El contador de Cristina dijo que borró actas por orden de la ex Presidenta
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Víctor Manzanares está preso en Marcos Paz
Orgulloso de ser de Río Gallegos y asegurando que “nunca traicionaría a Santa Cruz”, Víctor Manzanares dejó de ser el contador de la familia Kirchner después de ocuparse de esa tarea desde el año 1976. Hace 30 días lo desvincularon.
Manzanares, hoy preso en el Penal de Marcos Paz, declaró en la causa Hotesur SA (firma dueña del Alto Calafate), y allí contó que modificó actas de la empresa con «liquid paper» por orden de Cristina Kirchner pero que nada “fue con un fin malicioso”. Se refirió a una «distancia física que tenía con la familia Kirchner”, una vez fallecido el ex Presidente y que desde entonces todo lo arreglaba con la ex Mandataria y su hijo Máximo.
«Más allá de estar detenido, me considero una persona con arraigo a mi tierra, puntualmente a Río Gallegos. La provincia de Santa Cruz me dio todo y jamás la defraudaría”, fueron las palabras iniciales de Víctor Manzanares durante su indagatoria ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
Allí contó que dejó de ser el contador de la familia Kirchner “hace aproximadamente 30 días y la documentación que obraba en mi poder la retiró un apoderado de ellos, a raíz de esa desvinculación”, indica en la declaración a la que accedió Clarín.
El ahora ex contador se encuentra preso desde mediados de año, acusado de obstruir a la Justicia después de indicar a los inquilinos de la familia Kirchner que depositen en una cuenta particular el dinero, cuando la empresa tenía un interventor judicial.
Trasladado desde el penal de Marcos Paz, Manzanares pasó casi inadvertido en medio de una convulsionada semana judicial. Su declaración pudo conocerse días después. En la misma explicó que el estudio contable del cual formó parte tuvo alrededor de 1000 clientes durante aproximadamente 50 años. «La familia Kirchner ingresó a su estudio en el año 76 o 77 como un cliente más. Kirchner había sido abogado de mi padre en algunas de sus firmas vinculadas con el rubro automotor. Desde los 14 años conozco a la familia Kirchner”, señaló.
Respecto a Hotesur SA dijo que su trabajo era de gran responsabilidad y consistía entre otras cosas, en “presentar documentación en la IGJ”: fue justamente la Inspección General de Justicia la que observó una gran cantidad de irregularidades en los libros societarios de la empresa dueña del hotel cuatro estrellas. Desligando responsabilidad sobre la toma de decisiones, añadió que “sólo recibía documentación de su cliente y se encargaba de liquidar impuestos”.
Con el fallecimiento de Néstor Kirchner el contador explicó que, para las cuestiones contables, tanto en lo personal como respecto de las empresas COMA SA, Hotesur SA y Los Sauces SA, él hablaba con “Cristina Fernández y Máximo Kirchner pero a su vez con los presidentes de los directorios, Sanfelice y Mercado (Hotesur SA y Los Sauces SA)”.
Los registros de las sociedades comerciales, como las actas y los libros societarios, deben ser presentados al Estado de forma obligatoria para que se pueda regular el buen funcionamiento de una empresa. Según la ley que rige a las sociedades comerciales, está prohibido enmendar, tachar o alterar esos escritos. Es justo lo que pasó con un acta de la empresa K.
En algunas de las actas con «liquid paper» se borró el nombre de Cristina Kirchner y se reemplazó por el de su hijo en letra cursiva. Se trata del acta de Asamblea del 26 de marzo de 2014 en la que se eligió, según el texto, un nuevo directorio del Alto Calafate, el diputado Máximo Kirchner avaló una enmienda en la fecha de un acta de directorio que, según allí se menciona, tuvo lugar el veinte de marzo de 2014. Pero ese día está sobreescrito a mano sobre liquid paper, sospecha la Justicia.
En este contexto contó que él era quién estaba a cargo del control y de la confección de los libros societarios y contables de Hotesur SA, «Las enmiendas con liquid paper fueron realizadas por mí, pero no obedeció a ningún error malicioso” y relató que Hotesur SA era una sociedad “cerrada y de familia” y que él confeccionaba las actas de rutina.
Luego del fallecimiento de Kirchner, colocó en las actas que concurrían Cristina Fernández, Florencia Kirchner y Máximo Kirchner. «(Romina) Mercado le acercó a Fernández los libros y vio esas actas e indicó que debía consignarse que concurría a esos actos Máximo Kirchner por sí y en representación de la sucesión de su padre” y que después de esa indicación “lo modifiqué”.
La justicia después que en otros documentos hubo firmas fraguadas. Son las actas de fecha 26 de febrero de 2012, las del 14 de marzo de 2013, y algunas páginas del libro de firmas de la sociedad Hotesur.
La Fiscalía le preguntó cuáles fueron y son los negocios que unieron y unen a la familia Kirchner y sus empresas con Lázaro Báez y sus empresas. Manzanares señaló que puntualmente, Valle Mitre fue locataria de la familia Kirchner. «Los bienes de la familia Kirchner fueron locados por Báez y recibió los contratos de alquiler para realizar la faz impositiva”.
Cuando se le consultó sobre los clientes de Hotesur SA, dijo que “no tuvo clientes, sino locatarios” y que ese rol “lo ocupó primero la empresa Valle Mitre SA y luego Idea SA (de Sanfelice). Reconoció que una vez terminada la relación comercial con Báez “disminuyeron los ingresos de Hotesur SA, porque bajó el valor locatario. Que en el caso de Idea SA el canon no era fijo sino variable, es decir Hotesur recibiría un porcentaje de la utilidad que arrojara”.
IDEA. S.A. pagó 100 mil pesos por mes más 10 por ciento de utilidades a Hotesur a partir de agosto del 2013 y hasta julio de 2014 con 90 días de gracia desde el arranque. El contrato confirmó la enorme reducción del alquiler del hotel Alto Calafate, que se experimentó en el 2013 cuando los Kirchner sacaron la administración a Valle Mitre de Lázaro Báez. Entre el 2009 y el 2013, Báez pagó aproximadamente 5 millones de pesos por año por ese mismo alquiler. El contrato señala que sólo cobran de Sanfelice 1.200.000 pesos por año.
La causa
Hotesur SA es la firma dueña del hotel Alto Calafate que -desde 2009 a junio de 2013- administró Lázaro Báez, acusado también en esta causa. Sólo por administrar el hotel, el dueño del Grupo Austral pagó a la ex Presidenta 27.592.110 pesos, según consigna un informe pericial. El contrato fue en dólares e incluía un canon mensual por la explotación comercial de 40 mil dólares.
Pese a que año a año pagó cada vez menos, siempre fue el principal cliente. En el análisis de los alquileres que año a año pagó el empresario K, se detalla que en el primer período abonó $ 6.829.240. El número decreció anualmente hasta 2013, cuando por seis meses se abonaron 2.937.672 pesos. Durante dicho período, la Justicia investiga en paralelo, la adjudicación de contratos viales que recibió Lázaro Báez: 52 por $ 46.000 millones cifra actualizada a 2016.
Además entre 2011 y 2012, con siete de sus sociedades, Lázaro Báez alquiló habitaciones que nunca utilizó de tres hoteles de la ex mandataria por 11 millones de pesos.
