El Ejecutivo municipal evalúa pedir la intervención de la Usina

El Departamento Ejecutivo local, encabezado por Arturo Rojas, analiza solicitarle al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía bonaerense, la intervención de la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María”.

La falta de trabajo de mantenimiento de las líneas, el recambio de las luminarias que no se ha hecho por parte de la entidad y los cortes continuos en el suministro de energía que luego producen desperfectos en los pozos de agua, son algunos de los reclamos públicos hechos por el propio jefe comunal para con la entidad local. 

Malos manejos

La Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María” renovó sus autoridades hace pocos días. Pilar Vitale preside el Consejo de Administración, mientras que César Arrieta, ya jubilado del Sindicato de Luz y Fuerza, es el secretario General. Más allá de los nombres y cargos, la realidad es que este último es quien decide sobre los destinos de la entidad cooperativa local.

La “bolsa de trabajo” también es manejada por Arrieta y el sindicato, lo que ha llevado a crear una mega estructura de trabajadores que generan un déficit permanente en la cooperativa, pese a tener una de las tarifas más caras de la Provincia de Buenos Aires. A esto, hay que sumarle la “Cuota Capital”, un recurso financiero que se debería utilizar para la realización de inversiones, pero que sólo sirve para paliar los gastos corrientes de la entidad.

"Hay personajes que son nefastos, que hacen mucho daño y están ahí para hacer eso, en vez de para construir. Queremos una Usina fuerte, que sanee sus cuentas, que haga las inversiones”, criticó el jefe comunal, Arturo Rojas, apuntando justamente a Arrieta.

Otra denuncia

A la decisión que podría adoptar el gobierno de Rojas, se suma que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo bonaerense, a través de un comunicado, le pedirá al OCEBA, que es el órgano de control que intervenga para exigir a la Usina Popular Cooperativa el cumplimiento de la resolución 576 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Mediante esta normativa, las cooperativas están obligadas a refacturar a los usuarios que, por descuido o falta de información, quedaron encuadrados en la categoría 1, que es la de mayores ingresos, y hoy deben abonar entre 80 y 150 mil pesos por el servicio.

La denuncia de la Defensoría es además porque en la cooperativa de nuestra ciudad, ni siquiera estaría tomando los reclamos de los usuarios afectados por esta situación.

Por otra parte, tampoco se estaría cumpliendo con la ley de Zona Fría que obliga a refacturar también a los usuarios de energía eléctrica que no tengan accesos al servicio de gas natural por redes o gas propano.

De concretarse el pedido por parte del oficialismo municipal al subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Gioni; éste podría dictar la intervención y, desde ese momento, un representante bonaerense sería quien quedaría al frente de la UPC local.///