El Gobierno adjudicó la venta de AySA y la Provincia prepara una impugnación judicial
El Poder Ejecutivo oficializó la venta del 90% de las acciones de la empresa al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor, mientras que el gobierno bonaerense anticipó que buscará frenar el traspaso.
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El Gobierno nacional oficializó este jueves la adjudicación del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa encargada de los servicios de agua y cloacas en el AMBA, por un valor de 340,2 millones de dólares. La medida fue formalizada a través de la resolución 1818 del Ministerio de Economía, cartera que conduce Luis Caputo, la cual aprobó la segunda etapa de la licitación y el orden de mérito del consorcio ganador.
El grupo que tomará el control de la compañía está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. Según lo estipulado en el pliego de bases y condiciones, la firma del contrato de compraventa de acciones está prevista para el 13 de noviembre de 2026.
A pesar de la resolución, el proceso enfrenta una fuerte resistencia judicial. La Provincia de Buenos Aires, junto a la Defensoría del Pueblo y un grupo de legisladores, prepara acciones para impugnar el traspaso. Los cuestionamientos se centran en la reducción de los estándares ambientales y sanitarios del nuevo contrato, así como en el supuesto ocultamiento de la tasación oficial realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, cuestionó duramente la privatización y advirtió sobre el impacto en la población, señalando que en el AMBA el 24,5% de los habitantes no cuenta con agua de red y el 36,4% carece de cloacas. Al respecto, el funcionario declaró:
En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca.
Katopodis confirmó además que el 26 de octubre participarán de una audiencia pública para rechazar el aumento de tarifas. Según el ministro, en los últimos tres años las tarifas subieron un 555% en valores nominales, mientras que la inversión en obras cayó un 75% en términos reales.
