Disuelven por decreto la Unidad Especial de Investigación que ayudó a recuperar nietos desaparecidos
Según el Gobierno, la UEI “tenía acceso irrestricto a información directa del Poder Judicial de la Nación”, entre otras cuestiones que contravenían artículos de la Constitución. Abuelas había advertido hace meses de la medida.
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El Gobierno ordenó disolver, a 20 años de su creación, la Unidad Especial de Investigación (UEI) que tenía como objetivo la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar y funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). De esa forma, concretaron una medida que venía siendo anunciada, y combatida, por Abuelas de Plaza de Mayo desde hace varios meses.
Mediante el decreto 727/2024, el presidente Javier Milei suprimió la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Según el texto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el motivo de su derogación se sustenta en que la unidad tenía “acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”. En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que “violentan nuestro régimen constitucional”.
A continuación, se apunta que “corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial” y que por tal motivo se creó “en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado””.
La UEI tenía como objetivo fortalecer la labor de la Conadi mediante la búsqueda de hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio, y así poder restituir su identidad. De esta manera, la Unidad Especial de Investigación, con la autorización del Poder Ejecutivo, podía investigar y acceder a archivos públicos.
Derecho a la intimidad
El decreto, por otra parte, pone en cuestión la presunta vulneración de derechos constitucionales “como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos”.
En ese sentido, se afirma que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación “contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias”.
Rechazo de Abuelas
En junio, las Abuelas de Plaza de Mayo habían expresado su rechazo a la medida que, hasta entonces, era evaluada por el Gobierno. En ese sentido, señalaron que “la eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la Justicia y un gasto para el Estado”.
“Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Conadi, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas”, aseguraron.
A principios de julio, en una de sus tradicionales marchas de los jueves, se leyó una declaración de Abuelas que decía: “Volvemos aquí, a nuestro lugar de protesta, donde nos ayudamos entre nosotras, con la lucha de casi 50 años a cuestas por nuestros desaparecidos, por nuestros bebés robados, con el corazón abierto, sin violencia, porque el Gobierno nacional está destruyendo todo lo que hemos construido para esta búsqueda”.
“Las políticas de derechos humanos de la Argentina son admiradas por todo el mundo, que nos ve como un país que pudo acceder a la verdad con juicios ejemplares, con campos de concentración convertidos en espacios para la memoria, para educar a las nuevas generaciones en los valores democráticos y para que los crímenes atroces cometidos por el Estado terrorista no se repitan”, añadía el texto, y destacaba: “Ningún gobierno democrático, hasta hoy, puso en cuestión la búsqueda de niños y niñas desaparecidas”.
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