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    El chico agonizaba y esposado lo llevaron al Hospital Irurzun

    17 de agosto de 2020 | 21:28
    El chico agonizaba y esposado lo llevaron al Hospital Irurzun
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    “Esto demuestra el exceso de poder”, según el representante del particular damnificado, quien pidió ampliar la imputación

     

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    “La presencia del objeto de reducción de movilidad del aprehendido en el contexto de muerte del mismo, evidencia la presencia de una desproporción en los medios empleados por la fuerza de seguridad”, sostuvo el abogado Sebastián barletta.

    El letrado representa a la familia de Suárez y reconoció que esta situación de trasladar esposado al chico que agonizaba esa madrugada del 6 de diciembre de 2014, “corrobora que el exceso de poder está presente en cada acto o conducta del efectivo policial actuante”.

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    Barletta pretende instar la ampliación de la requisitoria de juicio en contra de los imputados Yanina Mohana, Héctor Allamanla, Fernando Pérez Zenatti y Matías Larrea, quienes están acusados por la Fiscalía Nº 20 de los delitos de “homicidio culposo y severidades”.

     

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    Calificación más gravosa

    El abogado particular considera que con los análisis de los elementos de prueba actualmente obrantes en la causa, es posible inferir que los hechos investigados son susceptibles de recibir una calificación legal más gravosa que la elegida hasta el momento.

    El representante del particular damnificado entiende que hay evidencias “de torturas seguidas de muerte, prevista y sancionada por el los art. 144 bis inc. 2º en función del art. 142 inciso 3º y 90 del Código Penal provincial”.

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    El cambio de calificación propuesta por los hechos acaecidos, permitiría ampliar la investigación de lo ocurrido hace ya más de cinco años en el interior de la Comisaría Segunda, tras la aprehensión de Michel Suárez.

     

    Conocer la verdad

    “Por este motivo, dado que el momento más próximo de ampliación de las imputaciones en cuestión será la del debate oral, la decisión de comenzar un juicio en una instancia correccional no sólo limita desde su origen una hipótesis investigativa, sino que además puede generar un dispendio de recursos estatales y retrasar el derecho de las víctimas de conocer la verdad y acceder a la justicia”, consideró Barletta.

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