El Consejo de la Magistratura propuso 152 ternas de jueces en un año
:format(webp):quality(40)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2018/01/HyTmyTagf_930x525.jpg)
El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, destacó hoy que en un año propuso 152 ternas de jueces al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en distintos fueros judiciales, el triple que en las tres gestiones anteriores.
Además, dijo que espera poder concluir otro centenar de concursos durante 2018, también para cubrir vacantes en el Poder Judicial. «Con su actual composición, el Consejo de la Magistratura, elevó 152 ternas, cifra que supera las 45 que habían sido elevadas en los últimos tres años de la anterior gestión del cuerpo», subrayó Piedecasas.
El abogado detalló que actualmente hay 258 vacantes aproximadamente en el Poder Judicial nacional y federal, de las cuales 189 están en trámite en ese cuerpo. «La idea es bajar el porcentaje al 9 por ciento de cargos vacantes, lo que obligaría a elevar 100 ternas durante el 2018», aclaró en diálogo con la agencia de noticias Télam.
Mecanismo
De acuerdo con el mecanismo fijado por la Constitución Nacional en la reforma de 1994, el Consejo de la Magistratura es el encargado de realizar los concursos públicos para cubrir vacantes en la Justicia y, a la luz de sus resultados, debe elevar ternas de candidatos al Poder Ejecutivo que, a su vez, selecciona a uno de los ternados y pone su pliego a consideración del Senado.
El titular del Consejo de la Magistratura, abogado de la ciudad bonaerense de Rojas, señaló por otra parte que «se encuentra con el relevamiento terminado y los datos procesados» la auditoría sobre las causas por corrupción durante el período 1996-2016. «Toda esa información será publicada en un portal de datos abiertos, lo que se estima sucederá para fines de febrero», anticipó.
Causas en trámite
Piedecasas, quien representa a los abogados de provincias y fue presidente del cuerpo en 2016 y vicepresidente en 2017, precisó que esa auditoría mostró que hay en todo el país «un total de 2.264 causas en trámite» por corrupción.
De esas causas, precisó, «714 (31,53%) corresponden a juzgados bajo la órbita de la Cámara Federal porteña, mientras que 826 (36,48%) se tramitan en otros fueros federales y las restantes 726 «en tribunales orales y cámaras».
En cuanto a las causas concluidas, señaló que «son 6075 en el país, con excepción de la primera instancia de Capital Federal que en el período 2014-2016 arrojaría 1127».
Denuncias por mal desempeño
El Consejo de la Magistratura también es el cuerpo que recibe las denuncias contra los magistrados por mal desempeño de sus funciones, y en 2017 recibió 230. Dado que las denuncias tienen un plazo de tramitación de tres años, corresponde evaluar ese período para determinar cuántas terminaron en juicio político, explicó.
«En los últimos tres años se tramitaron cinco juicios políticos, de los cuales tres culminaron con renuncias (Raúl Reynoso; José Charlin; Néstor Montenzanti), una en absolución (Axel Lopéz) y una en destitución (el caso del ahora ex camarista Eduardo Freiler)», enumeró.
Otro punto destacado por Piedecasas fue la resolución 521/2017 que le puso límite a la actividad de los magistrados al fijar la edad jubilatoria en 75 años, con lo que se implementa la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el fallo «Schiffrin».
Reforma del Consejo
Este año el Consejo de la Magistratura también elaboró un proyecto de ley de reforma del propio cuerpo, que ya fue enviado al Congreso, para comenzar a ser tratado cuando el Poder Legislativo retome su actividad, luego de la feria judicial de enero.
Piedecasas destacó como un punto relevante de este proyecto el otorgar «mayor representación a los estamentos jurídicos, abogados; jueces y académicos» dentro del cuerpo, para garantizar «el equilibrio que la Constitución ha pretendido para el órgano».
El Consejo de la Magistratura está hoy compuesto por trece miembros, que pertenecen a los estamentos de jueces (4), abogados (2), académicos (1), legisladores de ambas cámaras (5) y Poder Ejecutivo (1).
El proyecto también busca elevar la cantidad de miembros a 16 y darle mayor presencia a los estamentos no políticos, como los abogados, aunque su debate, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración, quedó desacelerado.
