El municipio que queremos también hay que pagarlo
La Corte Suprema de la Nación volvió a poner bajo la lupa las tasas municipales y abrió una discusión que excede largamente los expedientes de Córdoba y Pergamino. El límite a los tributos locales obliga a preguntar cómo se financiará el municipio que los vecinos necesitan y al que cada día se le reclama más respuestas
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Por Jorge Gómez
Para Ecos Diarios
Hay fallos judiciales que resuelven un expediente y otros que, aun nacidos de un conflicto particular, terminan abriendo una discusión mucho más grande. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre una tasa municipal de Córdoba pertenece a esta segunda categoría.
El máximo tribunal revocó una sentencia que había avalado el cobro de una contribución de la Municipalidad de Córdoba al Banco Galicia y volvió a poner sobre la mesa una cuestión central. Una tasa municipal no puede ser, simplemente, un impuesto disfrazado con otro nombre.
Para que exista una tasa debe haber un servicio concreto, efectivo e individualizado; el municipio debe demostrar que fue organizado y puesto a disposición del contribuyente, y debe existir una relación razonable entre la prestación y el monto exigido. La Corte también cuestionó que se trasladara al contribuyente la obligación de demostrar que el servicio no había sido prestado.
Necochea tiene una estructura tributaria amplia. Tasas urbanas, alumbrado, barrido y limpieza, servicios sanitarios, tasa vial, tributos rurales, inspección de seguridad e higiene y diversos derechos y contribuciones. A eso se suman la coparticipación y otros ingresos.
La decisión de la Corte no significa que todo ese esquema haya quedado invalidado ni que los municipios hayan perdido su autonomía tributaria. Mucho menos que los vecinos puedan dejar de pagar las tasas. Lo que aparece es una exigencia diferente. Cada tributo que pretenda presentarse como tasa debe poder explicar qué servicio lo justifica, cómo se presta, a quién se pone a disposición y por qué el monto cobrado resulta razonable. Es un cambio de calidad en la discusión.
Porque buena parte del debate municipal se concentra en cuánto necesita recaudar el municipio para cerrar sus cuentas. La Corte introduce otra pregunta ¿qué servicio está financiando cada tasa? Y después una tercera ¿cuánto cuesta realmente ese servicio?
El caso de Pergamino -otro fallo de la Corte nacional- resulta especialmente interesante para la Provincia de Buenos Aires. En ese distrito una mutual ferroviaria cuestionó la
tasa por inspección de seguridad e higiene, entre otros argumentos, por la falta de prestación efectiva y por la relación entre lo recaudado y el costo de la actividad municipal.
La Corte dejó sin efecto el fallo que había avalado el tributo y señaló que inspecciones realizadas después de iniciado el juicio no podían reconstruir hacia atrás la prestación que debía justificar el cobro. También destacó la periodicidad del servicio y la razonabilidad entre el costo global y lo recaudado.
El municipio es el primer mostrador del Estado. Ahí reclama el vecino cuando no se recoge la basura, una calle está deteriorada, falta iluminación, necesita una ambulancia, tiene un problema de tránsito, peticiona por un comercio, enfrenta una emergencia social o pregunta por una obra. Y eso tiene un costo.
Se puede discutir si determinadas tasas están bien calculadas, si existe una contraprestación suficiente, si hay superposiciones, si algunos conceptos deben eliminarse o modificarse y si las bases imponibles resultan razonables. Detrás de cada tributo hay un contribuyente que debe conocer qué está pagando y por qué.
Lo que no parece razonable es pretender un municipio cada vez más grande en sus responsabilidades y cada vez más pequeño en sus posibilidades de financiamiento. Se pide seguridad, obras, una ciudad limpia y ordenada, atención sanitaria y actividades culturales, deportivas, sociales y turísticas. Todo requiere recursos, aunque no exista una tasa específica.
Y es aquí donde aparece una palabra que en la política argentina suele utilizarse mucho y explicarse poco. Autonomía municipal, -no tan sólo administrativa, sino económica y financiera, clave del pensamiento vecinalista-, dado que ese objetivo político no es para habilitar cierta discrecionalidad. Y el control judicial tampoco debería significar asfixia financiera.
La discusión llega en un momento sensible para Necochea. Sigue abierta la controversia alrededor de la tasa portuaria y de la posibilidad de que la comuna obtenga recursos vinculados con una actividad económica fundamental del distrito. La pregunta es qué puede cobrar el municipio, por qué concepto, con qué contraprestación y dentro de qué marco jurídico. Se admite desde el Ejecutivo que se está haciendo lo ajustado a las normas comunales, pero la deliberación seguiría arriba de la mesa en las presuntas y posibles negociaciones que casi nadie conoce.
Puerto Quequén genera actividad, movimiento económico, empleo y riqueza. Pero también plantea responsabilidades y costos públicos. El desafío es determinar qué herramientas puede utilizar el municipio para participar de esa dinámica económica sin convertir una tasa en un impuesto encubierto.
Porque tampoco parece razonable que cada vez que aparecen dificultades financieras la respuesta sea simplemente aumentar una tasa.
En ese sentido, los fallos de la Corte pueden ser una oportunidad para revisar las ordenanzas fiscales, identificar con precisión qué servicio respalda cada tasa, eliminar superposiciones y conocer cuánto cuesta cada prestación municipal.
Las responsabilidades bajan, los recursos no siempre acompañan y la comuna termina siendo la ventanilla donde desembocan todas las demandas.
El vecino no suele preguntar qué jurisdicción tiene competencia constitucional. Quiere una respuesta y, si no llega, el primer responsable que identifica suele ser el intendente de turno.
Por eso resulta insuficiente decir desde la Nación que los municipios deben cobrar menos tasas. Después hay que responder: ¿cómo se financian los servicios?
Si se reducen los recursos propios, ¿aumentará la coparticipación? ¿la Nación transferirá recursos? ¿la Provincia asumirá responsabilidades que hoy recaen sobre las comunas? ¿se modificarán los mecanismos de distribución? ¿se permitirá desarrollar nuevas fuentes genuinas de financiamiento?
La capacidad contributiva del vecino tampoco debería quedar afuera. Se debe cuidar al contribuyente, pero sin desconocer la realidad del Estado municipal.
Quizás haya llegado el momento de pensar en un nuevo tipo de comuna. Una que cobre lo que constitucionalmente puede cobrar, pero que justifique con claridad por qué lo cobra.
Una que mida sus servicios y pueda mostrar cuánto cuesta recolectar residuos, mantener una calle, sostener un sistema de monitoreo, prestar asistencia sanitaria o cuidar los espacios públicos.
Una que deje de discutir solamente cuánto recauda y empiece a explicar cuánto cuesta gobernar. Y, al mismo tiempo, una Nación y una Provincia que dejen de transferir responsabilidades sin discutir seriamente cómo financian planes locales.
La discusión debería llegar al Concejo Deliberante de Necochea al tratar la futura ordenanza fiscal y el presupuesto 2027. No sólo para votar cambios o aumentos, sino para discutir un verdadero esquema de financiamiento municipal para los próximos años.
¿Qué servicios debe prestar Necochea? ¿cuáles son sus costos? ¿qué tasas los financian? ¿cuáles deberían desaparecer o reformularse? ¿qué recursos deben provenir de la coparticipación? ¿qué responsabilidades deberían asumir Provincia y Nación?
Y, fundamentalmente, ¿qué municipio estamos dispuestos a sostener?
No se trata solamente de tasas sí o tasas no. Se trata de definir qué puede cobrar el Estado local, qué debe prestar a cambio y cómo se construye un sistema financiero que sea legal, razonable y suficiente.
El fallo de Córdoba puede funcionar como un límite cuando una tasa pierde su razón de ser. El antecedente de Pergamino profundiza esa discusión en territorio bonaerense. Pero también debería servir para revisar otra tentación: exigir cada vez más servicios al municipio sin preguntarnos quién los va a financiar.
Tal vez, la discusión que comienza no sea sobre cómo cobrar menos, sino sobre cómo construir un municipio que tenga los recursos necesarios para responder al vecino, pero que pueda demostrar, peso por peso, por qué los necesita.
Porque entre quienes quieren cobrar más y quienes quieren pagar menos existe una verdad incómoda pero inevitable. El municipio que queremos también hay que pagarlo.
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