El INTA exoneró a la científica Virginia Aparicio tras investigar agroquímicos
El Consejo Directivo del organismo decidió expulsar a la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce, quien coordinó el proyecto SPRINT sobre residuos de agrotóxicos en el ambiente y en personas.
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El Consejo Directivo del INTA exoneró este lunes a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT. La científica se dedicaba a medir residuos de agroquímicos tanto en el ambiente como en el cuerpo de voluntarios. Esta sanción representa la medida más grave que contempla el empleo público nacional y determina su desvinculación definitiva del organismo.
La decisión fue formalizada a través de la resolución 366, basada en lo tratado el 27 de agosto por la Comisión Directiva, la cual dio por concluido el sumario iniciado en diciembre de 2023. El artículo 11 de la normativa dispone la exoneración por la violación comprobada de las prohibiciones establecidas en el artículo 24, incisos e) e i) de la ley marco de empleo público.
La resolución señala que el inciso e) prohíbe usar las facultades del cargo para fines ajenos a la función. El INTA sostiene que Aparicio otorgó a su conviviente, el investigador retirado José Luis Costa, una posición de participación y acceso a datos reservados sin la debida autorización institucional. Según el documento, el organismo dio por probada la relación de pareja mediante las declaraciones juradas que registran una unión de hecho desde septiembre de 2005.
Por otro lado, el inciso i) castiga el uso indebido del patrimonio estatal. El Consejo Directivo cuestionó el manejo de fondos europeos destinados al proyecto, que ingresaron a la contabilidad del INTA. Si bien el organismo admite que no se ha determinado un perjuicio fiscal concreto, argumenta que la prohibición comprende la utilización indebida de recursos públicos como un supuesto autónomo.
El texto de la resolución también cuestiona la centralización de los análisis en el exterior, al afirmar que fue una decisión impulsada por Aparicio sin la autorización institucional exigible. Asimismo, se le atribuye haber reemplazado el comité de ética previsto en el acuerdo de subvención por el de la Universidad Nacional de Mar del Plata sin pasar por los órganos correspondientes.
