Declaran inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario
El juez Martín Cormick anuló las restricciones impuestas por el Gobierno nacional a la Ley 27.795 y ordenó su cumplimiento inmediato tras el rechazo del veto presidencial.
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El juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró este martes 6 de octubre la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo la aplicación inmediata de la norma.
La resolución resuelve el amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a un grupo de universidades y docentes, además de la causa acumulada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo invalida la mención incluida en el decreto que condicionaba la ejecución de la ley a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, la cual establece que toda norma que disponga gastos debe prever su financiamiento.
En su escrito, el juez consideró que, tras el rechazo del veto presidencial con mayorías agravadas en el Congreso, al presidente Javier Milei solo le restaba promulgar la ley sin restricciones. El magistrado calificó el accionar del Gobierno como un
mecanismo extraconstitucional y una forma de bloqueo no contemplado en la Carta Magna
.
El fallo subraya que el artículo 9° de la ley brindaba los criterios y recursos adecuados para que el Ejecutivo redistribuyera los presupuestos necesarios para su implementación. Asimismo, el magistrado recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la ley para 2025 representaba solo el 0,23% del PBI.
La norma, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, busca la recomposición del presupuesto universitario frente a la inflación, la actualización de salarios docentes y no docentes, y el financiamiento de becas e investigación. Cabe recordar que esta decisión de primera instancia se suma a un proceso judicial previo donde, en junio, la Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario del Estado, manteniendo el caso actualmente en etapa de ejecución.
