Cuando el olor a carne asada invade el espacio público
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Con la llegada del buen tiempo, empiezan a multiplicarse los puestos de choripanes que conllevan dudosos controles bromatológicos sobre los productos que se venden en diferentes espacios públicos, especialmente en los más estratégicos.
La anomia que genera la aparición de vendedores de este rubro da cuenta, tal vez, de la falta de trabajo formal que existe en el distrito y, por supuesto, en el país. Personas de distintas edades, la mayoría hombres, tratan de buscar una salida laboral y la instalación de los puestos de choripanes evidentemente aparece como una opción. Sin embargo, no son emprendimientos que puedan llevarse a cabo de cualquier manera y en cualquier lugar y, en estos casos, el Estado tiene que estar presente.
¿Qué tipo de controles bromatológicos reciben los puestos de choripanes? ¿Quién controla que se respete la cadena de frío de la mercadería? ¿Qué tipo de equipamiento tienen en los puestos? ¿Cuentan con heladera? En más de un caso, se han visto solo pequeñas heladeras de camping. Las personas que allí se desempeñan, ¿realizaron los cursos de manipulación de alimentos que se les exigen al resto de los locales gastronómicos? Y así podríamos seguir preguntándonos sobre decenas de requisitos que se les exigen a otros y, en este caso, todos miran para otro lado. Y hablamos de lugares para lavarse las manos, de baños para ellos mismos que pasan horas en los puestos y sigue la lista…
Algunos de los puntos fijos de choripaneros, que cuentan con sillas y sombrillas, con una buena demanda de arriesgados consumidores los hemos visto en: 59 y 50; 59 y 42; 10 y 89 ; 4 y 89; 42 y 75 y algún otro que pueda escapar de esta nota, sin mencionar los de Quequén. Quizás tengan algún permiso precario para funcionar, pero ¿se cumplen las normas de seguridad alimentaria? ¿Tienen controles periódicos como el resto de los comercios?
Sin lugar a duda no se puede aducir que estos puestos sean una competencia gastronómica hacia quienes tiene un local instalado, cumpliendo con todas las normas de rigor para habilitar un local de parrilla y derivados, pero sin en lo que se refiere al privilegio que gozan de usar nada menos que el espacio público sin tener que pagar decenas de tasas, impuestos, entre otros gastos que implican tener un negocio abierto. En el caso de los choripaneros, no hay nada ni siquiera un canon por el uso de estos lugares tan bien ubicados comercialmente.
A la competencia desleal, desde el punto vista tributario, debemos agregar la falta de controles alimentarios a la que se le suma la desprolijidad que presentan este tipo de precarios puestos en el medio de una avenida. Se genera basura en el lugar, no solo por parte de quienes venden sino la mayoría de las veces por parte de quienes compran que dejan papeles tirados, botellas o simplemente suciedad.
La venta de comidas rápidas en parques y paseos es una costumbre que se ve en todas las ciudades del mundo, pero nada que ver con este tipo de asentamientos. Hay que buscar la forma de regular su funcionamiento, lo que implica controles bromatológicos, lugares específicos donde puedan establecerse y sitios que contemplen determinado equipamiento y características de tipo estético. Intentar no cuesta nada; solo que es probable que el negocio deje de ser rentable cuando aparecen los controles.
No se puede permitir cualquier cosa en cualquier lugar, mucho más si lo que se permite tiene que ver con el consumo de alimentos porque, su mala manipulación, genera un riesgo para quienes los consumen. Y es el Estado municipal, en este caso, quien debe ocuparse de que lo que se venda esté en condiciones óptimas para comer. La duda nos sigue rondando: ¿se estará ocupando o el próximo choripanero se instalará en 59 y 62?