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    Cuando las normas de tránsito parecen ser optativas

    Las estadísticas de infracciones revelan una realidad que excede la capacidad de respuesta municipal. El problema no está solamente en los controles, sino también en una sociedad que parece haber naturalizado el incumplimiento de las reglas más elementales

    17 de noviembre de 2026 | 22:43
    Cuando las normas de tránsito parecen ser optativas
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    Por Jorge Gómez

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    Para Ecos Diarios

     

    Hay problemas que una comunidad no puede resolver solamente con más inspectores, nuevas ordenanzas o multas de valores cada vez más elevados. El tránsito es uno de ellos. Necochea y Quequén ofrecen suficientes ejemplos cotidianos para advertir que estamos frente a una cuestión que excede la discusión sobre la cantidad de operativos municipales o la presencia de agentes en las calles.

    Basta observar una avenida, una esquina transitada o las inmediaciones de una escuela para comprobar que las normas parecen haber perdido su condición de obligatorias. Cada uno interpreta qué puede hacer, qué le conviene respetar y qué considera permitido incumplir porque, total, no va a pasar nada.

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    El problema es que pasa. Y cuando ocurre, muchas veces las consecuencias son irreversibles. Las cifras conocidas en la Dirección de Tránsito deberían hacernos pensar. No son simples números administrativos. Reflejan comportamientos que se repiten en nuestras calles y ponen en riesgo vidas.

    En lo que va de 2026 se labraron más de 2.300 infracciones por utilizar el teléfono celular mientras se conduce. También se registraron más de 970 por circular sin seguro, más de 870 por carecer de licencia habilitante y otras 450 por irregularidades en la documentación de los vehículos. Es difícil leer semejantes registros sin preguntarnos qué está pasando.

    El uso del celular al volante merece una consideración especial. Se ha convertido en una compañía casi inseparable para una parte importante de quienes conducen. Miramos un mensaje, contestamos una llamada, revisamos una notificación o creemos que podemos resolver algo rápidamente mientras seguimos avanzando. Son apenas unos segundos, nos decimos, pero alcanzan para recorrer una distancia considerable sin prestar atención a lo que sucede delante nuestro.

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    Las más de 2.300 infracciones deberían terminar con cualquier intento de relativizar el problema, aun sin contar lo que los inspectores no alcanzan a advertir. En calles compartidas por vehículos y peatones, distraerse puede convertirse en una tragedia. Conducir también exige anticiparse a los movimientos ajenos, respetar prioridades y comprender que la calle no es de uso exclusivo.

    El crecimiento del parque automotor también forma parte del escenario. La estimación que maneja el área municipal ronda las 60.000 unidades entre automóviles, camionetas y otros vehículos. A eso se suma una cantidad importante de motos, cuyo número resulta más difícil de establecer, pero que, según la apreciación del director de Tránsito, Sergio Nicolás, podría acercarse a una por vivienda.

    Es mucho movimiento para una comunidad que debe distribuir sus recursos de control en un territorio amplio, con Necochea, Quequén y las localidades del distrito. Pero el volumen de vehículos no explica por sí solo el desorden. Una ciudad puede tener más automóviles, motocicletas y circulación sin que sus calles se conviertan necesariamente en un ámbito de permanente confrontación.

    Los datos sobre seguros y licencias son particularmente preocupantes: más de 970 infracciones por falta de cobertura y otras 870 por no contar con licencia habilitante en lo que va del año. Son personas que salen a la calle sin cumplir dos condiciones elementales para circular.

    El seguro no es un trámite burocrático. Protege al conductor, a sus acompañantes y a terceros damnificados en un accidente. La licencia tampoco es un papel para evitar multas, sino la acreditación de que una persona está habilitada para conducir.

    Hacemos los trámites, rendimos los exámenes teóricos y prácticos, obtenemos el carnet y después, al salir a la calle, muchas veces actuamos como si todo aquello hubiera sido apenas una formalidad. También se repiten irregularidades administrativas: vehículos que circulan sin haber completado su transferencia o con documentación incompleta, situaciones que pueden terminar involucrando incluso a personas que ni siquiera conducen esos automóviles.

    El ruido de las motos con escapes modificados ha sido durante años uno de los reclamos más insistentes de los vecinos. Hubo épocas en las que las aceleradas y los cortes se escuchaban de manera permanente, particularmente durante la noche y en determinados sectores de la ciudad.

    Los secuestros de escapes muestran una disminución: 163 en 2024, 147 en 2025 y 88 hasta fines de octubre de este año. Además, en 2024 se compactaron 370 escapes acumulados en el predio municipal. Hubo controles y algunas conductas se redujeron, aunque el problema persiste.

    La reciente ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, que eleva considerablemente las multas para quienes realizan estas modificaciones y provocan ruidos molestos, vuelve a colocar el tema en discusión. La intención de desalentar esas prácticas es comprensible. Sin embargo, aumentar los valores de las sanciones no garantiza, por sí mismo, un cambio de comportamiento.

    Hay, además, una advertencia que merece ser considerada. Cuando la multa supera ampliamente el valor del vehículo, el infractor puede optar por no retirarlo. Y si la deuda queda vinculada a su licencia, podría evitar renovarla y continuar circulando sin habilitación.

    En el predio municipal hay 488 motos y 153 automóviles en condiciones de ingresar en un proceso de compactación. El año pasado se compactaron 500 motos y 165 autos. Muchos quedan abandonados porque sus propietarios no regularizan la situación o porque las deudas hacen inviable recuperarlos.

    También están los padres que estacionan en doble o triple fila frente a las escuelas; automovilistas que no respetan prioridades; motociclistas que cruzan sin disminuir la velocidad; repartidores apurados y ciclistas que circulan en contramano o realizan maniobras peligrosas.

    El padre tiene apuro porque llega tarde. El repartidor necesita entregar el pedido. El motociclista considera que puede pasar porque no viene nadie. El automovilista mira el celular porque supone que no habrá consecuencias. Así vamos construyendo una convivencia vial en la que cada cual intenta imponer su propia urgencia.

    El caso de los repartidores merece una mirada particular. Son trabajadores que cumplen una tarea y muchas veces desarrollan su actividad bajo la presión del tiempo. Pero esa condición no los exime de respetar las normas. Algo similar ocurre con adolescentes que circulan en grupo, en contramano o levantando la rueda delantera en arterias transitadas. También corresponde interpelar a los padres: deben enseñarles que la calle no es un lugar para probar destrezas que pueden terminar en un accidente.

    La Dirección de Tránsito cuenta con casi 40 inspectores distribuidos en tres turnos y dispone actualmente de dos camionetas operativas, mientras procura recuperar una tercera. Debe atender dos ciudades, con movimiento las 24 horas y situaciones distintas según el horario y el sector.

    Un inspector en cada esquina sería imposible, aun multiplicando los recursos. Eso no habilita al Estado a desentenderse, sino que debe fiscalizar, prevenir, educar y sancionar cuando corresponda.

    Tampoco alcanza con reclamar más controles cuando, al mismo tiempo, una parte de la sociedad hace todo lo posible por evitarlos o considera que las normas sólo deben cumplirse cuando hay un inspector cerca.

    La educación vial en las escuelas, las charlas para quienes obtienen su primera licencia y las campañas de prevención son necesarias. Pero pierden sentido cuando el conductor desatiende las recomendaciones apenas obtiene el carnet. Hasta el cartel de principiante, obligatorio durante los primeros seis meses, parece un elemento decorativo que casi nadie utiliza.

    El tránsito no es un problema exclusivo de los funcionarios ni se soluciona descargando la culpa sobre los inspectores, que muchas veces afrontan tensiones, insultos y hasta agresiones mientras trabajan. Y no mejorará sólo con más multas o inspectores. Lo hará cuando entendamos que respetar las normas no es una concesión al municipio ni una obligación que cumplimos por temor a una sanción.

    Es, sencillamente, una manera de cuidar nuestra propia vida y la de los demás. Quizás la pregunta que deberíamos hacernos antes de salir de casa no sea dónde están los inspectores, sino qué estamos dispuestos a hacer nosotros para que nuestras calles sean un lugar más seguro.

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