Crisis en Paraguay: rechazaron el pedido de Peña para postergar su defensa y avanza el juicio político

La crisis política que atraviesa Paraguay sumó este viernes un nuevo capítulo. La Cámara de Senadores rechazó el pedido del presidente Santiago Peña para disponer de 72 horas adicionales para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta por presunto mal desempeño de sus funciones. Con esta decisión, el proceso continúa y el mandatario fue convocado a presentarse ante el Congreso en un plazo de 30 minutos.

La votación terminó con 39 votos por el rechazo de la postergación, tres a favor, dos abstenciones y una ausencia, según informó el medio paraguayo ABC Color. La decisión se produjo luego de que Peña argumentara que había recibido el expediente acusatorio recién a las 22.15 del jueves, con un documento de 15 páginas y alrededor de 300 fojas de anexos, por lo que consideraba insuficiente el tiempo disponible para organizar su defensa.

El mandatario había solicitado formalmente una prórroga de 72 horas para revisar las acusaciones, reunir pruebas y preparar su estrategia jurídica. Sin embargo, el Senado decidió mantener el cronograma del juzgamiento.

Una renuncia que no logró frenar el juicio

El escenario político se había agravado el jueves, cuando Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio del avance de la acusación impulsada por la oposición y de las tensiones dentro de su propio espacio político.

Sin embargo, su salida no llegó a concretarse. Una sesión del Congreso convocada para tratar la dimisión quedó sin quórum, luego de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto. De esta manera, la renuncia no fue aceptada y Peña continúa formalmente al frente del Poder Ejecutivo mientras avanza el juicio político.

La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación contra el mandatario, que luego fue trasladada al Senado, encargado de actuar como tribunal y resolver si corresponde su destitución.

El proceso contempla cinco ejes centrales: los presuntos vínculos económicos de Peña con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank; designaciones cuestionadas en organismos de control; modificaciones normativas vinculadas con las inversiones; la concentración de fondos públicos y previsionales en la entidad financiera; y las advertencias sobre posibles irregularidades que, según los acusadores, no habrían recibido una respuesta adecuada.

El escándalo de Ueno Bank, en el centro de la crisis

El origen de la tormenta institucional está en la situación de Ueno Bank, una entidad financiera cuya intervención fue dispuesta por el Banco Central del Paraguay el pasado martes 3 de noviembre, luego de detectar graves problemas de solvencia.

El organismo regulador advirtió que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.

La medida generó preocupación entre millones de usuarios que quedaron con dificultades para acceder a sus depósitos. Se estima que la entidad tenía alrededor de 2,9 millones de clientes y administraba importantes fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo encargado de la seguridad social y las jubilaciones paraguayas.

Según datos difundidos por Associated Press, los fondos públicos depositados en Ueno rondaban los 800 a 850 millones de dólares, de los cuales unos 380 millones correspondían al IPS.

La situación también derivó en protestas en Asunción, reclamos de los ahorristas y una fuerte presión sobre las autoridades para garantizar la devolución del dinero.

Los vínculos de Peña y las investigaciones judiciales

Uno de los principales cuestionamientos contra el presidente está relacionado con sus anteriores vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, conglomerado asociado a Ueno Bank. Peña había tenido participación accionaria en el holding y vendió sus acciones en marzo de 2025.

Los acusadores también ponen bajo la lupa el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central, debido a sus antecedentes profesionales vinculados al sector financiero cuestionado, y la colocación de fondos públicos en la entidad.

En paralelo al juicio político, la Fiscalía paraguaya abrió investigaciones penales vinculadas con el caso. Una de ellas apunta directamente a Peña por la presunta comisión de lesión de confianza, mientras que otras actuaciones involucran al ex CEO y a otros directivos de Ueno Bank.

Cinco exdirectivos de la entidad fueron enviados a prisión preventiva, mientras que otras dos exdirectivas recibieron prisión domiciliaria. Las investigaciones también avanzan sobre posibles irregularidades en operaciones financieras y el manejo de recursos.

Es importante distinguir ambos procedimientos: el juicio político es una instancia institucional que puede derivar en la destitución del presidente, mientras que las investigaciones penales buscan determinar si existieron delitos y quiénes serían sus responsables.

¿Qué puede pasar ahora?

La definición está en manos del Senado paraguayo. Para destituir a Peña se necesitan 30 votos sobre un total de 45 senadores.

El resultado también tiene consecuencias sobre su situación judicial: si renunciara y su dimisión fuera aceptada, podría acceder a la condición de senador vitalicio, que le otorga fueros. En cambio, una destitución mediante juicio político lo dejaría sin esa condición y podría facilitar eventuales investigaciones judiciales en su contra.

Mientras tanto, Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis políticas y financieras recientes, con los ahorros de miles de ciudadanos en el centro del conflicto y un presidente que intenta sostener su defensa mientras se define su continuidad en el poder.