Once concejales votaron un nuevo cargo, el Defensor del Pueblo
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Hubo un extenso debate, con dos posturas diferentes. Se dividió el voto de Cambiemos
Tras un extenso debate, donde hubo diferentes posiciones, en la noche de ayer, en el Concejo Deliberante se aprobó por mayoría simple la creación del “Defensor del Pueblo y Transparencia Administrativa”.
Fue más que polémica esta, cuestionada, designación donde se notaron dos posturas bien marcadas, por lo cual la votación fue muy reñida, porque se aprobó con el voto favorable de once concejales, los integrantes del Frente renovador, UCR, el Frente Vecinal Necochea y dos de Cambiemos PRO. Mientras que se opusieron los bloque de Compromiso y Trabajo por Necochea, Unidad Ciudadana y de Cambiemos Fe /Pro.
En el debate, Diego López Rodríguez del Frente Renovador que defendió la creación del nuevo cargo señaló, que “esta figura tiene raigambre constitucional y viene de una tradición legislativa con el fin que el estado no avance sobre los derechos de los ciudadanos”. A lo que agregó a su vez Graciana Maizzani, de la UCR, que “va servir para traer transparencia a la administración pública”.
Asimismo se escucharon duras críticas de quienes se opusieron a dicho proyecto, cuando, Jorge Martínez del bloque de Compromiso y Trabajo por Necochea señaló que “se rompió la tradición de la mayoría agravada como dicen las normas que crearon las defensoría municipalidades o estamentos similares a este organismo. Es una falla grave que se suma a la falta de debate en comisión que tuvo el proyecto”. A raíz de esto solicitó el pase a comisión de esta iniciativa.
Por su parte, Hernán Trigo Gutiérrez del bloque Cambiemos Fe/ PRO se preguntó por las necesidades, y dijo que “no encuentro qué necesidades tiene el vecino para la creación de esto, hay muchos organismo para recibir las inquietudes”.
Ambos ediles se preguntaron si “estamos en condiciones de afrontar los gastos que ocasiona una Defensoría del Pueblo”.
Qué se creó
Esta Defensoría del Pueblo será un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional administrativa, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
Tendrá como función, según se indica, la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes del municipio de Necochea consagrados por la Constitución Nacional y Provincial frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal.
El resto de la sesión
En el primer expediente que se trató, se planteó una situación particular estaba inscripto en el orden del día con un nombre pero en verdad correspondía a otra despachado, por lo cual fue retirado de la sesión.
Luego, pasó a comisión la propuesta presentada por el concejal Alejandro Issin para crear el registro municipal de cámaras de seguridad privada, con captación de imágenes en la vía pública.
Además se aprobó la solicitud para que el departamento ejecutivo tome posesión de las tierras en Quequén de la estación de tren; esto fue propuesto por Eugenia Ruiz de Compromiso y Trabajo de Necochea.
Mientras que el bloque de Unidad Ciudadana presentó iniciativas avaladas por los ediles para que se muestre la preocupación por el cierre del Centro de Atención Localizada y otra que pide que el Ejecutivo solicite a las empresas eléctricas y de gas que no apliquen el aumento por un año. También se aprobó el proyecto para señalizar las veredas de las viviendas donde residieron los detenidos desaparecidos de nuestra ciudad.
En el inicio de la sesión se escucharon voces de dos bancas abiertas, la de Silvia Jensen, representante de la “multisectorial Necochea Quequén contra los tarifazos”, quien solicitó que se declare la emergencia tarifaria. La segunda a cargo de Demián Ledesma, secretario de la Asociación Bancaria de Necochea quien manifestó su preocupación por la derogación del régimen de regulación de caja de jubilaciones del personal del Banco Provincia.
Más alcances del nuevo cargo
Duración
El “Defensor del Pueblo y Transparencia Administrativa” ejercerá sus funciones por el término de cinco años y podrá ser reelegido una sola vez en forma consecutiva. Además percibirá idéntica remuneración a la de un concejal.
Artículo 9°: Son de aplicación al “Defensor del Pueblo y Transparencia Administrativa”, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial vigente en la Provincia de Buenas Aires y en la Ley Orgánica de las Municipalidades. –
Sin política
El “Defensor del Pueblo y Transparencia Administrativa” es incompatible con el desempeño de cualquier otro función pública o el ejercicio de la actividad comercial, laboral y/o profesional dentro y fuera del partido de Necochea, excepto la docencia, estándole asimismo vedada la actividad político partidaria como también la afiliación política, gremial o sindical.
Presupuesto
Los recursos para atender las erogaciones no podrá excederse del 5% del presupuesto asignado al Honorable Concejo Deliberante para cada ejercicio anual. O sea que en el acso de este año el presupuesto de la defensoría del pueblo municipal sería de poco más de $2.000.000.
Informe anual
El “Defensor del Pueblo y Transparencia Administrativa” deberá dar cuenta anualmente al Honorable Concejo Deliberante de la labor realizada mediante informe que se presentará el 15 de abril de cada año. Este informe debe contener el número y tipo de quejas presentadas, con detalle de aquellas que hubieren sido rechazadas y sus causales, de las que fueren objeto de investigación en curso, de las medidas adoptadas para su resolución y del resultado de las mismas.
Acciones
El “Defensor del Pueblo y Transparencia Administrativa” puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento o rectificación de los actos, hechos u omisiones de la Administración, de prestadores de servicios públicos o de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente de sus funciones y que sean susceptibles de afectar derechos y garantías e intereses individuales, difusos o colectivos.
