El fiscal Pollicita pidió investigar a Manuel Adorni por presunta evasión fiscal
El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y solicitó que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar posibles irregularidades tributarias.
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Tras analizar los informes contables requeridos, el fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que no pudo acreditarse que Manuel Adorni se haya enriquecido de manera ilegal durante su gestión como funcionario público. Por este motivo, el fiscal solicitó que la causa deje de tramitarse en el fuero federal penal, al considerar que no hay elementos jurídicos suficientes para sostener la acusación original.
La decisión no implica un sobreseimiento. El dictamen, que cuenta con 38 páginas, propone que la investigación continúe en la Justicia Nacional en lo Penal Económico bajo la sospecha de evasión fiscal. Según el documento, se solicita declarar la incompetencia del fuero actual y remitir las actuaciones para que se designe un nuevo juzgado interviniente.
Se solicita que declare la incompetencia de este fuero por razón de la materia, en los términos del art. 35 del Código Procesal Penal de la Nación, y disponga la remisión de las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, a fin de que se desinsacule el juzgado que deba intervenir.
Para el fiscal, no se advierte que la conducta de Manuel Adorni tenga adecuación típica en el enriquecimiento ilícito, aunque aclaró que esto no significa que el ex funcionario no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza. La investigación se centró en inconsistencias detectadas entre sus ingresos y egresos, la tenencia de dólares sin justificar y movimientos en efectivo que no coincidían con sus salarios declarados.
Los peritajes contables señalaron una diferencia de 43.068.549 pesos, además de erogaciones en moneda extranjera por 402.578,12 dólares. La defensa, por su parte, atribuyó el origen de los fondos a la liquidación de Bitcoin de ocho direcciones que habrían registrado actividad entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. Ahora, será la Justicia en lo Penal Económico la encargada de profundizar sobre los movimientos de fondos, criptoactivos y posibles irregularidades tributarias.
