Crearían una sociedad de Estado para la recolección de residuos
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Es una de las variantes. Que plantea el Ejecutivo, para poder solventar el servicio. Otra posibilidad es la de reducir a tres la actual frecuencia de seis días por semana.
Con una deuda superior a los $300.000.000, la continuidad del servicio de recolección de residuos domiciliarios, se ha constituido en uno de los principales escollos dentro de la delicada situación económica-financiera por la que atraviesa la Municipalidad.
En las últimas horas la empresa Relisa, a cargo de la respectiva concesión, que tiene vigencia hasta el año 2027 con una prórroga de cuatro más, solicitó la “urgente” intervención del Concejo Deliberante, en pos de coadyuvar para que, entre otras cuestiones, se consolide la deuda existente –según la firma es de $366.518.238 al día de hoy- y reordene las obligaciones contractuales.
Ideas sobre la mesa
Ante la cuestión, el Ejecutivo, la empresa y el Sindicato de Choferes de Camiones vienen manteniendo reuniones para empezar a corregir una situación que, de persistir, pondría en riesgo la normal realización de la recolección.
En este esquema de ideas se baraja la reducción de la frecuencia de días en el servicio brindado, que pasaría a ser de tres jornadas en vez de los actuales seis por semana. Una posibilidad que si bien abarataría el costo que debe afrontar la comuna, tiene oposición por parte del sindicato, ya que derivaría en la reducción de personal y por ende pérdida de puestos laborales.
Por otro lado, desde la Secretaría de Legal y Técnica del municipio se ha empezado a evaluar la creación de una sociedad de Estado, que se haría cargo de la recolección. Un esquema que por caso funciona en la comuna de Bahía Blanca.
El primer esbozo del plan se reveló que ya ha sido girado a la empresa, para que estudie esta variante, que no significa que el servicio se vaya “a municipalizar”, tal cual dejó en claro el encargado de Legales, Ernesto Povilaitis.
Cómo sería
El formato que se analiza gira en la posibilidad de que Relisa se transforme en una sociedad de Estado o se conforme una nueva sociedad de este tipo, en la cual la Municipalidad pase a tener el cien por ciento del paquete accionario, o se asocie con privados (podría ser la propia Relisa), teniendo como mínimo el 51% de las acciones.
En las variantes de esta figura, si la empresa acepta, integrar una sociedad de Estado, pondría como capital inicial sus maquinarias, predio y actual personal.
El esquema, a pesar de funcionar en forma privada, obligaría a la constitución de un directorio, que estaría conformado por funcionarios del municipio e integrantes del Concejo Deliberante.
“La sociedad de Estado permitiría que la Municipalidad tenga el manejo de los costos de la recolección y se termine con el cuello de embudo que se ha venido formando con el esquema actual”, precisó el titular de Legal y Técnica, , para agregar que “lo que pretendemos es hacer un acuerdo integral, que permita parar la pelota y ver cómo realmente se puede pagar lo adeudado y lo que viene. No hay que olvidar que está en juego la salubridad de la población”.
Por mes $27.000.000
El costo actual de la recolección de residuos es de $27.000.000 mensuales, y del último periodo se adeuda los meses de julio a diciembre de 2019.
El valor del servicio se ajusta trimestralmente a través de una fórmula polinómica que tiene en cuenta la inflación, y la próxima suba será en febrero.
En la complicada coyuntura actual, el municipio viene haciéndole entregas parciales a la empresa recolectora, por servicios que se cumplieran en julio del año anterior.
Se explicó que en el pasado mes de diciembre ingresaron a las arcas comunales $90.000.000, mientras que el gasto en ese periodo, sólo por sueldos, aguinaldos del personal y recolección de residuos ascendió a $147.000.000. Un déficit que es necesario revertir cuanto antes, para que no se vaya aculando y termine de asfixiar a la economía de la comuna.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se aprecia “la buena voluntad” por parte de la concesionaria para continuar con el servicio pese a la deuda, lo que podría quebrarse en el futuro. Por caso si los camioneros y recolectores se cansan de no cobrar en término y empiezan las medidas de fuerza.
A la espera de un fallo
Por otro lado, apenas culmine la actual feria judicial, a partir de febrero se espera que la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con sede en Mar de Plata, se expida sobre un pedido de embargo de las cuentas municipales que planteara meses atrás la empresa, en reclamo de una suma de $71.358.550, por el no cumplimiento por parte de la comuna de un convenio de 26 cuotas de $1.400.000 firmado en noviembre de 2017, para abonar la deuda acumulada por el servicio brindado en 2015-2016.
Va de suyo que en caso de un fallo en contra, la Municipalidad apelará la medida ante la Suprema Corte de la Provincia, dilatando el proceso.
No obstante en los pasillos de la comuna se reconoce que la empresa recolectora, que se encuentra en concurso preventivo, no podría seguir sosteniendo el servicio.
Vale aclarar que en el escenario actual ha aparecido en el escenario la recientemente aprobada emergencia económica de la comuna, que podría morigerar la sentencia.
Negligencia que se paga
Dentro de las particularidades que la nueva gestión ha hallado en materia de deudas, en los últimos días se conoció, por sentencia judicial, que la Municipalidad deberá abonar $2.400.000 por el alquiler de un inmueble de calle 56, entre 57 y 59, en el que funcionaran dependencias municipales.
Sucede que la propiedad fue desocupada por la comuna bastante tiempo atrás (rentó otro lugar), pero la llave de la misma nunca le fue entregada a su propietario, que apeló a la Justicia.
“Es llamativo la pasividad e irresponsabilidad con la que se manejó la Municipalidad en esto”, apuntó el titular de Legal y Técnica.
Se aclaró que a la semana de su asunción, las nuevas autoridades devolvieron formalmente la llave del inmueble.
