El fiscal Eduardo Taiano se opuso a reabrir la investigación por la criptomoneda $Libra
El fiscal federal rechazó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para retomar el expediente donde se investiga al presidente Javier Milei.
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2026/11/eduardo_taiano.jpg)
El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso formalmente a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) asuma la causa $Libra. El expediente, que se encuentra actualmente archivado, investigaba al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei por supuestas negociaciones incompatibles durante el lanzamiento de la criptomoneda.
El dictamen de Taiano, confirmado por fuentes cercanas a la investigación, marca un nuevo capítulo en un proceso judicial que se definirá recién en 2027. La resolución final dependerá de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe determinar si admite a los querellantes del caso.
La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, había solicitado reabrir la investigación al considerar que el cierre fue prematuro. Según el planteo de la fiscalía especializada en delitos de corrupción,
No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario. Rodríguez argumentó la falta de cooperación de otras jurisdicciones, como Estados Unidos, peritajes pendientes y maniobras de ocultamiento de contenidos en dispositivos móviles atribuidas a imputados como Mauricio Novelli y Sergio Morales.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi había hecho lugar previamente a los sobreseimientos solicitados por Taiano, al considerar que su dictamen estaba debidamente fundado. Tras la presentación de la PIA, el juez Daniel Rafecas, quien actuó como suplente, giró las actuaciones a Taiano para que emitiera su opinión, la cual no es vinculante para el magistrado.
En paralelo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal analiza si dos damnificados por la caída de la criptomoneda pueden ser considerados querellantes. La resolución de esta instancia, prevista para el próximo año, podría permitir que las víctimas impulsen nuevamente la acción penal contra los involucrados en el caso que comenzó el 14 de febrero de 2025.
