a 2015 para su modernización. Esto estaba ligado la construcción de la Usina Térmica que la mina de carbón debe abastecer. Dicha obra según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llegó a incrementar su valor original en un 90,28%.

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    La construcción del tren turístico por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente, también es parte de la investigación sobre el manejo de los fondos. Para su ejecución, en julio de 2014 se firmaron 453 convenios financiados por el Ministerio de Planificación.

    El desvío de fondos se habría realizado por intermedio de diversos convenios de colaboración entre YCRT y la FRSC (dependiente de la UTN). que contaba a su vez, con la Fundación que permanece intervenida por orden del juez Rodríguez, ya que era la receptora de los fondos.

    La maniobra permitió que el Estado otorgue a YCRT dinero que era gestionados por una entidad privada como la Fundación, «que no se encuentra sujeta a ninguna normativa sobre contrataciones, utilizando como intermediario a la FRSC», consignó el juez en su resolución.

    Este «manejo discrecional de fondos» a través del ministerio que dirigió De Vido, se corroboró al analizar los extractos bancarios, los balances y las declaraciones juradas de la Fundación.

    Al respecto, el juez Rodríguez señaló que los convenios celebrados fueron el «andamiaje legal a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal». La Fundación era contratada, por ejemplo, para obras civiles «que estaba fuera de sus competencias».

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