La semana que pasó dejó en claro que cuando las instituciones del Estado trabajan de manera coordinada, los resultados no tardan en llegar. Necochea y Quequén fueron escenarios de dos operativos contundentes que desarticularon redes ilegales asociadas al uso indebido de motocicletas, una problemática que, aunque conocida, había ganado terreno en los últimos años bajo distintas formas: desde las “picadas” ilegales hasta los desarmaderos clandestinos, muchas veces relacionados, como lo revelaron estas intervenciones, con el narcotráfico.
Todo comenzó con una causa por lesiones leves, un expediente casi de rutina para la Fiscalía local, al menos en los papeles. Pero lo que parecía un hecho menor, terminó por abrir una “caja de Pandora”. En una vivienda allanada por orden judicial, los efectivos de la Policía Bonaerense hallaron un desarmadero ilegal en plena actividad.
No sólo encontraron más de media docena de motocicletas desguazadas y decenas de motopartes, sino que también se toparon con casi siete kilos de marihuana fraccionada y lista para su distribución, además de plantas de cannabis de considerable tamaño y elementos de precisión utilizados para el pesaje.
El aprehendido, un joven de 28 años, enfrentará cargos no sólo por el hecho inicial que motivó el procedimiento, sino también por violar las leyes que regulan el desarmado de automotores y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Para la Justicia, este hallazgo es clave. Primero, porque muestra que el delito raramente se manifiesta de forma aislada. Las actividades ilegales suelen entrelazarse en tramas más complejas donde el robo de vehículos, la falsificación de documentación, el narcomenudeo y la utilización de los mismos rodados en delitos callejeros (o en las picadas mismas) forman parte de un ecosistema que, si no se interviene, crece con total impunidad. Y segundo, porque deja en evidencia que todavía hay focos de ilegalidad instalados en la trama urbana de la ciudad que requieren de vigilancia, inteligencia criminal y decisión política para ser desmantelados.
En un operativo de proporciones aún mayores, y con un importante nivel de planificación, la policía llevó adelante el allanamiento de 12 domicilios en simultáneo, tanto en Necochea como en Quequén. El blanco fueron grupos de jóvenes que organizaban y participaban en picadas ilegales, una modalidad de competencia callejera sobre ruedas que combina ilegalidad, imprudencia, ruido, peligro y, en más de una ocasión, tragedia.
El saldo fue contundente: seis detenidos, 20 motocicletas secuestradas, varias con pedido de captura por robo y al menos una con los números de motor y chasis adulterados. Esto último no es un dato menor. Las motos robadas no sólo se utilizan en picadas: también en arrebatos, delitos exprés o para ser revendidas como partes. Es decir, el fenómeno de las picadas es solo la punta del iceberg de una actividad delictiva más amplia y más estructurada.
Lo más destacable de este procedimiento, se podría decir, fue la articulación entre distintas áreas del Estado. No solo actuó la policía, sino también inspectores municipales y representantes de la Justicia, quienes acompañaron cada uno de los pasos de los operativos.
Durante mucho tiempo, la sociedad naturalizó las picadas ilegales como si fueran parte del “folklore juvenil” necochense. Esa idea romántica del joven temerario, con la moto libre por la avenida y el escape modificado, dejó de tener gracia cuando los accidentes fatales comenzaron a acumularse: el año pasado, justamente, fue un punto de inflexión; cuando los ruidos ensordecedores no dejaban dormir a los vecinos; o cuando los peatones y ciclistas pasaban a ser víctimas colaterales de estos desbordes.
Si bien en un comienzo la respuesta del Estado pareció insuficiente, en los últimos meses, en particular con la nueva gestión policial y el trabajo más coordinado, comenzó a verse un pequeño cambio de actitud.
Los operativos que desbarataron estos focos de ilegalidad son un ejemplo de que el trabajo conjunto da frutos. También son un llamado a no bajar los brazos. Porque la erradicación de las picadas ilegales, como de cualquier práctica delictiva, no se logra con una acción aislada ni con titulares. Se necesita continuidad, presencia, recursos, apoyo político y también un cambio cultural.
Si bien todo comenzó con la intención de evitar o erradicar, en el mejor de los casos, con las “picadas ilegales”, la realidad es que la droga también forma parte importante de la cuestión a resolver por el Estado todo.
Lo que se logró esta semana en Necochea no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Los operativos fueron exitosos, sí, pero hay que reconocer que responden a una problemática que aún está muy lejos de haber sido resuelta. Las picadas ilegales seguirán existiendo mientras haya demanda, mientras el riesgo sea percibido como una hazaña, mientras haya motos sin control circulando libremente por las calles.
Es allí donde el rol del Estado se vuelve irremplazable. La capacitación de los agentes de tránsito, la inversión en cámaras de monitoreo, el cruce de datos entre dependencias, el endurecimiento de sanciones y la participación ciudadana como aliada en la denuncia y la prevención son herramientas clave para dar esta batalla.
También es necesario repensar el vínculo de los jóvenes con el espacio público. El motociclismo no es un delito en sí mismo. Al contrario, es una pasión que puede canalizarse positivamente. Pero para eso hace falta crear espacios legales, seguros y regulados donde se puedan realizar competencias o encuentros, como se ha hecho en otras ciudades. Porque el problema no es la moto, sino el uso irresponsable e ilegal que se hace de ella.
Los operativos de esta semana deben leerse como un mensaje claro: Necochea se encuentra en la búsqueda de eliminar las picadas ilegales, los desarmaderos clandestinos y el narcotráfico asociado. La sociedad exige respuestas y las autoridades, en esta ocasión, han comenzado a darlas.
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