El intendente de Pinamar fue imputado por malversación de caudales públicos
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El intendente de Pinamar, Martín Yeza (Cambiemos) fue imputado por presunta malversación de caudales públicos a raíz del manejo de fondos de origen nacional que debían ser destinado a una obra en la ciudad que no se realizó.
Yeza fue imputado por la fiscal federal Paloma Ochoa a raíz de una denuncia presentada por el concejal pinamarense Gregorio Estanga y el diputado nacional Rodolfo Tailhade ?ambos del kirchnerismo- a través de la cual buscan determinar el destino de los fondos girados por el tesoro nacional para realizar una obra en la ciudad que aún no se terminó.
«Las obras del centro de la ciudad de Pinamar no están», señaló la denuncia que recayó a la jueza María Servini de Cubría, por lo que los denunciantes concluyeron que hubo un «desvío» de dinero público. Lo presupuestado fue $33.925.024.
Ese dinero estaba destinado a la construcción de «Centralidad Pinamar» una obra en la céntrica avenida Bunge que tenía por finalidad revitalizar la playa pública local y había sido licitada, el 26 de julio de 2017, por el ministerio del Interior en el marco del Plan de Renovación Urbana que desarrolla la cartera conducida por Rogelio Frigerio.
Para realizar los trabajos fue designada la constructora Ashoka y la denuncia apunta a que las obras no sólo no concluyeron en la fecha pautada en el contrato sino que aún continúan en ejecución.
«Denota todavía más gravedad de la situación ya que, además de haber gastado más de la mitad de lo que se presupuestó y se informó al Ministerio del Interior, se incurrió en altos niveles de incompetencia que generaron una demora inaudita para la clase de intervención urbana que ejecutaban», indicaron los denunciantes.
En la denuncia se mencionó también, «la facilidad con la que la firma Ashoka Construcciones S.A, a pesar de sus evidentes atrasos, pudo cobrar lo que no hacía», habría permitido según los denunciantes que al 22 de diciembre llevara cobrado a esa altura 25.323.745 millones de pesos de los 33.5858.235,03 por los que se le adjudicó la obra».
En tanto que resaltaron que «las irregularidades se repiten de manera sistemática indicando una evidente adulteración de los conceptos y contenidos de los certificados, todo ello con la evidente complicidad de funcionarios municipales, cuya intervención era imprescindible para la liberación de los fondos».
