El Gobierno busca gravar los CEDEAR con el impuesto a las Ganancias
El proyecto de Ley de Competitividad Financiera enviado al Congreso propone eliminar la exención vigente para estos certificados que replican activos extranjeros a partir de octubre de 2026.
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El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, el cual contempla una modificación clave en el tratamiento impositivo de los CEDEARs. La iniciativa busca alcanzar con el impuesto a las Ganancias a quienes inviertan en estos certificados que, si bien se operan en el mercado local, representan activos que cotizan en el exterior.
En caso de aprobarse la reforma, el gravamen alcanzaría a los certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026. Estos instrumentos, que ganaron gran popularidad en los últimos años, permiten a los inversores locales acceder a acciones, bonos y otros activos extranjeros a través de sociedades de Bolsa locales, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.
La propuesta oficialista plantea reemplazar el inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El objetivo es evitar que los inversores utilicen estos certificados para acceder a una exención prevista originalmente para valores negociables argentinos. Según explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, el gravamen proyectado sería del 15 por ciento.
Criterio de transparencia fiscal
El oficialismo sostiene que la normativa actual genera una fisura en el sistema, ya que quien invierte directamente en un activo extranjero queda alcanzado por el impuesto, mientras que quien lo hace mediante un CEDEAR puede recibir una exención. Para corregir esta diferencia de trato, el proyecto propone aplicar un criterio de transparencia fiscal, también conocido como look-through.
Bajo este principio, la operación con un certificado de depósito tendrá el mismo tratamiento impositivo que hubiera correspondido al activo subyacente. De esta manera, si el activo extranjero estuviera gravado en una compra directa, el certificado que lo represente también quedaría sujeto al mismo impuesto. Con esta medida, el Gobierno busca reducir el denominado arbitraje regulatorio, evitando que los inversores obtengan ventajas tributarias por utilizar vehículos financieros distintos para acceder a un mismo activo económico.
