Detuvieron al exgobernador Sergio Urribarri luego de confirmarse su condena por corrupción
Fue trasladado desde Concordia a la cárcel de Paraná. El Tribunal que entiende en su caso desestimó el pedido de prisión domiciliaria por razones de salud que había presentado su defensa
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El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido en la noche del viernes y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná para empezar a cumplir la condena a ocho años de prisión por corrupción que quedó firme esta semana, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado. La orden alcanzó también a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y al exministro de Comunicación de su gobierno, Pedro Báez.
Horas antes del traslado, la defensa había intentado frenar el ingreso a la cárcel con un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud. El Tribunal de Juicio lo rechazó por "improcedente" y sostuvo que, al tratarse de una condena firme, esa definición ya no le corresponde a ese cuerpo sino a la Justicia de Ejecución de Penas.
Un traslado de casi cuatro horas y un ingreso de madrugada
El operativo se desató el viernes por la noche. "Los están yendo a buscar a todos ahora, viernes por la noche", confirmó a Infobae una fuente con acceso directo al expediente. El Tribunal de Juicio que los condenó dispuso que los tres comenzaran a cumplir la pena en la Unidad Penal N°1 de Paraná (UP1).
Efectivos policiales buscaron a Urribarri en su domicilio de Concordia y lo trasladaron hacia la capital provincial. Entre ambas ciudades hay 280 kilómetros, un trayecto que por el estado de la ruta demanda cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penal se concretó en la madrugada.
La cárcel de Paraná era una de las tres opciones que se barajaban para su alojamiento. Las otras alternativas eran la UP3 de Concordia y la colonia penal de Gualeguaychú.
El "no" a la prisión domiciliaria
Con el fallo ya firme, la defensa técnica intentó una maniobra de último momento para evitar que el exgobernador terminara tras las rejas. El planteo, a cargo del abogado Leopoldo Cappa, pidió que se suspendiera la ejecución de la condena y que Urribarri quedara en su casa con control electrónico.
El argumento fue el estado de salud mental del condenado y la necesidad de preservar su integridad psicofísica. Según la presentación, el exgobernador se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde diciembre de 2025 y cuenta con una certificación médica que señala un cuadro de trastorno de estrés postraumático. La defensa sostuvo que alojarlo en un establecimiento penitenciario común resultaría incompatible con ese diagnóstico y podría agravarlo.
La postura de la Fiscalía y la resolución del Tribunal
La Fiscalía se opuso. Los acusadores públicos Patricia Yedro y Gonzalo Badano rebatieron el pedido con razones formales: plantearon que la suspensión de la ejecución de la condena es un instituto "inexistente" y que, con sentencia firme, no es el Tribunal de Juicio sino el Juzgado de Ejecución de Penas quien debe definir cómo se cumple la detención.
El Tribunal —integrado por los jueces Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara— le dio la razón a los fiscales y calificó el pedido de "improcedente". Sostuvo que, al tratarse de una condena firme, será el Juzgado de Ejecución de Penas el que deberá resolver eventualmente bajo qué modalidad se cumple la sentencia. El planteo similar presentado por la defensa de Báez corrió la misma suerte
De todos modos, los magistrados dispusieron que el área de Sanidad del Servicio Penitenciario realice un examen exhaustivo de los condenados al momento del ingreso y ordenaron garantizar "la continuidad de los tratamientos y provisión de la medicación prescripta" y el traslado a centros hospitalarios en caso de ser necesario.
Cómo llegó la condena firme
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo de primera instancia fue confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y luego el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.
El desenlace llegó esta semana. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa por considerarlo inadmisible, y la misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados. La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La causa había sido abierta por la exfiscal anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche. Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares, maniobra en la que apareció favorecido su cuñado, Juan Pablo Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y de cartelización para captar los fondos de la pauta oficial en vía pública.
La pata marplatense de la causa
El expediente tiene un capítulo con sello local. Entre las maniobras investigadas figura el montaje de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de 14 millones de pesos de entonces. También se investigó la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014, orientados a promover la postulación de Urribarri a la presidencia en 2015.
Urribarri gobernó Entre Ríos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. Luego fue legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022.
Aguilera, Báez y el antecedente de 2024
La orden de detención no fue solo para el exgobernador. Alcanzó también a Juan Pablo Aguilera, su cuñado, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación durante su gestión, ambos condenados a seis años y medio de prisión en la misma causa. Los tres quedaron alojados en la UP1 de Paraná.
No es la primera vez que Urribarri pasa por una situación así. Ya había estado detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga, medida que fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano. En aquella oportunidad, debió viajar acompañado por un cardiólogo tras sufrir un pico de tensión al conocer la noticia de su detención.
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