El derecho penal en crisis: la mirada de Maximiliano Rusconi

ROCíO MAGALÍ SÁNCHEZ

Para Ecos Diarios

En el marco del homenaje al juez Mario Juliano, referente de la justicia penal y de la militancia por los derechos humanos, se desarrolló una charla a cargo de Maximiliano Rusconi , doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires y catedrático en derecho penal, quien abordó con crudeza y lucidez los dilemas actuales que atraviesa el sistema punitivo argentino y latinoamericano.  

“Mario representaba un ejemplo muy conmovedor de coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Eso es muy difícil de encontrar. Lo veo muy poco, para decirlo con claridad”, expresó el entrevistado al inicio de la charla con Ecos Diarios, recordando la figura de Juliano. Y enseguida agregó: “Él no concebía al derecho penal como una feliz institución de castigo. Al contrario, siempre advertía sobre el riesgo de naturalizar el encierro como herramienta social”.  

En ese sentido, el abogado planteó un contraste que incomoda: “Nos conmueve el encierro de animales y en Buenos Aires están prohibidos los zoológicos, pero encerramos personas en comisarías y cárceles y nadie se queja”.  

El especialista señaló que existe una contradicción entre lo que realmente produce el sistema penal y lo que demanda buena parte de la sociedad: “Distribuimos el poder de enjaular personas, y eso nunca puede ser bueno. Sin embargo, hay un sector muy importante que pide más penas y la baja de edad de imputabilidad. Es popular reclamar castigo, pero es una falacia creer que eso mejora la seguridad”.  

Frente a esa presión social y mediática, recordó que la Constitución Nacional estableció límites claros al ejercicio del derecho penal: “No hay pena sin defensa, no hay pena sin culpabilidad, no hay pena sin ley previa. Todo ese sistema hoy está puesto en crisis. Estamos yendo a un modelo de justicia penal donde el objetivo es aumentar la cantidad de encierros.

Mientras en América Latina se instalan modelos que excluyen a muchos, lo que hay que hacer es encerrar a los que quedan afuera del sistema. Hay que recordarles a los jueces que hay que respetar las garantías ya que las garantías no son una opción ideológica ni un invento de los ‘garantistas’. Son el mínimo ético de un Estado de derecho”.  

Para Rusconi, el “garantismo” se ha transformado en una palabra mal usada: “Cuando hoy se dice ‘este es un garantista’, pareciera que se hablara de un extremista de izquierda. Pero en realidad, lo único que hace el “garantismo” es recordar normas constitucionales”. 

Seguridad, política y desinformación  

Consultado sobre la relación entre política y seguridad, sostuvo que muchos dirigentes utilizan la bandera del “endurecimiento de penas” como estrategia electoral. “Decir que se va a aumentar la pena puede significar una ganancia de votos, pero es una mentira directa a la comunidad. No hay descompromiso mayor que hacerle creer a la gente que la seguridad se resuelve con más castigo”, enfatizó.  

Con datos concretos, explicó la trampa detrás de ese discurso: “En ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México o Madrid de 100 delitos cometidos, el 30 o 40% nunca son conocidos por la justicia. De los que ingresan, apenas un 7 u 8 % llega a juicio. Y sobre esos pocos casos, los políticos dicen que van a aumentar la pena. ¿Qué cambia eso? Nada. Es inmoral presentar eso como una solución”.  

La verdadera prevención del delito, señaló, depende de factores estructurales: acceso a educación, empleo, salud, cultura y oportunidades para los jóvenes. “Es más costoso, más realista y tarda en dar resultados, pero es lo único que funciona. Lo demás es marketing electoral. Yo soy un convencido que la presencia del Estado es necesaria y tenemos que resistir para que no desaparezca”, dijo.  

Otro de los ejes de la charla fue la influencia de modelos extranjeros. “Argentina siempre fue un faro en Latinoamérica en materia de derecho penal. Hoy estamos en un momento preocupante: miramos al norte, sobre todo a Estados Unidos, y corremos el riesgo de importar lo peor de su sistema”, advirtió.  

Valoró la implementación de los juicios por jurado como una deuda histórica, pero señaló que no puede convertirse en un simple recurso de marketing: “Está bien que lo tengamos, pero en Estados Unidos los jurados sólo participan en el 2% de los casos. El resto se resuelve con pactos entre fiscales e imputados, que muchas veces aceptan culpabilidades falsas. Eso produce condenas rápidas, pero a costa de la verdad y de las garantías”.  

En esa línea, fue tajante: “No quiero ver para mi país un modelo que se presenta como eficaz, pero en realidad es un productor de penas exprés y de injusticias”.  

Narcotráfico y ausencia del Estado  

Al final de la entrevista, el letrado se refirió al narcotráfico, un tema candente tras casos recientes que conmocionaron al país. “Todavía no estamos en niveles críticos como México o Colombia, pero hay un crecimiento preocupante. Y la causa central es siempre la misma: la ausencia del Estado”.  

Explicó que las organizaciones criminales ocupan los lugares que el Estado abandona: “El individuo necesita organización para vivir en comunidad. Si el Estado no está presente con políticas públicas, con contención social, con incentivos para la vida comunitaria, entonces lo ocupan las mafias, que incluso llegan a satisfacer necesidades inmediatas de esas poblaciones”.  

Y finalizó: “La única garantía de vida comunitaria racional es la presencia del Estado. El vaciamiento estatal es una de las peores decisiones ideológicas que se pueden tomar. Cuando el Estado se retira, lo que queda es el reino de los poderosos y el sufrimiento de las mayorías”. 

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