El Gobierno prohibió a los intermediarios en todas las pólizas con organismos del Estado
Lo decidió el jefe de Gabinete Nicolás Posse a través de una nota que le mandó a todos los ministros en medio de la investigación judicial que tiene como imputado al ex presidente Alberto Fernández
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Tras el escándalo de los seguros, que impulsó la salida de dos funcionarios de Nación Seguros, el Gobierno decidió prohibir a los intermediarios en todas las contrataciones de seguros que hagan los organismos públicos. Lo decidió el jefe de Gabinete Nicolás Posse a través de una nota que le mandó anoche a todos los ministros.
“Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones, deberán efectuarse sin mediar intermediación”, dice una nota muy breve firmada anoche por Posse.
El texto fue enviado a Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello, Karina Milei, Javier Herrera Bravo, y Eduardo Serenellini.
El Gobierno había echado el fin de semana a dos funcionarios de Nación Seguros que fue allanados por el juez Julián Ercolini. Se trata del ex gerente general Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual gobierno, y el gerente de compras Marcos Eufemio.
La Justicia llegó a Tanos a partir de una camioneta Jeep que fue vista en la casa del empresario Alfredo Del Corro. Ese vehículo está inscripto a nombre de “7 de mayo Cooperativa Limitada”, pero el gerente de Nación Seguros tenía una tarjeta azul para usarla.
Los investigadores descubrieron esa camioneta a partir de una situación llamativa que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación. Cuando fueron a buscar las cámaras del lugar, los efectivos se dieron cuenta que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD.
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El seguimiento de esa pista terminó en la casa de Del Corro y luego en Tanos.
En el caso de Eufemio, el magistrado encontró datos societarios muy llamativos. De hecho, forma parte de una sociedad llamada “SMART TECHNOLOGY SRL” junto a Del Corro, un empresario que no es del rubro asegurador pero habría tendría un rol protagónico en la maniobra. También está vinculado a la firma “Megaled Del Sur SRL”, donde aparecen el propio Del Corro y Damián Gosso.
El sábado a la mañana, ambos funcionarios fueron conminados a renunciar, tal como adelantó este medio. El encargado de comunicarles la decisión política fue el presidente de Nación Seguros, Alfonso José Torres.
Sin embargo, el Gobierno nunca derogó el decreto que firmó Alberto Fernández en 2021, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar con el Estado, y tampoco había corrido a los intermediarios. De hecho, los brokers cobraron $239.961.680 en los primeros dos meses de este año por contratos con el Estado, según una auditoría de Nación Seguros enviada a la Justicia.
En el caso de Bachellier, la empresa que cobró más comisiones en el gobierno anterior, se alzó con $30.884.619 entre el 1 de enero y el 26 de febrero de este año, la fecha que se firmó la auditoría de Nación Seguros. Atrás aparecen Héctor Martínez Sosa ($10.283.903), Castello Mercuri ($21.050.427) y las dos intermediarias de la póliza con la ANSES, San Ignacio y TG Broker, con $63.739.348.
Esa dos firmas fueron puestas a dedo por el ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Federico D’Angelo Campos en la póliza por los créditos para los jubilados.
La investigación apuntó, al menos en esta primera etapa, a esas cinco empresas. El juez Julián Ercolini decidió congelar sus bienes mientras sigue analizando la información y levantó el secreto fiscal y bancario.
Al frente de Bachellier figuran Osvaldo Alfredo Tortora y Ricardo Daniel González, pero los investigadores hace tiempo trabajan sobre la hipótesis que la empresa es un satélite de Martínez Sosa. El juez Ercolini mencionó un dato: el domicilio de esa firma sería el domicilio particular de Tortora, un humilde departamento en Villa Crespo. “Un inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”, destacó el magistrado en la última resolución.
Hasta ahora el Gobierno viene aportando información a la causa a través del Ministerio de Capital Humano, pero no pudo ingresar como querellante. Ercolini consideró que podría haber más funcionarios implicados, incluso en esa cartera y en la ANSES.
Los investigadores siguen revisando la documentación que llegó a Comodoro Py durante el mes de marzo y el fiscal Carlos Rívolo quedó a cargo de revisar el patrimonio de todos los implicados.
Para eso, Ercolini ordenó este lunes la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario. La misma medida se aplicó a los ex funcionarios de Nación Seguros y a todos los empresarios implicados en la causa. En total son 33 personas y empresas.
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