El derecho de familiares de la víctima de saber la verdad

“Hacer efectiva la garantía de la tutela judicial y el derecho a la verdad de la parte particular damnificada (la familia de la víctima), haciendo lugar al requerimiento ampliado que planteó el particular damnificado”, expresa el dictamen, en referencia a la “acusación alternativa” para los cuatro imputados.

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Cabe señalar que en el dictamen, la jueza Giménez hizo alusión a la presentación que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que considera que “la Justicia penal tiene el deber de controlar la actuación policial y de velar por la integridad física y la vida de las personas que se encuentran en situación de encierro”.

Puntualizó que “estos deberes tornan exigible que la investigación y el juzgamiento de los casos de muertes ocurridas bajo la órbita de miembros de la fuerza de seguridad se lleve adelante con extrema seriedad y responsabilidad”.

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Investigaciones deficientes

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Según lo que expresa el Centro de Estudios Legales y Sociales, “se ha constatado, a lo largo de los años, que las muertes traumáticas en comisarías son investigadas de manera

deficiente o incompleta, sin agotar las medidas de prueba necesarias para esclarecer los hechos, ni profundizar acerca del posible involucramiento de los efectivos policiales en el hecho”.

Explica que “la falta de problematización del trabajo policial aparece confirmada cuando los fiscales, en muchos casos, se limitan a confirmar formalmente la versión policial, existiendo serias resistencias para avanzar en investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos del propio sistema de seguridad y penal”.

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Estas situaciones para el Cels “redunda en una interpretación errónea de los hechos, lo que se traduce en las calificaciones legales que se adoptan. Ello afecta el derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva de los familiares de las víctimas”.

 

Cuestionamientos

Por otro lado, antes del debate oral y en las audiencias, el abogado que representa al particular damnificado cuestionó en reiteradas ocasiones el accionar de los policías aquella noche del 5 de diciembre de 2014.

Criticó duramente al instructor judicial que intervino en la pesquisa y a la ex fiscal Mirta Ciancio, al tiempo que catalogó de “complot” entre la Justicia y la Policía para que no salga a la luz la verdad.

Al respecto, el letrado que defiende a tres de los imputados, apuntó contra los funcionarios policiales Guillermo Farías (jefe de la dependencia) y Christian Elía (segundo jefe) y el jefe de turno, Germán Herold, quienes no se hicieron cargo de lo ocurrido en la Comisaría de Quequén esa fatídica noche y la madrugada del 6 de diciembre de 2014.

También en el juicio oral se mencionó que el oficial de Imaginaria, Prieto, fue “mendaz” en sus declaraciones. ////