El Gobierno limita el acceso a los códigos de descuento de los sueldos estatales
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El Gobierno bonaerense reorganizará el acceso a los códigos de descuento de los sueldos estatales, un mecanismo utilizado por gremios, mutuales y otras entidades para debitar servicios, cuotas de afiliación y de créditos personales.
La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, deroga un decreto del año 2000 y lo reemplaza por un nuevo marco regulatorio: el «Régimen Único de Códigos de Descuento». Si bien la normativa busca reordenar todo el sistema, apunta principalmente a evitar las maniobras de algunas mutuales gremiales o entidades financieras, que aplican tasas usurarias en la entrega de créditos.
Por caso, se descubrió que algunas de estas entidades establecían costos financieros por encima del 90% anual, cuatro veces la tasa de los bancos. Además, en las últimas horas la intervención de Soeme, el gremio que era conducido por el detenido Marcelo Balcedo, denunció que el sindicato le «prestaba» el código a una financiera, que luego les cobraba altos intereses a los afiliados.
Para evitar estas maniobras, la norma autoriza al ministerio de Economía a imponer mensualmente un tope a las tasas de interés, con el objetivo de evitar descuentos por encima de lo determinado por el mercado.
En esta línea, el Gobierno expuso en los considerandos que la medida se toma para «facilitar el acceso al crédito, evitando abusos en el costo financiero de los mismos». Además, sostiene que «para impedir que la totalidad de las obligaciones contraídas por los agentes no quebranten la intangibilidad de su salario es conveniente establecer criterios prudenciales para la deducción de haberes y fortalecer el sistema de control».
El decreto determina que solo podrán acceder al nuevo código las mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades de la administración pública, asociaciones gremiales, asociaciones civiles y compañías de seguros de vida. Los descuentos se autorizarán cuando hayan sido impuestos por un fallo judicial; cuando se trate de un reintegro a la administración pública; por sumas percibidas indebidamente; por el pago de cuotas de afiliación, asociación, membresía, coseguro médico y/o farmacéutico; y el pago de cuotas de créditos hipotecarios o préstamos, en el caso que la entidad otorgante prevea una tasa preferencial por el cobro bajo esta modalidad.
Las entidades interesadas en obtener un código de descuento deberán presentar la solicitud ante los ministerios de Trabajo y de Economía, y una vez obtenido el permiso tendrán que gestionarlo particularmente con el organismo del que dependa el agente estatal. Quienes estén dentro del sistema actualmente tendrán 90 días para adecuarse a los nuevos requisitos.
En tanto, se establecen sanciones para quienes no respeten el nuevo sistema, que van desde el apercibimiento hasta la eliminación del registro por el plazo de tres años.
También se determina que el empleado público podrá comunicar de forma instantánea el cese en su carácter de afiliado o asociado a las entidades autorizadas presentando la copia de la renuncia. Hasta el momento, ese trámite era realizado por los gremios.
El Gobierno había intentado aplicar cambios al régimen de descuentos a los pocos días de la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora, pero la norma publicada a ese fin fue dejada sin efecto tiempo después, por falta de publicación.
