Defensoría pide leyes para evitar persecución a consumidores de marihuana
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La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó que se dicten leyes para evitar la persecución a consumidores de cannabis al alertar sobre la alta cantidad de procesos judiciales iniciados contra quienes son detenidos con pequeñas dosis para uso personal.
El pedido se apoya en un informe realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, referido al incremento de denuncias en los últimos dos años sobre requisas y aprehensiones arbitrarias en la vía pública y posteriores traslados a dependencias policiales por tenencia de estupefacientes para consumo personal.
«Según el trabajo, casi la totalidad de los procedimientos se realizaron en la vía pública y fueron víctimas jóvenes que, por su apariencia física, aspecto o vestimenta, habrían sido sometidos a interceptaciones, cacheos y requisas personales, cuyo resultado fue el secuestro de ínfimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana, que estaban destinadas al consumo personal en ámbitos privados», señaló Defensoría en un comunicado.
Asimismo, detalló que las estadísticas disponibles del Ministerio Público bonaerense señalan que la «judicialización pegó un salto en 2018: casi el 29% del total de causas por violación de la Ley de Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal».
«Hubo 6.634 causas más en toda la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se tuvieron que destinar recursos humanos y económicos del Poder Judicial y de las fuerzas policiales», advirtió la Defensoría provincial.
El organismo asegura que «si se tiene en cuenta el cálculo realizado por el juez de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, la tramitación de cada una de estas causas le genera al Estado un costo no inferior a los 10 mil pesos». «Por lo tanto, si sólo se toma como referencia la cantidad de causas registradas en 2018 por tenencia para consumo, el gasto anual ascendería a los 183 millones de pesos», indica.
En este marco, la Defensoría planteó una serie de propuesta: modificar la Ley de Estupefacientes para evitar la persecución judicial de usuarios y cultivadores; revisar la Ley de Desfederalización Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, y declarar la emergencia en materia de adicciones en todo el país.
«Es necesario avanzar hacia una actualización de las normas para que los consumidores dejen de ser criminalizados, y que tengan el derecho de poder realizar una actividad que forma parte de su cultura y de su estilo de vida, con reglas claras y sin perjudicar a otras personas, incluso como forma de contrarrestar los mercados ilícitos y sus consecuencias», puntualizó Lorenzino.
En los últimos días, el Colectivo de Salud Comunitaria y Cultivo de Cannabis La Semilla y la asociación de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico (Procannt) habían el accionar «sistemático» del fiscal Mauricio del Cero, del departamento judicial de Bahía Blanca, contra cultivadores solidarios y usuarios de cannabis medicinal, al conocerse un nuevo allanamiento a una usuaria de la localidad de Darregueira.
