Conflicto de poderes: cuestionan judicialización de una ordenanza

JUAN JOSE FLORES | Redacción
 

Concejales de distintos bloques de la oposición expresaron su preocupación por la decisión del Departamento Ejecutivo de llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el supuesto conflicto de poderes planteado por la ordenanza que otorgaba nuevos beneficios tributarios y administrativos a veteranos de la Guerra de Malvinas.

Referentes de la oposición advirtieron sobre las implicancias institucionales que podría tener el caso para el funcionamiento del cuerpo legislativo.

Una decisión “desproporcionada”

Uno de los más críticos fue el presidente del bloque de Fuerza Patria, Marcelo Rivero, quien remarcó que la Corte todavía no resolvió el fondo de la cuestión, sino que aplicó un mecanismo procesal previsto para los conflictos de poderes.

"A diferencia de una medida cautelar común, aquí no se requiere acreditar la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora; es un procedimiento automático hasta que se resuelva la cuestión de fondo", explicó.

El abogado consideró que la decisión del Ejecutivo de acudir a la Justicia resulta desproporcionada. "Es una barbaridad que el Departamento Ejecutivo utilice recursos para provocar semejante juicio en lugar de dar respuesta a un planteo legítimo de los héroes de Malvinas", afirmó.

Rivero sostuvo además que el Concejo Deliberante tiene facultades para establecer exenciones tributarias durante el ejercicio en curso y advirtió sobre las consecuencias institucionales del planteo. 

"Si prospera el razonamiento del intendente, el Concejo se convertiría en una especie de escribanía donde solo se levantaría la mano para lo que mande el Ejecutivo, perdiendo su potestad de legislar en materia impositiva o fiscal", señaló.

“Se está afectando nuestra función”

Desde el bloque del PRO, Eugenia Vallota manifestó sorpresa por la rapidez con la que se expidió la Suprema Corte sobre una cuestión municipal.

"Me llama la atención que la Corte se exprese en tiempo récord sobre una cuestión netamente municipal; me tomó por sorpresa que se expidieran tan rápido", indicó, al tiempo que sugirió una posible sintonía política entre el gobierno local y el provincial.

La edil advirtió que el conflicto podría sentar un precedente complejo para el funcionamiento institucional del Concejo. "Ante cada ordenanza que se apruebe por mayoría y no sea del agrado del intendente, se podría establecer un conflicto de poderes para suspenderla, lo que hace que el cuerpo pierda legitimidad", opinó.

Asimismo, confirmó que distintos bloques opositores comenzaron a coordinar acciones para responder al planteo judicial. "Entendemos que se está afectando nuestra función soberana porque somos un cuerpo elegido por la gente. No vamos a permitir que se desnaturalice nuestra independencia respecto al Ejecutivo", expresó.

Un “precedente peligroso”

En la misma línea desde el bloque Fuerza Patria-MDF, se calificó la situación como un "precedente peligroso" para la representación democrática.

"Si por cada ordenanza que sacamos tenemos que estar pidiendo explicaciones a la Justicia, se termina la representatividad de todo el cuerpo legislativo", se indicó, para añadir que "lo que estamos pidiendo no es para este ejercicio, sino para el presupuesto del año que viene. Por lo tanto, no estamos desfinanciando al municipio ni interfiriendo en su dinámica económica actual".

Encarar la defensa

Por su parte, Mariano Valiante, de La Libertad Avanza, señaló que el Concejo aún espera la notificación formal de la demanda para definir los pasos a seguir.

"Nuestra propuesta como bloque es realizar una reunión con los presidentes de las distintas bancadas para ponernos de acuerdo en cómo encarar la defensa del cuerpo", adelantó.

Según explicó, la estrategia institucional y jurídica será evaluada una vez que el Departamento Ejecutivo comunique oficialmente al presidente del Concejo Deliberante los términos del traslado dispuesto por la Suprema Corte.

Incertidumbre

La concejal de la Agrupación Comunal Transformadora, Bettiana Pustilnick, lamentó que la controversia haya llegado a los tribunales y consideró que existían alternativas de diálogo político para abordar el tema.

"No me genera alegría esta situación; entiendo que se podría haber llegado de otra manera sin tener que acudir a la Justicia. Veo una postura de inmadurez política al llevar a los estratos judiciales una cuestión que podía haberse resuelto a nivel local", manifestó.

Además, señaló que el conflicto genera incertidumbre en un contexto complejo para la administración municipal. "Esto genera incertidumbre y un montón de situaciones que me parece que no son para este tipo de tiempos, más siendo una cuestión tan loable como el mismo Ejecutivo ha reconocido en el escrito de la denuncia", añadió.

Finalmente, el concejal radical Rodrigo Irigoyen indicó que todavía no recibió una notificación formal sobre la resolución judicial y recordó que acompañó la iniciativa por considerar que constituía un reconocimiento a los excombatientes.

"Todavía no fui notificado. En cuanto al proyecto no fue iniciativa mía. Sólo acompañé porque creí que era también reconocer de alguna manera a los veteranos de guerra", afirmó.///